11-05-2015 El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, ya ratificado hasta octubre próximo, decidió realizar un pacto con el sector más radical del estado, el Movimiento Popular Guerrerense, que conglomera a varias agrupaciones, incluyendo un sector de la CETEG, y que en realidad es el movimiento de base de organizaciones como el ERPI y otros grupos armados que están profundamente insertados en el movimiento social guerrerense, controlan a los grupos de autodefensa que operan en distintas regiones de la entidad y son los que más firmemente impulsan la propuesta de evitar que haya elecciones en el estado. Es comprensible, la vía electoral no está en su agenda. Lo incomprensible es que un gobernador se haya doblado con tanta facilidad ante las presiones de este grupo.
Aunque quizás no se ha doblado, simplemente ha seguido la ruta que la trayectoria de Ortega, no hace mucho uno de los principales contactos y operadores a favor de las FARC en México, indica. Si los acuerdos firmados ayer son desconcertantes, mucho más lo es la declaración del propio gobernador: a los del MPG, que han protagonizado los actos más violentos de los últimos meses en el estado, incluyendo toma e incendio de oficinas públicas y privadas, secuestro de camiones de pasajeros y de carga, que han saqueado plazas comerciales y robado mercancías de todo tipo, les dijo el gobernador que al funcionario que no les quiera dar un “trato amable” le deben “tumbar la puerta y sáquenlo de la oficina, quédense ustedes a gobernar en la oficina, porque cuando se tiene la oportunidad de llegar aquí es para servirle al pueblo, no para servirse del poder, enriquecerse y llenarse los bolsillos”. En otras palabras el gobernador públicamente convoca a sus amigos a hacer justicia por propia mano, violar la ley e impulsar los actos de vandalismo que se cometen cotidianamente, incluso, contra su propio gobierno en el estado. Les está diciendo que no crean en la fuerza electoral, ni en la fuerza de las leyes, sino en la fuerza a secas. Eso se llamaba vía insurreccional, no es nuevo, pero se debe reconocer que nunca había escuchado a un gobernante pedir a sus supuestos opositores que se insurreccionen contra su propio gobierno. Al mismo tiempo que se firmaba el pacto, un grupo de 300 hombres armados tomaba Chilapa, desarmaban a la policía local y anunciaban que impondrían un gobierno popular. No hubo reacción alguna del gobierno estatal.
El Pacto firmado es imposible de cumplir. Tiene nada menos que 41 capítulos, con poco más de 110 acciones. El punto más importante es la amnistía a los presos políticos, en especial a Nestora Salgado. Estaría muy bien, pero da la casualidad de que en Guerrero no hay presos políticos. El caso de Nestora es ejemplificador en ese sentido: Nestora está detenida acusada de 50 secuestros, es en realidad la dirigente de un grupo armado, organizó varios grupos de autodefensa en Olinalá y se hizo con el control de su municipio, detuvo y secuestró personas a las que hacía trabajar en sus propiedades, mientras cobraba rescate por ellas. Hace unos meses, cuando pidió, por primera vez, el gobernador Ortega la liberación de Salgado, distintas organizaciones de derechos humanos presentaron a algunas de sus víctimas, que habían estado secuestradas en una cárcel que ella denominabaEl Paraíso. “Nos tenían con una tortilla y frijoles, éramos como 70 personas en un cuartito (contó Eugenio Sánchez González, quien permaneció dos meses secuestrado y al que le pedían 50 mil pesos como rescate), no teníamos para ir al baño y tomábamos agua de la que llovía, hasta que nos rescató la Policía Federal y el Ejército”. Esos son los presos políticos que Ortega se comprometió a liberar.
Se comprometió el gobernador también a presentar con vida a los jóvenes secuestrados, asesinados e incinerados en Iguala en septiembre. Es triste, pero los jóvenes están muertos. Hay más de 100 detenidos, unos pocos restos de ADN que lo confirman y numerosos testimonios de los propios involucrados. Esta misma semana fue detenido el subjefe de la policía de Iguala, un personaje clave en toda esta trama. Ortega puede llegar a muchos pactos, lo que no puede es resucitar a los muertos. Es una irresponsabilidad brutal comprometerse a presentarlos con vida.
Como siempre en estos acuerdos, en medio de la verborragia hay dinero de por medio. El gobernador se comprometió a “legalizar” las plazas magisteriales, que no son más que las plazas automáticas para militantes de esos grupos y regalar 200 concesiones de transporte público al propio MPG.
Hay muchos más compromisos del gobernador, más de 100, pero, se preguntará usted ¿a que se comprometieron los del MPG, su contraparte, en este pacto? Pues a nada, para ellos no hay condiciones, seguirán con sus movilizaciones (que el gobernador se comprometió a no reprimir) y recordaron que el MPG “no perdona, no olvida, no claudica”. El que claudica es el gobierno.