20-02-2015 “Ojalá que te vaya bonito, que conozcas personas mejores” le cantaba Vicente Fernández ayer al presidente Peña en la celebración del día del Ejército, en Campo Marte. Un evento en el cual, más allá de la celebración, de la fiesta, hay que quedarse con un par de párrafos del discurso del secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, que deben servir como advertencia y reflexión.
México, dijo el general, ha vivido situaciones sensibles que han despertado el pensar y sentir de la sociedad. Las Fuerzas Armadas, agregó, no han quedado exentas de dichas reflexiones, “pues en ocasiones se les ha señalado sin agotar los cauces legales o sin pruebas serias, para tratar de desprestigiarlas y con ello dañar la confianza que se ha depositado en ellas”. No los nombró pero se refería, sobre todo al caso Tlatlaya, donde en el ámbito militar existe la convicción de que no se violó la ley y donde han presentado documentos muy puntuales al respecto y al delirio de quienes manipulan desde la CETEG a los familiares de Ayotzinapa, con la versión de que los jóvenes desaparecidos en Iguala pudieran estar en algún cuartel militar.
Agregó el general que quería ser particularmente enfático en un punto: “nos queda claro que esa obligación, que esa exigencia es de todos sin excepción: respetar la ley, los preceptos jurídicos y las decisiones jurisdiccionales…seremos nosotros los más interesados en que cualquier incidente que involucre la participación de personal militar, sea investigado a fondo y se esclarezca plenamente”. Pero también pidió que se pusieran las cosas en claro: “deben ser las autoridades judiciales competentes las que determinen las responsabilidades que conforme a Derecho correspondan”. No, le faltó reiterar, grupos con agendas desestabilizadoras.
Siguió, sin nombrarlo, hablando del caso Tlatlaya: “la Secretaría velará para que los integrantes de la institución reciban un juicio justo cuando en cumplimiento de sus misiones se vean sujetos a un proceso legal”. Y abordó un punto que es central en la institución castrense y ante el cual, en más de una oportunidad, han tenido sentimientos encontrados: el reconocimiento pleno de sus propias víctimas, de sus propias bajas. “Con respeto, nos adherimos al sentir de toda familia que ha sufrido la pérdida del algún ser querido, sentimiento que se suma también a la pérdida de cada mexicano, que incluye a nuestros compañeros de armas que perdieron la vida o sufrieron lesiones incapacitantes en cumplimiento de su deber y en defensa de la sociedad”.
Más allá de fiestas y celebraciones, calurosas y merecidas (cayó muy bien entre oficiales y tropa el nuevo plan de apoyo para la vivienda) el mensaje del general Cienfuegos, volvió a tocar los puntos que más interesan a la institución: que haya lealtad, justicia y ponderación en el trabajo de sus elementos, entre 40 y 45 mil, que día con día trabajan tratando de garantizar la seguridad interior, misma que por cierto sigue sin contar con un marco legal claro y definido porque no figura en ninguna agenda legislativa.
La CETEG toma rehenes
El miércoles un grupo de representantes de empresas globales le informó al presidente Peña que realizará este año inversiones por 11 mil millones de dólares. En contraparte le pidieron al presidente que se garantizara el estado de derecho y la seguridad jurídica.
Esa misma noche, en Chilpancingo, maestros de la CETEG, secuestraron a dos ejecutivos de Coca Cola y los canjearon por tres normalistas que habían sido detenidos acusados de robo. No fue algo improvisado: el canje se realizó con el beneplácito de las autoridades y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, fungió como testigo.
Los normalistas había sido detenidos un día antes, cuando saqueaban un camión de la refresquera. Los miembros de la CETEG, que en los hechos maneja las normales rurales, fueron a la planta refresquera, tomaron las instalaciones supuestamente para dialogar, pero en realidad secuestraron a dos ejecutivos, se los llevaron, los mantuvieron retenidos en el plantón de la Coordinadora en el Zócalo de Chilpancingo y como rescate pidieron que se liberara a los jóvenes que habían robado el camión. Para eso se exigió que la empresa levantara la denuncia. Con el visto bueno de las autoridades, la empresa levantó la denuncia, y los jóvenes vándalos fueron canjeados por los empresarios. Ese fue el pago del rescate.
¿Cómo puede ser posible?¿qué gran empresa estará decidida a invertir en una ciudad, un estado, un país, donde se secuestra ejecutivos para canjearlos por ladrones?¿a qué se dedica el gobierno de Guerrero cuya mayor preocupación, después de que se dieron estos hechos, fue garantizarle a la CETEG que no tenían ninguna intención de desalojar su campamento en el Zócalo de la capital del estado?. Es vergonzoso, lamentable, triste.