El lunes hubo una marcha para conmemorar la represión estudiantil del 10 de junio de 1971. Quizás es políticamente incorrecto abordarlo pero ¿tiene sentido seguir marchando para recordar aquellos hechos casi medio siglo después, en un país que no se parece en nada a aquel, cuando la mitad de sus habitantes actuales no habían siquiera nacido? Porque no estamos hablando de hitos como el 68, ni de una épica social clave en nuestra historia, estamos hablando de una marcha reprimida, con el objetivo, real, de un presidente Luis Echeverría de ajustar cuentas con un regente, Alfonso Martínez Domínguez.
El lunes hubo una marcha para conmemorar la represión estudiantil del 10 de junio de 1971. Quizás es políticamente incorrecto abordarlo pero ¿tiene sentido seguir marchando para recordar aquellos hechos casi medio siglo después, en un país que no se parece en nada a aquel, cuando la mitad de sus habitantes actuales no habían siquiera nacido? Porque no estamos hablando de hitos como el 68, ni de una épica social clave en nuestra historia, estamos hablando de una marcha reprimida, con el objetivo, real, de un presidente Luis Echeverría de ajustar cuentas con un regente, Alfonso Martínez Domínguez.
Más allá de eso, como suele ocurrir con cada vez mayor frecuencia, esa marcha terminó con graves desmanes en el centro de la ciudad, agresiones muy violentas contra las fuerzas de seguridad (se les arrojaron molotovs, se los intentó quemar con un soplete, se los golpeó con todo tipo de objetos, se intentó secuestrar a los negociadores de la policía, y una larga lista de etcéteras, que no pueden obviar que también hubo innumerables daños en propiedad privada) y en esta ocasión terminó con 22 detenidos, mientras se asegura que se está buscando a otros siete participantes en esos hechos. Una vez más se dice que los agresores fueron ajenos a la marcha conmemorativa. Puede ser, pero no hemos visto la condena firme, abierta, sin subterfugios contra estos grupos de las organizaciones que mal que bien los cobijan.
En su libro El desencanto (Cal y Arena, 2012) el ex consejero presidente del IFE, José Woldenberg, dice refiriéndose a la irrupción del EZLN en 1994 que “la condena a la violencia debe ser clara, sin reservas. Nada la justifica…de la noche a la mañana franjas importantes de la izquierda vuelven a ver como algo legítimo la reactivación de la vía armada. La vieja conseja, nunca desterrada del todo, de que el fin justifica los medios, reaparecía con toda su ceguera y perversidad a cuestas”. Y agrega, “a la violencia le sigue la demagogia y esas dos plagas juntas van a construir una auténtica tragedia”.
Ante eso estamos, ante grupos violentos impulsados por demagogos y partidos políticos y autoridades, de todos los colores, que tienen temor de condenar (y actuar en consecuencia) con firmeza contra la violencia, la ejerza quien la ejerza, desde estos vándalos que han azotado el centro de la ciudad, el CCH Naucalpan o la torre de Rectoría, o aquellos que cada día que llegan a protestar a Gobernación no pueden hacerlo sin agresiones de por medio o, quizás peor, los que se manifiestan para defender a secuestradores de niños.
Porque, además, estamos ante un patrón de conducta de un mismo grupo que asume diferentes rostros, de una provocación que persiste porque no ha sucedido nada. En todos los casos citados (salvo en el de los secuestradores) no ha pasado nada. Nadie está detenido ni uno sólo de esos personajes ha recibido sanción alguna.
Pareciera que autoridades y partidos tienen temor a deslindarse y a ser acusados como represores simplemente por hacer cumplir la ley y hacer respetar una regla del juego en un sistema democrático que es muy sencilla: no se puede aceptar la violencia, provenga de dónde sea. Es verdad que hay muchos antecedentes después del 68 como para abonar ese temor: los hechos de Oaxaca en el 2006; el desalojo de Atenco; incluso acciones como la emprendida por la Comisión de Derechos Humanos del DF luego de los actos de vandalismo del primero de diciembre (y sin ir más lejos ante los mismos actos violentos del lunes, donde la CDHDF ha comenzado a condenar autoridades y no he emitido juicio alguno contra los causantes de los disturbios). Pero esos antecedentes se deben romper porque la impunidad es la madre de muchos de nuestros males. Y los mismos se agravan cuando esa impunidad está alimentando provocaciones políticas evidentes.
Yo no fui
El líder del PRI capitalino Cuahtémoc Gutiérrez ha dirigido dos cartas amenazante a Proyecto 40, por una serie de reportajes realizados en torno al boyante negocio de la basura en el que es uno de los principales líderes. Una, dirigida al conductor Manuel López San Martín, pletórica de insultos, y la otra a un servidor, donde con algún insulto esporádico, se suma la amenaza de demandarme penalmente. Lo llamativo es que las cartas, firmadas por Gutiérrez tengan membrete del PRI del DF, y que su dirigente asuma que las críticas a su persona y trayectoria se realizan en realidad a su partido. Sin duda el PRI es responsable de tener un dirigente como Gutiérrez, pero todavía no son lo mismo. Lo cierto es que ahora, muchos días después, Gutiérrez manda decir que las cartas son falsificadas, que él nunca las escribió ni envió. Me resulta sospechoso y extraño. Por lo pronto no queda más que ratificar lo que en este espacio, en Imagen y en el programa Todo Personal de Proyecto 40 hemos dicho sobre este personaje.