27-05-2015 No es lo mismo lo que está sucediendo en Chilapa, en Guerrero, donde un grupo armado de 300 personas tomó a principios de mayo el ayuntamiento, se llevó consigo a un número indeterminado de personas, en el contexto del rivalidad entre los cárteles de Los Rojos y Los Ardillos, que lo sucedido el viernes pasado en Tanhuato, Michoacán, en la frontera con Jalisco, en el enfrentamiento en el que murieron 42 criminales integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y un policía federal.
En el primer caso es el reflejo de un vacío absoluto de poder por parte de las autoridades locales que ha sido aprovechado dramáticamente por los grupos criminales. En el segundo caso, los enfrentamientos son entre fuerzas del Estado mexicano con el grupo criminal que, en términos de violencia, ha desafiado, en estos meses, como ningún otro al propio Estado. Tienen un denominador común: la producción de heroína y de drogas sintéticas en las dos zonas, y gobiernos locales, en Michoacán y Guerrero, provisionales y débiles.
En el caso Chilapa, la declaración del gobierno estatal de que las personas secuestradas durante la toma de la ciudad (durante cinco días, del 9 al 14 de mayo pasado) están “retenidas” por el grupo que se autodenominó como policía comunitaria, (pero que son, en realidad, integrantes de Los Ardillos, con algún componente de organización armada) es insostenible. Dicen en la Fiscalía del estado que saben dónde están esas personas, pero no actúan para rescatarlas. Es verdad que muy probablemente se trate de miembros o colaboradores de alguna organización criminal, pero la obligación del estado es hacer justicia: es tan ilegal ser parte de Los Rojos como ser secuestradores. El gobierno estatal no puede seguir “dialogando” y contemporizando ante una situación de tanta gravedad y además hacerlo con criminales. La consecuencia, un poco inevitable, será que los rivales de Los Ardillos, se terminarán de armar, intentarán tomar venganza y rescatar a los suyos, creciendo así el hoy casi inabarcable círculo de violencia.
En Tanhuato, en Michoacán, donde Salvador Jara, un gobernador débil, pero que mantiene ciertos márgenes de gobernabilidad, mayores que los de su vecino Rogelio Ortega, ha sucedido algo muy distinto y que no puede separarse de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en esa frontera michoacana y en Jalisco. El Cártel Jalisco Nueva Generación, ha atacado en forma inusitada, por lo violento, a un convoy de la Policía Federal, dejando cinco muertos y varios heridos del cuerpo de gendarmería. En la emboscada participaron 40 sicarios. Días después realizaron una operación similar contra integrantes de la Fuerza Civil, la policía estatal, cerca de Puerto Vallarta. El primero de mayo pasado, derribaron un helicóptero del Ejército mexicano y llevaron a cabo violentos bloqueos e incendios de comercios, bancos, restaurantes como respuesta por el inicio del llamado Operativo Jalisco. Nuevamente los muertos los pusieron las fuerzas de seguridad, sobre todo militares y federales.
En la persecución y enfrentamiento con integrantes del CJNG en Tanhuato, volvió a ser atacado un helicóptero, en este caso de la Policía Federal, que recibió varios disparos en su fuselaje y los criminales portaban armas de muy alto calibre, pero por el testimonio de los tres detenidos en el operativo no eran tampoco los mejor adiestrados en su uso, estaban en ese enorme rancho de más de 100 hectáreas (¿cómo puede ser que no se sepa hasta el día de hoy quién es el propietario del rancho?), precisamente, entre otras tareas, para adquirir mayor entrenamiento. Las fuerzas federales fueron recibidas a tiros y, éstas mucho mejor entrenadas y equipadas así respondieron. Las pruebas periciales han demostrado que ninguno de los caídos tiene disparo a quemarropa y todos ellos dispararon sus armas.
Son hechos muy violentos, dramáticos, contra un grupo que ha demostrado que su estrategia es hacer gala de la fuerza y la intimidación y que ha asesinado a numerosos elementos de las fuerzas de seguridad. La respuesta no puede ser diferente cuando se produce un enfrentamiento de estas características: desgraciadamente se trata de matar o morir, porque no queda otro margen de acción. A las fuerzas de seguridad se les debe exigir el respeto de los derechos de cualquier criminal, pero no se les puede pedir que se dejen matar para dar respuestas políticamente correctas a grupos que jamás se preocupan por los derechos de militares, marinos y policías. El Estado mexicano, lo encabece Calderón o Peña, más allá de aciertos y errores, no ha declarado ninguna guerra: son los grupos criminales los que lo han desafiado en los extremos de la violencia. Y Tanhuato es consecuencia de ello.