26-01-2015 Creo que una de las cosas que deberían quedar muy claras en estos días, es que la situación del país debe medirse en torno a una gama de grises. Existe un intención manifiesta de ver todo a partir de blancos y negros absolutos que, por definición, son falsos. Eso se refleja, por ejemplo, en el durísimo artículo de The Economist de la semana pasada, donde dice que el gobierno federal se está hundiendo en un pantano. Puede ser, pero resulta que lo dice la misma revista, y lo escribe (en The Economist los artículos no van firmados) aparentemente el mismo redactor que hace unas pocas semanas ponía por las nubes los éxitos del gobierno que hoy ve empantanado. ¿Dónde están los matices, los equilibrios en una publicación tan profesional y prestigiosa?
Algo similar sucede con lo publicado por el Wall Street Journal respecto a la casa de descanso del presidente Peña en Ixtapan de la Sal. Es indudable que el tema de la llamada Casa Blanca, propiedad de su esposa Angélica Rivera, y la forma en que se compró a la empresa Higa es un tema que no ha sido suficientemente explicado y que puede ser legal, pero genera, sin duda, suspicacias y sospechas. Pero en el caso de Ixtapan de la Sal es evidente que el conflicto de intereses no existe.
Vamos a los hechos: la casa fue comprada en 2005, antes de que Peña Nieto fuera siquiera candidato a gobernador. Fue comprada en poco más de 300 mil dólares que era el valor de mercado de esa propiedad. La empresa inmobiliaria que la vendió, era propiedad entonces de Roberto San Román, ya fallecido, que es el mayor desarrollador de todo Ixtapan, no son ningunos desconocidos y era público que existía una relación de amistad entre las familias (como con casi todas las familias relativamente pudientes que se asientan en esa ciudad de descanso). La casa fue pagada puntualmente y desde entonces (2005, hace diez años) figura en la declaración patrimonial de Peña Nieto. Cuando murió don Roberto San Román, la empresa se dividió: uno de los hermanos, también de nombre Roberto, se quedó con los desarrollos turísticos, incluido el club donde está la casa. Ese es el que es compadre de Peña. El otro, Ricardo, fue el que desarrolló la constructora, que hasta entonces se había enfocado casi exclusivamente en los desarrollos inmobiliarios. ¿Por qué cambiaron hacia la construcción de infraestructura? Precisamente porque la empresa se dividió y la parte encabezada por Ricardo puso distancia con el trabajo de Roberto.
No es verdad que la empresa constructora haya sido beneficiada irregularmente. Pedí los registros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la relación de obras entregadas a la empresa de San Román este sexenio. En dos años le otorgaron 12 contratos: cinco ganados en licitación pública, otros cinco en un concurso de invitación restringida (que es como una licitación, pero donde se invita sólo a un grupo de empresas a participar) y sólo dos de adjudicación directa. Ninguna es una gran obra: la más importante, ganada en licitación pública, es la ampliación del paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende, en Querétaro, es un contrato por 195 millones de pesos. Los únicos dos de adjudicación directa, son para la reconstrucción de 11 puentes rurales en Veracruz, en 2014, destruidos por tormentas. Es de 125 millones. Todo eso se debe poner en otra dimensión: ha habido en esta administración, sólo en SCT, unos 555 concursos y 125 obras de adjudicación directa, por decenas de miles de millones de pesos. La empresa de San Román, participó en muchas de esas licitaciones y sólo terminó ganando en doce, ninguna de ellas, por cierto, las obras prioritarias de la administración. No se puede hablar de un trato preferencial. A diferencia de Higa, en este caso, San Román salió a los medios y transparentó toda la actividad de su empresa en estos temas.
Y toda esa información estuvo en poder del WSJ. Saber por qué publicó la información con la intencionalidad con que lo hizo es parte sólo de la especulación: por ejemplo, por el enojo de ciertos capitales ligados al negocio petrolero y al partido republicano, con los contratos que se están abriendo hacia sus competidores chinos cuando pensaban que todos los yacimientos del Golfo de México serían suyos. Pero eso es, decíamos, una especulación.
Lo cierto es que el gobierno federal también debe ponderar qué hace ante el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Es verdad que existe una iniciativa en el congreso que se tiene que discutir y sacar adelante. Pero el Ejecutivo no puede seguir esperando porque entonces sí se empantanará: debe actuar con sus atribuciones y adoptar las medidas necesarias para abrir la administración y transparentar toda la información posible. No puede ser rehén de especulaciones y sospechas, incluso cuando, como en el caso de Ixtapan, legítimamente no tienen razón de ser. Y eso se tiene que hacer lo más rápidamente posible.