Pablo Salazar Mendiguchía llega al poder en condiciones difíciles: no tiene mayoría en el Congreso, y ganó las elecciones de agosto pasado a través de una coalición cuyo futuro no es viable: el PAN y el PRD en México. En Chiapas la violencia está presente, existe un vacío de poder en muchas regiones, sobre todo en la llamada zona de conflicto, se ha hecho renacer en el ámbito público un debate sobre el zapatismo y su futuro. Salazar Mendiguchía contará, en su equipo, con Emilio Zebadúa en la Secretaría de Gobierno y como procurador de justicia del estado con Mariano Herrán Salvatti.
Cuando hoy asuma la gubernatura de Chiapas a las once de la mañana, Pablo Salazar Mendiguchía cumplirá uno de sus sueños políticos, pero, al mismo tiempo, asume uno de los mayores desafíos políticos actuales. Llega al poder en condiciones difíciles: no tiene mayoría en el Congreso y ganó las elecciones de agosto pasado a través de una coalición cuyo futuro no es viable: el PAN y el PRD, en México y en Chiapas, están tomando caminos cada vez más alejados entre sí. La violencia está presente en el estado, existe un vacío de poder en muchas regiones, sobre todo en la llamada zona de conflicto, se ha hecho renacer en el ámbito público un debate sobre el zapatismo y su futuro sin esperar, siquiera, que Pablo Salazar tomara el poder y diera su propia visión de los hechos y existe la tentación, de muchos actores externos, de seguir interviniendo en los asuntos chiapanecos.
Pero Pablo Salazar tiene elementos indiscutibles en su favor. En primer término, el punto es la legitimidad. En Chiapas ha habido, en promedio, un gobernador por año en los últimos siete años y la enorme mayoría de ellos no gozaban de legitimidad alguna. Salazar Mendiguchía la tiene, eso es indudable y de la mano con ella van las enormes expectativas que genera su llegada al poder. En ocasiones, la combinación de esa legitimidad con expectativas tan altas, puede ser letal para un gobierno: en un estado como Chiapas, no es posible llegar a soluciones de fondo, reales, en plazos cortos, ni en quince minutos o meses, quizás ni en quince años. Pero la gente le reclamará, muy rápido, a Pablo Salazar, algunos resultados. Tendrá que mostrarlos apoyado en esa legitimidad y tendrá, también, que tomar basado en esa legitimidad, algunas decisiones que no le gustarán a mucha gente, sobre todo a ciertos grupos de poder. Su desafío, que no pudo cubrir plenamente ninguno de sus antecesores, es garantizar la gobernabilidad del estado.
Para ello, Salazar Mendiguchía parece que contará, además, con un buen equipo. En la secretaría de gobierno, estará el ex consejero electoral Emilio Zebadúa que acaba de publicar un libro, Breve historia de Chiapas (FCE, 2000) que habrá que revisar con acuciosidad para comprender cómo operará el nuevo gobierno. Dice Zebadúa que el futuro del estado depende “por una parte, de que se reconozcan, plenamente, las desigualdades -económicas, sociales, políticas y culturales- que han caracterizado a Chiapas desde sus orígenes, y por la otra la necesidad de generar un esfuerzo nacional a favor del desarrollo del estado que modifique estructuralmente su propia historia” y concluye el libro buscando la solución de otra contradicción: “en ninguna otra entidad los indígenas tienen un lugar tan importante en la realidad socioeconómica y cultural, a la vez que continúan al margen de los procesos dominantes de la vida local. La resolución de esa contradicción, afirma, representa el reto fundamental para el desarrollo armónico del estado”. Resolver ambas contradicciones, la que se presenta entre el estado y la Federación, al mismo tiempo que se logra que el peso social de los indígenas chiapanecos vaya de la mano con su participación en los “procesos dominantes” del estado, será la principal tarea de la nueva administración y, en ella, Zebadúa deberá jugar un papel muy especial porque él será el operador político de Pablo Salazar.
Pero el nuevo gobierno chiapaneco, tendrá otra mano operativa, tan importante como la anterior: Salazar designó como nuevo procurador de justicia del estado a Mariano Herrán Salvati, hasta ayer fiscal antidrogas de México. El trabajo que realizó Herrán en esa fiscalía fue realmente bueno, dio golpes sólidos al narcotráfico, avanzó en forma notable en la colaboración internacional en la lucha antidrogas, no ha tenido acusaciones de corrupción en un cargo donde es más fácil quemarse que salir indemne, y es un funcionario conocido y respetado por los hombres de la secretaría de la Defensa con los que trabajó estrechamente. En Chiapas, diseñó el proyecto de sellamiento de la frontera (complementario con el de la península de Yucatán y el mar de Cortés) que, paradójicamente, por la falta de control y los vacíos institucionales, es el que peor ha funcionado de los tres. Pero si Herrán ha tenido esos logros es porque no es un policía, sino un político y además, un político inteligente. En Chiapas necesitará de la mano dura y de la información que ha logrado cimentar en los últimos años, pero también de talento político para aplicar la ley: en Chiapas poco es como parece ser y nadie puede irse, sobre todo a la hora de hacer justicia (el más ancestral reclamo de muy amplios sectores chiapanecos) sólo con las apariencias.
En esos dos hombres se sustentará el gobierno de Pablo Salazar para garantizar la gobernabilidad. Son buenos, pero requieren, todos, contar con una visión muy clara y desprejuiciada de sus proyectos de trabajo. Evidentemente, Chiapas está compuesta de muchas regiones, con problemáticas locales diferentes y distintos niveles de desarrollo. Poco tiene que ver el Soconusco, por ejemplo, con los Altos. La atención pública ha estado puesta, sobre todo, es evidente, en la zona de conflicto. Pero allí existe, también, mucha confusión. El mayor desafío en la zona de conflicto está puesta en las comunidades y ello se suele olvidar. Pero, además, allí está el verdadero peligro: cuando se habla de retiro de fuerzas militares, policiales y de seguridad, cuando se habla de dejar bajo control del zapatismo (o de cualquier fuerza que no sea del Estado) nada más y nada menos que un territorio de 10 mil kilómetros cuadrados, se está olvidando lo que ocurre no en la superestuctura política, sino en las comunidades.
Todas las comunidades están divididas, han sido armadas por los zapatistas y los antizapatistas, los vacíos de poder han propiciado innumerables enfrentamientos, con bajas de todos los grupos. Esa división se agudiza por las fracciones religiosas que compiten, en la mayoría de las ocasiones a través de la fuerza y la intolerancia recíproca, por el control de sus fieles y territorios, confundiéndose en muchas ocasiones la lucha política con la religiosa. Si a eso le sumamos la pobreza, la desigualdad, la lucha entre los muchos que nada tienen y los que tienen demasiado, el escenario no es nada halagüeño.
¿Tiene solución Chiapas? Sí, la tiene, pero quizás la solución, al contrario de cómo lo está viendo el actual gobierno federal (y como lo han visto sus antecesores desde 1994) no vendrá de la búsqueda de acuerdos por arriba, sino de consolidar consensos por abajo, en las comunidades. El día de mañana podrá haber o no un acuerdo de paz en Chiapas entre el gobierno y el EZLN, pero nada garantiza, al contrario, que haya paz, realmente, en las comunidades. Ahí es donde hay que trabajar y, sobre todo, donde tiene que haber una fuerte presencia del gobierno estatal, acabando con el virtual vacío que ha caracterizado la situación desde enero del 94.
En otras palabras, no se debería seguir en Chiapas el ejemplo colombiano de la zona de despeje que se ha convertido en el eje de la guerra civil en ese país. Si se abandonan territorios, si el Estado no logra imponer la ley y hacer justicia, lo que se agudizará serán los enfrentamientos intracomunitarios, crecerán los grupos armados zapatistas y los llamados paramilitares. La estrategia debe ser la contraria: la presencia del nuevo gobierno estatal, enarbolando su legitimidad y los apoyos y expectativas que ha generado dentro y fuera del estado, para ocupar todos los vacíos que se han dejado en los últimos años, para no abandonar a su suerte a comunidades armadas y fanatizadas en términos políticos y religiosos. En Chiapas es necesario que haya política, mucha política, diría algún clásico caído en desgracia. Lo que no puede haber es vacíos o abandonos. Pablo Salazar tiene la oportunidad histórica de dar un giro a la constante lejanía que ha mostrado o se le ha obligado a tomar, al poder estatal en la solución de los verdaderos problemas de su estado.