Las políticas fiscales no son “sociales”, son recaudatorias. La política social está implícita en el gasto, en la forma en que se distribuye lo que se recauda. Es eminentemente presupuestal: resulta muy simplista decirlo así, pero el fisco recauda y la política decide como se distribuye ese recurso. Por eso dicen que el presupuesto es política concentrada y que en este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos. Por ende nadie quiere asumir el costo de las políticas fiscales y todos quieren ser beneficiarios presupuestales.
Las políticas fiscales no son “sociales”, son recaudatorias. La política social está implícita en el gasto, en la forma en que se distribuye lo que se recauda. Es eminentemente presupuestal: resulta muy simplista decirlo así, pero el fisco recauda y la política decide como se distribuye ese recurso. Por eso dicen que el presupuesto es política concentrada y que en este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos. Por ende nadie quiere asumir el costo de las políticas fiscales y todos quieren ser beneficiarios presupuestales.
La política fiscal debe ser equitativa pero también equilibrada: el lema de que pague más quien más tiene, no siempre puede convertirse en una realidad sin propiciar exactamente el objetivo contrario al que dice perseguir, y por eso debe ir acompañado de estrategias que permitan que el sistema siga funcionando y no se ahorque a sí mismo como lo hemos visto en infinidad de ocasiones con las políticas populistas impulsadas, casi siempre, por gobernantes autoritarios que de esa forma querían aumentar su base social.
La reforma fiscal presentada el domingo, que en realidad ha quedado más en una miscelánea como las de antaño que en la transformación profunda que muchos esperaban, no tiene “sentido social” porque la recaudación fiscal no puede tenerlo. Tiene aciertos y errores y es eminentemente recaudatoria porque no amplía el cuadro de contribuyentes pero ejerce mayor carga fiscal sobre los que ya tiene cautivos. Hay aspectos en ella muy positivos: la eliminación de los regímenes especiales y de la consolidación son sin duda los más importantes. La desaparición del IETU debe ser justamente aplaudida porque si bien cumplía una función recaudatoria no hacía más que complejizar la labor de las empresas. El Impuesto a los Depósitos en Efectivo no tenía sentido e incluso debe ser parte de una revisión que incluya también a las nuevas leyes de lavado de dinero, de forma tal que se castigue el delito pero no ponga de cabeza a sectores que en otros países no tienen ni remotamente las obligaciones que aquí se imponen.
Hay otros capítulos que son imposibles de comprender, sobre todo cuando se quiere hablar de sentido social, como el aumento del ISR a los deciles de mayores ingresos de la población, que comienza con ingresos de apenas 41 mil pesos mensuales (cualquier empleado medio con esos ingresos es considerado tan rico como Carlos Slim), el IVA a las colegiaturas, a las hipotecas, la drástica reducción de los deducibles de los asalariados, son, entre otras, medidas que sin duda golpean a la clase media que es, además, la que paga impuestos en el país, al tiempo que no se toman medidas serias para incorporar al fisco a los informales que representan el 60 por ciento de la mano de obra y un tercio de la economía.
Todo esto va de la mano con el tan comentado tema del IVA a alimentos y medicinas. Se ha dicho que hacerlo en la actual situación económica sería castigar a quienes menos tienen. Es una verdad a medias y en ocasiones una falacia. Como está, el IVA beneficia más a quienes más consumen que a quienes menos tienen. Se podría haber colocado un IVA generalizado, con una canasta exenta, bien estructurada, de alimentos y medicinas y no tocar, por ejemplo, el ISR para los asalariados. Debemos insistir en un punto: en una economía que tiene enormes sectores viviendo en la informalidad, el único impuesto que realmente se puede generalizar es el del consumo y se deben buscar los mecanismos redistributivos para reducir la afectación que el mismo puede generar en quienes menos tienen, pero no dejarlo de forma tal que sean los grandes consumidores y productores los que se terminan beneficiando del mismo (por eso tuvo ganancias la Bolsa el lunes: porque los inversionistas premiaron que las grandes empresas de consumo seguirán sin el IVA en sus productos) al tiempo que las modificaciones que se realizan le incrementan indirectamente ese IVA a sectores de la clase media en las dos cosas que más valora: la educación y hacerse de una propiedad.
Se podrá argumentar, también, que algunos de estos capítulos están puestos en la iniciativa con la idea de que puedan ser negociables, que puedan ser las cosas que se quiten en el debate legislativo para preservar lo más importante. Puede ser. También es verdad que esta iniciativa fiscal debe ir de la mano con la presupuestal y sobre todo con la energética e, indirectamente, con la reforma política. Y quien diga que esas iniciativas no se cruzan entre sí y no generan compromisos recíprocos simplemente no está diciendo la verdad. Se influyen recíprocamente, implican compromisos en una de ellas que se compensan con concesiones en la otra y así debe ser: el desafío es que en todo ello se mantenga el equilibrio. Y la critica fundamental a la iniciativa fiscal es que, en algunos capítulos, no los respetó.