30-10-2014 Si se confirman las declaraciones ministeriales de Sidronio Casarrubias Salgado, líder del cártel de los Guerreros Unidos, detenido hace poco más de una semana, todo el panorama del caso Iguala no sólo adquiere otro color, sino que también permite encontrar una explicación mínimamente lógica a la desaparición de los 43 normalistas, a la increíble violencia ejercida contra ellos y a la descomposición evidente en el estado, incluyendo la protección de las autoridades locales respecto a los criminales y al matrimonio Abarca-Pineda.
El jefe de Guerreros Unidos ya había adelantado a poco de ser detenido que un comando de su grupo efectivamente había participado en los hechos de Iguala pero que él no los había autorizado ni participado en ellos, que sólo había sido informado. Ahora confirmaría una versión que se viene manejando desde incluso antes de la desaparición de los estudiantes, aquí ya la habíamos comentado, y es que algunos líderes de la normal de Ayotzinapa en realidad tenían relación con los Rojos, el cártel rival de los Guerreros Unidos. Según Sidronio, entre los estudiantes iban 17 integrantes de los Rojos, fuertemente armados que tenían como objetivo matar a los jefes de la célula de Guerreros Unidos en Iguala.
En el relato del jefe de ese cártel, entre el 25 y el 26 de septiembre hubo más y mucho más intensos enfrentamientos en Iguala, lo que explicaría las versiones sobre el número de disparos y tiroteos de los que han hablado los vecinos. Según esta misma versión los estudiantes y los sicarios que iban entremezclados con ellos, fueron detenidos por policías y sicarios, llevados a las dependencias policiales y retirados de allí, como ya se había dicho, por los policías y sicarios de Guerreros Unidos de Cocula. Según Sidronio, su operador en la zona, un hombre al que las autoridades ya tienen identificado, y se apoda El Gil, estuvo todo el tiempo presente en los enfrentamientos, la captura y la desaparición de los jóvenes. Según su testimonio, los 17 fueron identificados, asesinados, incinerados y arrojados a un río. También asegura que existió un acuerdo con el procurador del estado Iñaki Blanco, para que los Rojos fueran con los de Ayotzinapa, previo pago de 300 mil dólares. Luego de los hechos, dice que El Gil y el jefe de la policía de Iguala (que fue detenido y liberado por la policía ministerial estatal) se fueron juntos al monte, a esconderse.
Pero el líder de Guerreros Unidos dice más: asegura que no hubo persecución en los primeros días porque además del pago al procurador Blanco, la jefa política de Guerreros Unidos era María de los Angeles Pineda, la esposa de José Luis Abarca, que su fortuna provenía de sus hermanos, operadores muy cercanos de los Beltrán Leyva y que ella fue quién financió no sólo la campaña de Abarca, sino también la de Aguirre en el 2010. Y agrega que, en realidad, Pineada era, actualmente, la amante de Aguirre, lo que coincide con una versión que publicó Salvador García Soto, de que la última vez que se vio a Pineda fue en Acapulco, el 29 de septiembre, cuando se supone que su marido ya era perseguido, luego de un encuentro privado con Aguirre, en unas oficinas de turismo estatal que ambos solían frecuentar.
Si todo esto es así, se comprende un punto central de esta trama que no se podía explicar: porqué el grado de violencia ejercida para detener a un grupo estudiantil, incluso en el contexto del informe de la señora Pineda, como presidenta del DIF municipal, pero también se explica que la omisión del gobierno estatal en realidad era complicidad para permitirle huir a los Abarca, a Pineda y a los jefes policiales, incluyendo aquella búsqueda casa por casa considerando que los estudiantes estaban desaparecidos y que simplemente fue un recurso para retrasar y distraer las investigaciones durante una semana. Se establecerían móviles, complicidades, el resto de la trama de corrupción entre el municipio y el estado. Y es la mejor demostración de que más allá de lo que depare la búsqueda de los normalistas, en el caso Iguala aún queda muchísimo por ver.
Por cierto, si el equipo de forenses argentinos llegara a confirmar que hubo una manipulación de las muestras de ADN de los familiares por parte de la procuraduría estatal, no sólo toda esta historia adquiriría otra dimensión, sino que todas las partes, todos los relatos, terminarían finalmente de amarrar entre sí en una historia que mostraría un grado de descomposición estatal como no hemos conocido otra en el devenir reciente del país.
Jorge Fernández Menéndez