La inseguridad que no cesa
Columna JFM

La inseguridad que no cesa

El presidente Zedillo pronunciará su último informe de gobierno, con un balance de lo ocurrido en estos seis años, se trata, evidentemente, del final de toda una era política. La abogada de narcotráficantes Silvia Raquenel Villanueva recibió su tercer atentado por parte del crimen organizado. En Guerrero hubo un atentado atribuido al EPR. Respecto al narcotráfico Vicente Fox ha tomado una posición personal clara. Las guerrillas existen, operan, están involucradas en muchos actos delictivos, particularmente en secuestros y en regiones muy específicas. Hasta hoy el EZLN no ha respondido a los llamados que le hiciere el equipo de Fox. Se confirmó anoche la consignación de los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo acusados de relaciones con el narcotráfico.

Hoy en la noche, a las 19 horas, el presidente Zedillo pronunciará su último informe de gobierno: se trata, evidentemente, del inicio de la ceremonia del adiós del actual mandatario, pero también del inicio del final de toda una era política.

Habrá que esperar para saber qué mensaje enviará hoy desde San Lázaro, Ernesto Zedillo: se asegura que será un mensaje esencialmente político, con un balance de lo ocurrido en estos seis años, para establecer una comparación entre la situación en la que recibió el país y la actual.

Por lo pronto, la espiral de violencia no cesa y eso debería llamar profundamente la atención tanto a la administración saliente como a la entrante, porque sin duda será la inseguridad pública el mayor de sus desafíos. Ayer fue un día nefasto en este sentido. En Monterrey, confirmando que en la capital regiomontana se han asentado fuerzas poderosas ligadas al crimen organizado y que, por lo tanto, los brotes de violencia también comienzan a sentirse allí, la abogada de narcotraficantes, Silvia Raquenel Villanueva, recibió su tercer atentado en tres años. En mayo del 98, fue colocada una bomba en su despacho pero al momento del estallido ella no se encontraba allí. El 23 de marzo pasado, en las puertas de un hotel en pleno Paseo de la Reforma, en el Distrito Federal, atentaron contra Raquenel y el ex director de operaciones de la unidad de lucha contra el crimen organizado, Cuauhtémoc Herrera Suástegui que tenía, minutos más tarde, un citatorio en la fiscalía de lucha antidrogas donde estaba siendo investigado por presuntas relaciones con el narcotráfico. En esa ocasión, la abogada Raquenel recibió dos disparos. Finalmente, tanto ella como Herrera fueron dejados en libertad aunque continuaron las investigaciones sobre sus relaciones con el narcotráfico: particularmente se decía que Herrera, que había dedicado buena parte de sus últimos años en la PGR a investigar al cártel de los Arellano Félix, podía estar relacionado al cártel de Juárez. De Raquenel, que en ese momento fungía como su asesora legal, se decía que era la abogada del extinto cártel del Golfo, mismo que en los últimos años había sido absorbido por el de Juárez. Ayer, Raquenel sufrió un nuevo atentado en el que recibió cinco disparos, confirmando, por si faltaran datos al respecto, que la guerra entre los grupos del narcotráfico sigue más intensa que nunca.

En la noche había sido asesinado Guillermo Castellanos, delegado de la Secretaría de Comercio en la ciudad de Tijuana y precandidato priísta a la presidencia municipal de esa ciudad, un joven que había sido subcampeón olímpico de tiro con escopeta, proveniente de una de las familias más poderosas, económicamente, de esa ciudad fronteriza. No se conocen los móviles del asesinato, pero la indignación ha hecho presa de la sociedad tijuanense.

En Guerrero, hubo un atentado atribuido al EPR (otros hablan de sus ex socios del ERPI), que dejó dos policía muertos, luego de que un comando atacó con ametralladoras AK-47 a un grupo de policías que en la región de La Montaña, en Zapotitlán, transportaban dos millones de pesos en cheques de Procampo para los campesinos de la zona.

Lo ocurrido en los últimos días es una demostración de dos de los principales desafíos que se presentan a la próxima administración en términos de seguridad: por una parte, el narcotráfico y su ola de violencia; por la otra, los grupos guerrilleros, que pueden ser calificados con razón como poco representativos socialmente, pero con capacidad para operar y tratar de alterar la gobernabilidad. Y en ambos casos, la administración entrante ha tenido muchas contradicciones: respecto al narcotráfico, Vicente Fox no ha tomado una posición personal clara y sus encargados del área de seguridad y justicia han ido modificando su posición en la misma medida en que iban observando el contexto real en el que se da esa lucha hoy en día.

Quizás el punto más controvertido, por todo lo que se desprende de esa definición, es si el narcotráfico es considerado un desafío a la seguridad nacional o un problema policial. De ello depende, por ejemplo, el grado de involucramiento que tendrán las fuerzas armadas en el combate al tráfico de drogas e incluso el diseño de la estrategia antinarcóticos a nivel nacional y en su relación con otras naciones, particularmente con Estados Unidos.

Respecto a las guerrillas, muchos de los hombres de Vicente Fox durante la campaña subestimaron a esos grupos e incluso muchos han considerado que éstas en realidad no existen, que son simplemente, un capítulo negro de las agendas estatales. En realidad no es así, esos grupos existen, operan, están involucrados en muchos actos delictivos, particularmente en secuestros y, en regiones muy específicas, comienza a presentarse una peculiar relación de los mismos con los derivados del narcotráfico. Lo cierto es que el EPR y el ERPI, lo mismo que las FARP, todos desprendimientos del tronco original del EPR, ya han descalificado al gobierno de Vicente Fox y en todos los casos han argumentado que no perciben cambio alguno con el triunfo del ex gobernador de Guanajuato y han anunciado que continuarán con la lucha armada. Por lo pronto ayer, hicieron una nueva aparición en Guerrero y ya se ha extendido la versión de que en los últimos meses se han logrado reunificar en la zona de los Loxichas en Oaxaca.

Esto coloca en una situación difícil a Fox porque lo obligará a fortalecer sus estrategias de seguridad pública y, en varios aspectos, darle continuidad a los planes estratégicos actuales, por lo menos los que se desarrollan en el terreno estructural con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y con la Policía Federal Preventiva. Esto conlleva, también, a la necesidad de revisar lo que sucede en Chiapas.

Por supuesto que la situación en ese estado del sureste es mucho más peculiar y requiere de lógicas y estrategias muy específicas, cierto también que existe una distancia importante entre grupos como el EPR respecto al zapatismo. Pero evidentemente será muy difícil que en Chiapas, aún con el triunfo de Pablo Salazar, se den soluciones rápidas: hasta hoy el EZLN no ha respondido a los llamados que le hiciera el equipo de Fox, y sus voceros han especificado que hasta que no estén aprobados en el terreno legislativo los acuerdos de San Andrés, no habrá diálogo. Evidentemente, ello explica ese párrafo en el comunicado de felicitación que le envió Fox a Pablo Salazar el pasado 20 de agosto en el cual decía que retiraría al ejército de la zona de conflicto de Chiapas “una vez que se restablezca el estado de derecho”. ¿Cuándo será eso? Algunos aseguran que cuando exista un gesto de parte del zapatismo: que se restablezca el diálogo y posteriormente cuando se retire aquella declaración de guerra que para el zapatismo continúa vigente.

Mientras todo esto no se dé, varios de los esquemas de seguridad ahora vigentes en Chiapas tendrán que mantenerse porque, además, el narcotráfico y el tráfico de personas se han concentrado inusualmente en ese estado, rebasando ampliamente a las fuerzas policiales del estado.

Lo cierto es que lo que es urgente en este terreno es que haya definiciones rápidas, que no se mantenga la incertidumbre sobre cuáles serán las formas de continuidad y de renovación en el ámbito de la seguridad porque allí, insistimos, reside el mayor de los desafíos para el foxismo. Por lo pronto habrá que analizar la evaluación que, sobre estos temas, realizará hoy el presidente Zedillo.

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