9-10-2014 Que un movimiento estudiantil sea ordenado en sus manifestaciones no significa que tenga la razón. Por eso hasta hoy el movimiento de los estudiantes del Politécnico se parece más al CEU de 1987 que al tristemente célebre CGH de 1999. Pero eso no implica que tuvieran la razón en sus demandas.
Aquel diagnóstico de Debilidades y Fortalezas de la UNAM que había realizado el entonces rector Jorge Carpizo era impecable, y la gran mayoría de las medidas propuestas eran acertadas. El CEU, encabezado entonces por Imanol Ordorika, Carlos Imaz y Antonio Santos no tenía respuestas académicas correctas, su representatividad y su capacidad de movilización devenían, sobre todo, del momento. Fueron los años del surgimiento de la Corriente Democrática en el PRI, que terminaría con la confluencia de la izquierda dando origen a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y un año después al PRD.
Dicen que la historia se repite, primero como tragedia y después como comedia. Diez años después, el rector Francisco Barnés anunció una serie de medidas que intentaban paliar los problemas que eran consecuencia de la ausencia de las reformas que había planteado Carpizo y que tampoco salieron adelante en el Congreso Universitario. Barnés se equivocó en la operación política y en sustentar las reformas con el estudiantado y el cuerpo docente, aunque eran medidas en general acertadas. Pero no era el momento, con el país saliendo de una profunda crisis económica.
La UNAM estuvo tomada por un grupo que era como el heredero lumpen del CEU: el CGH, con líderes ultras, el Mosh como emblema, y mucho más cercanos a los que ahora llaman anarcos, que logró mantener cerrada la universidad por once meses, aunque ni remotamente contaban, a diferencia del CEU, con el apoyo de la mayoría de los estudiantes y académicos.
Como había ocurrido con Carpizo, Barnés también tuvo que dejar la rectoría, y el daño que sufrió la UNAM fue altísimo, atemperado por los buenos ejercicios realizados en la rectoría por Juan Ramón de la Fuente y por su sucesor José Narro Robles (por cierto, Narro, un universitario notable, fue el artífice, en la rectoría de José Sarukhán, del Congreso Universitario, antes había sido un cercano colaborador de Carpizo, y luego el principal operador de De la Fuente) pero se mantuvieron problemas estructurales evidentes que será cada día más difícil solucionar.
El actual movimiento del Politécnico intenta discurrir por el carril del CEU, pero su rechazo a las respuestas que le dio el gobierno federal (que le concedió diez de los diez puntos que solicitaron) lo puede terminar convirtiendo cada vez más en una suerte de CGH siglo 21. La respuesta de los líderes del movimiento, es de esas que no tienen sentido: el “nos doró la píldora” de uno de ellos, Donovan Garrido, respecto a la respuesta de Gobernación, se parece mucho al tuit lanzado por Andrés Manuel López Obrador sobre estos temas, que contiene sólo tres letras “PPP”. Alguno de sus seguidores las tradujo en la propia red social: “pura pinche palabrería”.
Más allá de vicisitudes políticas y del daño que le puede provocar a la institución, a sus estudiantes y maestros un paro prolongado en el IPN, el hecho es que la directora del Politécnico Xoloxotli Bustamante, se equivocó en forma notable en el procesamiento de unos cambios a los estatutos y a los planes de estudios que en términos generales eran correctos. Resulta insólito que se proteste argumentando que se quiere tecnificar la educación en un instituto politécnico, que lo es por definición. Resulta difícil de entender que no se comprenda que las carreras con mayor futuro en el país y en el mundo, son precisamente las técnicas, para las que habrá mucha mayor oferta de trabajo que, por ejemplo, las humanistas. Resulta contraproducente para los propios estudiantes que se proteste porque se especifique que quienes no puedan concluir la carrera de ingeniería, puedan contar con un título de técnico que les valide profesionalmente.
Pero los errores en la operación fueron graves. No se cambian estatutos y plan de estudios sin un proceso que, mínimo, debe haber llevado un año de labor. No me puedo imaginar que se hayan podido procesar esos cambios sin la intervención de la SEP y por lo menos de la subsecretaría de educación superior que encabeza Fernando Serrano Migallón (en una columna anterior dimos, equivocadamente, esa responsabilidad de Rodolfo Tuirán, que es subsecretario de educación media superior) y sin el visto bueno de las más altas instancias de gobierno. Recordemos que el IPN no es autónomo, depende de la SEP. Pero algo ocurrió que el tema pasó de noche y las autoridades se terminaron enterando, dicen, con la propia movilización.
Muchas cosas fallaron en este proceso pero ninguna de ellas justifica que un movimiento estudiantil que gana todo, lo deseche porque necesita mantener banderas que, paradójicamente, le pueden hacer perder la legitimidad que adquirió.
Jorge Fernández Menéndez