Para Bibiana, apenas comenzando,
porque tres años no son nada
En lo que fuera el auditorio Justo Sierra de la facultad de Filosofía y Letras, ahora llamado por sus ocupantes Ché Guevara, se refugian muchos de los líderes de los llamados anarquistas (aunque en su vida hayan leído demasiado ni del Ché, que detestaba a los anarquistas, ni de Bakunin). De allí parten a realizar actos vandálicos, como el incendio del metrobús y la estación CU del mismo o el incendio de la puerta Mariana en Palacio Nacional. El espacio, ocupado por estos grupos desde la huelga universitaria de 1999, sirve para todo, desde la realización de asambleas hasta de hotel de paso. Nadie en la UNAM se mete con los ocupantes del auditorio porque se sabe que la respuesta es la violencia.
Ahí llegó el sábado un agente judicial acompañado de un ministerio público y un abogado de la UNAM, en una operación legítima y respaldada por las autoridades de la universidad a investigar, dicen, el robo de un celular (recordemos que vía la investigación de un celular robado se puede llegar a muchos objetivos, a toda actividad para la que haya sido utilizado ese celular), recordando, además, que según la procuraduría del DF ahí, en el Ché Guevara viven y operan los líderes de los delitos cometidos en los distintos actos vandálicos.
Fueron recibidos a golpes cuando fueron detectados en las proximidades. Cuando eran agredidos y perseguidos el agente judicial (sin duda un errore de procedimiento) disparó su arma al aire: recibieron un rozón de bala un estudiante y un perro. El agente (que terminó internado por los golpes recibidos) y sus acompañantes fueron golpeados, agredidos y el auto oficial en el que se transportaban fue incendiado. Inmediatamente hubo grupos que comenzaron a tuitear sobre la violación a la autonomía universitaria y más de un titular de prensa anunció que estudiantes habían sido balaceados por agentes judiciales.
Por supuesto que no se violó la autonomía universitaria y si un agente se defiende de una agresión haciendo disparos al aire a presuntos delincuentes, tampoco se está agrediendo a “los estudiantes”: se está respondiendo a una agresión efectuada en el transcurso de una investigación criminal realizada bajo todas las normas legales por personas que además son, o se dicen, estudiantes, como podrían ser plomeros, abogados o comunicadores.
Eso ocurrió unas horas después de que un grupo de comuneros en el inicio del puente tuvo bloqueada la autopista México-Cuernavaca, salida natural también a los que pese a todo querían llegar a Acapulco, durante 12 horas, incluyendo el secuestro (retención le dicen los manifestantes) del secretario de gobierno de Morelos durante varias horas. El argumento fue el incremento de la inseguridad en Tres Marías, una localidad donde operan, desde mucho tiempo atrás, distintas bandas de secuestradores (¿recuerda usted aquella historia cuando un grupo de la policía federal especializado en secuestros que perseguía a una banda disparó contra un carro que transportaba a funcionarios estadounidenses?, estamos hablando de la misma zona). Si somos bien pensados la demostración es legítima en su demanda pero inaceptable en sus métodos, copiados, además (incluido el secuestro del funcionario que está negociando con los manifestantes), de los grupos de Guerrero, lo que demuestra que el corredor DF-Morelos-Guerrero está más activo que nunca: opera para efectuar desde actos delincuenciales hasta para grupos políticos radicales.
El jueves el vocero de los familiares de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, entrevistado sobre las cancelaciones turísticas en el puerto de Acapulco, dijo que ellos con sus manifestaciones y bloqueos “no afectaban a terceros, los que se quejan son los hoteleros, los que tienen dinero, pero nosotros no hemos afectados a la gente”. O sea que los hoteleros o “los que tienen dinero” no son gente, y no se comprende que es en esos hoteles donde acuden “los que tienen (mucho o poco) dinero” de donde viven un porcentaje altísimo de familias guerrerenses. Habría que preguntarle a las familias que estuvieron varadas durante horas en la carretera o a los hoteleros (y sus trabajadores) que vieron disminuida a menos de la mitad las estancias en el puerto si están siendo o no afectados.
Eran realidad no son hechos aislados. Existe una campaña abierta y evidente que tiene un objetivo para concretar antes del primero de diciembre. Me imagino que el gobierno federal la tiene identificada y los principales actores políticos también. Ahora bien: si la idea desde el poder es esperar a sobrepasar esa fecha sin dar respuesta ni interna ni externa, se están equivocando, porque quizás superen ese límite constitucional pero a costa de un desgaste político enorme. La gente quiere cambios, operación y abandono de lo que percibe como parálisis, para avanzar en su seguridad y su economía cotidianas. Hoy ambas se ven vulneradas.
Jorge Fernández Menéndez