13-03-2015 La precandidata al gobierno municipal de Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava González, fue secuestrada el lunes por un grupo de hombres armados, y sus restos fueron encontrados el miércoles, decapitada y con huellas de tortura. Hace un año, ella y su esposo, Francisco Quiñones Ramírez, sufrieron un atentado donde murió Francisco. En 2012, había sido secuestrado su hijo, de nombre también Francisco, y a pesar de que se pagó un rescate de 300 mil pesos, está desaparecido desde entonces. Esta venganza contra toda una familia, más allá de la militancia política del matrimonio, es un paradigma de lo que sucede en varias zonas de Guerrero y está en el corazón de las profundas dudas que existen respecto a la posibilidad de realizar o no elecciones en el estado.
Soy de los que cree que el gobernador Rogelio Ortega no es de los que está muy entusiasmado con la posibilidad de que las elecciones se efectúen el próximo 7 de junio. Quizás ve la suspensión de los comicios como una oportunidad para poder permanecer más tiempo en el cargo. Puede ser, pero lo cierto es que no está actuando ante una trilogía de actores que están decididos a que no haya elecciones. No quieren comicios los grupos criminales que controlan la producción de amapola, los laboratorios de procesamiento de goma de opio y drogas sintéticas y el mercado siempre creciente de Acapulco. En la ingobernabilidad, ocupan espacios de poder y lo asumen. Tampoco quieren elecciones los grupos armados, que tanto crecieron (al igual que los cárteles) durante el gobierno de Angel Aguirre: tienen posiciones de poder, incluso áreas de seguridad vía las llamadas policías comunitarias y una base política mucho más amplia, pese a que, como es costumbre, están profundamente divididas entre sí. Pero sobre todo no quiere las elecciones la CETEG, que está convirtiéndose, en los hechos, en el brazo político, público, también de los otros dos sectores. Entre los tres grupos, por cierto, los límites son tan difusos que en ocasiones no se sabe muy bien quién es quién.
Dice el propio gobernador Ortega, que el 60 por ciento de las casillas electorales del estado están en poder de la CETEG, lo mismo, podríamos agregar nosotros, que cerca de la mitad de las cabeceras municipales, estén o no tomadas por ese grupo. La CETEG está decidida a impedir las elecciones. Pero las autoridades, más allá de negociar una y otra vez, y de conceder a sus demandas, no hacen nada para impedir que ese grupo, con sus aliados, termine bloqueando el principal derecho político de la ciudadanía, que es elegir a sus gobernantes. Eso es lo que no quieren: que la gente elija a sus gobernantes o que si hay elecciones estén tan acotadas que el aparato de gobierno pueda imponer un mandatario.
No queda mucho tiempo en Guerrero. Las autoridades, locales o federales, deben decidir qué hacer: o retoman el control del estado de manos de la CETEG para que haya elecciones realmente libres y la gente con su voto elija autoridades que tengan realmente el respaldo de la ciudadanía para encarar la labor de limpieza, o dejan las elecciones para otra oportunidad y se impone la desaparición de poderes en el estado, para que, con una intervención clara, se permita un verdadera reconstrucción institucional. No hay, en esta historia, una tercera vía: la que se está recorriendo hoy es la peor de todas las opciones.
Doce años de los Olegario
Concluyó el proceso de licitación de las dos nuevas cadenas de televisión digital abierta y Cadena Tres, de grupo Imagen Multimedia, propietaria también de Excélsior, ganó una de ellas, con una oferta superior a los mil 800 millones de pesos. Como dijo Olegario Vázquez Aldir, no fue el resultado de un año de lucha, que es lo que duró el proceso de licitación, sino de 12 años de trabajo, desde que Olegario y su padre, Olegario Vázquez Raña, comenzaron a incursionar en los medios de comunicación, convencidos de que no querían ser un participante más, sino uno de los grandes actores del sector. Los logros han sido, en estos doce años, notables. La forma y los resultados de la participación en la licitación, también. Resultados que seguramente se refrendarán a partir de enero, cuando la nueva cadena esté al aire.
Conflicto de intereses
La decisión de Miguel Angel Mancera de pedir la renuncia al director de Obras y Servicios Públicos del DF, Alfredo Hernández, acusado de un posible conflicto de intereses en licitaciones con obras adjudicadas a una empresa donde su esposa es la directora comercial, es algo más que una buena señal del gobierno capitalino. Pero debe ser, también, una señal para todos los presuntos responsables de ese desastre en el que se ha convertido la Línea 12. No puede haber allí impunidad.
Otra buena señal en torno al gobierno del DF, es que regresa Jesús Rodríguez Almeida, hasta hace unos meses secretario de seguridad pública y antes procurador capitalino, pero ahora como candidato a diputado federal por el PRD.