Silvio Berlusconi, quien fue en tres ocasiones primer ministro de Italia, líder de las fuerzas de derecha durante más de veinte años y propietario de las principales cadenas mediáticas y deportivas de su país, ha sido condenado a siete años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargo público alguno, acusado de prostitución de menores y abuso de poder. No es el único cargo que tiene pendiente: también está a la espera de una decisión del tribunal supremo de Italia, por otros actos de corrupción ligados con los medios de comunicación de los que es propietario, entre varias otras acusaciones que se han acumulado en su contra.
Silvio Berlusconi, quien fue en tres ocasiones primer ministro de Italia, líder de las fuerzas de derecha durante más de veinte años y propietario de las principales cadenas mediáticas y deportivas de su país, ha sido condenado a siete años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargo público alguno, acusado de prostitución de menores y abuso de poder. No es el único cargo que tiene pendiente: también está a la espera de una decisión del tribunal supremo de Italia, por otros actos de corrupción ligados con los medios de comunicación de los que es propietario, entre varias otras acusaciones que se han acumulado en su contra.
El caso Berlusconi es paradigmático de la combinación de poder político y económico, de una larga historia de impunidad que se fue acumulando hasta estallar en mil pedazos y de cómo una lógica de poder amparada en la corrupción puede seguir conservando apoyo popular si no es detenida por un sistema de justicia que actúe con independencia.
El proceso contra Berlusconi, sólo en este caso, ha durado 27 meses y se consideró “fuera de toda duda” que el exjefe de Gobierno había mantenido relaciones sexuales pagadas con una joven marroquí llamada Karima el Marough, conocida por Ruby, cuando ella aún no había cumplido los 18 años. También quedó constancia de que durante la noche del 27 al 28 de mayo de 2010, el entonces primer ministro llamó personalmente desde París a la central policial de Milán para que pusieran en libertad a Ruby, que había sido detenida por robo, argumentando que era la sobrina del presidente egipcio, Hosni Mubarak, y que por ende su detención podría originar un conflicto diplomático. Una información que era falsa. Berlusconi ya sabía que en esa fecha Ruby era menor de edad y lo que quería evitar es que saliera a la luz “el sistema de prostitución organizado en la mansión de Arcore para la satisfacción del placer sexual” del jefe de gobierno, según acusó la fiscalía y respaldó el tribunal colegiado.
No ha habido político y empresario más poderoso en Italia desde fines del siglo XX, que Berlusconi. Su larga historia de despropósitos, marcados por la impunidad y la ligereza política y personal, han dejado una huella indeleble en la política de su país, misma de la que a duras penas se está tratando de recuperar Italia, sumergida en una larga crisis política generada, precisamente por la forma de gobernar y de abusar del poder de Berlusconi. Ahora, por fin, parece haber llegado la hora de la justicia, aunque el todavía muy influyente político ha amenazado, luego de la condena, con profundizar aún más la crisis que vive Italia.
Toda la historia de Berlusconi viene a cuento porque debería servir como ejemplo para comprobar que la única forma de verdadera de golpear y acabar con la corrupción (que no solamente es económica, sino que suele trascender, como en este caso hacia lo personal) es por la vía judicial. Las acusaciones políticas, por sí mismas, no alcanzan para frenarla y tampoco para acabar, en el corto o mediano plazo, con la popularidad o el peso de un político o una fuerza partidaria. Como decíamos, Berlusconi sigue siendo popular; hoy su partido es parte de la coalición en el gobierno y quedó segundo, a muy poco de la izquierda que se vio obligado a aliarse con el propio partido de Berlusconi para evitar nuevas elecciones y un crecimiento aún mayor de la ultraderecha.
Pero contra un acusación penal sustentada y que no se debilita por presiones políticas, un proceso que sea transparente (todas las audiencias, en este caso más de 50, han sido públicas) resulta imposible de contener.
En nuestro país la justicia no funciona así. Por una parte resulta muy difícil y complejo trascender de las acusaciones mediáticas o políticas a las penales, en parte porque hay acusaciones que no están sustentadas judicialmente o porque creemos que con la denuncia es suficiente; en parte porque el propio sistema hace difícil hacer justicia. En buena medida, además, porque al no tener el proceso plena transparencia, la sospecha, se evolucione en uno u otro sentido, siempre está presente.
Los ejemplos pueden ser interminables, pero podemos concentrarnos en los dos que están hoy en el debate: el principal el de Andrés Granier, el ex gobernador de Tabasco; el otro el de Luis Reynoso Femat, ex mandatario de Aguascalientes. En ambos, con innumerables acusaciones mediáticas y políticas que no terminan de concretarse fehacientemente en los tribunales, con defensas que especulan con desacreditar las acusaciones, desviándola hacia otros colaboradores o atribuyéndolas a conjuras políticas. La justicia italiana podría haber hecho lo mismo con Berlusconi: no pudieron hacerlo porque los fiscales no permitieron que los delitos se canalizaran hacia subalternos y tenían pruebas para confirmarlo, pero sobre todo porque el proceso fue abierto, y oral. Y la transparencia es el antídoto de la impunidad.