01-09-2014 El presidente Peña Nieto llega a su segundo informe de gobierno con el enorme desafío de relanzar su gobierno para transformar en hechos el profundo ciclo renovador aprobado en los últimos 20 meses. Para convertir leyes en hechos, para transformar objetivos políticos y económicos en aspiraciones y percepciones positivas en la sociedad.
La agenda del tercer año, es en realidad la de los próximos nueve meses, porque mucho estará en juego en las elecciones del primer domingo de junio. La agenda presidenciales para el tercer año tendrá que ser enfocada desde otra perspectiva, diferente a la utilizada hasta ahora, por la sencilla razón de que los objetivos son diferentes.
El primer punto es la economía. De la misma forma que ella no ha crecido, tampoco lo han hecho los salarios y los empleos. No se puede pedir apoyo a reformas estructurales si la gente ha visto disminuir sus ingresos y en muchos casos no termina de ver, de percibir, un futuro mejor. Ya habrá tiempo de ahondar en el tema, pero no se puede festinar que se aumentó la recaudación en un 6.3 por ciento global: un 18.3 por ciento producto del IVA, un 5.2 por ciento del ISR y un 45.6 por ciento del IEPS, sin asumir que esos recursos se retiraron de la economía cotidiana: son miles de millones de pesos que pasaron de los bolsillos de la gente a las arcas del gobierno. Puede existir justificación para la medida, pero no se puede pedir, al mismo tiempo a trabajadores y empresarios que estén satisfechos con la misma.
De la misma forma que el presidente Peña parece haber comprendido que las posiciones originales de su gobierno de oponerse al aumento del salario mínimo eran un error político y social, sería un acierto que atendiera antes de fin de año el descontento fiscal: no alcanza con decir que no habrá nuevos impuestos, hay que revisar algunos de los capítulos fiscales aprobados el año pasado por razones políticas, pero también porque muchas de las objeciones son sensatas y razonables. La política económica debe ser ortodoxa, responsable y también socialmente sensible. Una cosa no está peleada con la otra.
De la mano con ello, los planes de infraestructura y todo lo derivado de las reformas en energía y telecomunicaciones deben detonarse en la forma más rápida posible. Todo indica que la administración federal está en ese camino. Habrá adelantos importantes en esta misma semana y el ritmo, la velocidad de implementación será tan importante como el contenido.
También los temas de seguridad pública, la otra gran preocupación de la gente, están bien encaminados, aunque falta mucho por hacer. El problema aquí es mayor porque además de realizar una tarea de apagafuegos, se deben construir instituciones, donde, incluso con los mayores esfuerzos, no siempre se puede partir de cero cuando el cuerpo social está contaminado, como se puede comprobar hoy en día en Michoacán. Pero las instituciones ahí están, construyéndose, y más temprano que tarde habrá resultados de fondo si se persiste en esa política. Otro ejemplo es Tamaulipas, donde se han puesto en sintonía la administración federal con el gobierno de Egidio Torre y no sólo se comienzan a atacar efectos sino también causas. Hay que verse en el espejo de Ciudad Juárez, considerada hasta hace unos años una de las dos o tres ciudades más inseguras y violentas del mundo, hoy con índices de seguridad estables, mucho más bajos y donde en el último año no hubo un solo secuestro. No es resultado de una operación de coyuntura, sino de una estrategia seguida por años por autoridades federales y locales. Profundizada en los últimos meses y ahí están los resultados.
El objetivo institucional en seguridad debería ser en esta etapa instaurar el mando único policial en cada estado por acuerdos políticos como hasta ahora, pero también en forma legal. El mando único es una exigencia y una prioridad en todos los estados: por supuesto que hay fuerzas locales que pueden, por buenas o malas razones, oponerse, pero con la misma firmeza con que se plantea el gobierno actuar en otros ámbitos debería hacerlo en este.
Hay mucho más: se debe comprender, por ejemplo, que para imponer la reforma educativa, las leyes no alcanzan y que se subestimó a la Coordinadora como el principal enemigo de esas reformas (Elba Esther Gordillo no era enemiga de la reforma, su problema era otro) entre otras razones porque no se detectó a tiempo que el operador y beneficiario de las acciones de la CNTE lo tenían en casa.
Hay que avanzar en el tema de la corrupción y la transparencia. Y lograr que para el 2016 el nuevo sistema de justicia sea una realidad, que hoy está aún lejana pese a que llevan seis años aprobadas las reformas respectivas. Porque con un sistema que permite que entre el 95 y el 98 por ciento de los delitos denunciados queden impunes, a la larga, todo lo demás, termina siendo insuficiente. Ahí está la agenda de nueve meses del tercer año de gobierno.
Jorge Fernández Menéndez