27-02-2014 Como fue lo electoral hace unos años o la seguridad hasta el día de hoy, la corrupción se ha convertido en un tema toral para la presente administración y para el propio sistema político. La decisión de sacar adelante el sistema nacional anticorrupción, más allá de desavenencias coyunturales, es un avance tan importante (probablemente para la gente más) como el que terminó creando el IFE independiente con la reforma de 1996.
Muchos puntos son claves, pero lo más trascendente es que no se crea una secretaría, una fiscalía, una instancia pública, sino todo un sistema en el que diferentes dependencias e instancias están interrelacionadas y se genera, también, un equilibrio entre ellas que hará muy difícil escapar de su lógica de control y supervisión.
Esta reforma está estrechamente ligada con la reforma judicial. Porque el verdadero tema no es la corrupción sino la impunidad. Como hemos dicho muchas veces, el 97 por ciento de los delitos que se denuncian (no de los que se cometen, lo que elevaría mucho más ese porcentaje) quedan impunes. Corrupción hay en todos los países, la diferencia es que existan sistemas que la castiguen, que le den instrumentos a la gente para denunciar y ver que esa denuncia surte efectos, y que en esa misma medida, logren cohibir las intenciones de cometer actos de ilícitos. Es más, existen instrumentos, como los habrá, para que quien sea acusado falsamente también pueda defenderse.
Como decíamos hay muchas cosas importantes en el nuevo sistema: lo es la creación de la nueva fiscalía o la posibilidad de que la Auditoria de la Federación pueda fiscalizar todos los recursos federales, tanto de los estados como del ejecutivo federal. También que el secretario de la Función Pública sea propuesto por el ejecutivo y refrendado por el senado. Ese era un punto que trababa los acuerdos y finalmente el PRI aceptó ese cambio que se podría haber evitado, ya que el secretario de la Función Pública es parte del gabinete y su designación constituye una atribución presidencial. No era necesario el cambio pero como bien me decía Federico Reyes Heroles (uno de los artífices de la construcción de esta reforma) no sobra y contribuye a transparentar todo el sistema.
Vendrán ahora momentos complejos: no sólo sacar la reforma en el congreso sino también en las legislaturas estatales, aprobar las leyes reglamentarias y más complejo aún, decidir los nombramientos, que tendrán que tener, por exigencia legal, amplios respaldos. Y después, lograr que el sistema funcione, y si todo esto tiene lógica, tiene que estar funcionando al mismo tiempo que lo haga a plenitud el nuevo sistema de justicia penal, o sea a mediados del año próximo.
Ahora bien, para que todo eso llene las expectativas de la sociedad también se requiere voluntad política de los partidos, esa que falta cuando las instituciones que ellos mismos crean son boicoteadas porque no se está de acuerdo con que puedan ejercer su autonomía. Es lo que ocurre en estos días en el INE.
No le veo sentido alguno a la posición que han tomado los llamados siete (todos los partidos menos el PRI, Verde y Nueva Alianza) boicoteando las sesiones de Consejo General, descalificando a los consejeros, acusando la existencia de bloques que buscan romper con la equidad electoral y hasta desacreditando al propio consejero presidente Lorenzo Córdova.
En realidad los que se descalifican son ellos: no se puede crear un nuevo sistema electoral a la medida de las exigencias de esos mismos partidos (sobre todo del PAN y del PRD), elegir a once consejeros hace unos pocos meses, exigir que se manejen con autonomía y cuando lo hacen rechazar sus resoluciones porque no les gustaron. Y aquí no se trata ni siquiera de resoluciones sino que no salió en la fecha que querían unas normas que es el propio Consejo del INE el que las debe establecer, con autonomía de los partidos: es su atribución y su derecho.
Lo que no hay es voluntad política. Con Paco Abundis decíamos en el programa Todo Personal que no deja de ser paradójico que antes se cuestionaran las elecciones en sí, que luego se debatiera el post electoral, años después lo sucedido en los días previos a la elección y ahora lo que sucede cuando aún no ha comenzado siquiera la campaña electoral. Y ello es porque el cuestionamiento constituye, no sólo una falta de respeto a las reglas del juego, sino también un instrumento de campaña. Ojalá que todos recapaciten, aún están a tiempo.
Y hablando de justicia y corrupción. La senadora Arely Gómez que jugó un muy destacado papel en las negociaciones el sistema anticorrupción, será la nueva subprocuradora jurídica de la PGR. Una muy buena designación de una mujer que ha demostrado seriedad, capacidad y autonomía. Y otra mujer que comparte muchas de esas virtudes, Mariana Benítez, dejará la subprocuraduría para ser diputada plurinominal por la tercera circunscripción que incluye a su natal Oaxaca. No las pierda de vista.