06-07-2015 El viernes leí el documento que distribuyó el centro de derechos humanos Agustín Pro, en torno al caso Tlatlaya, titulado “la orden era abatir”. ¿Cómo supo el centro Pro que la orden que tenían los siete militares que se enfrentaron a 22 narcotraficantes era abatirlos? Por un texto de tres cuartillas escrito por un comandante de batallón donde da una serie de órdenes y recomendaciones, aplicables para todos los elementos bajo sus órdenes, en el que, además de una larga serie de recomendaciones sobre el respeto a las leyes y los derechos humanos, dice que los patrullajes se deben realizar en la noche (era una orden para todo el Ejército mexicano) para evitar enfrentamientos en el día con daños civiles colaterales y en ese párrafo se utilizan las palabras abatir a los delincuentes.
Pero ese abatir, como está utilizado en el párrafo, puede servir como cualquiera de sus sinónimos: derribar, hundir, derrumbar, derrocar, tirar, tumbar, volcar, inclinar, vencer, humillar, desalentar. No existe orden alguna de matar a nadie y cualquiera que lea el texto completo comprenderá que ni siquiera está en el espíritu del mismo. Es más, no es un documento específico para una misión, sino una suerte de machote entregado a cada una de ellas.
El pasado nueve de febrero publicamos en este espacio un texto titulado “Tlatlaya o los abusos de la lealtad”. Vamos a recuperar parte de lo que allí escribimos porque, nos parece, es de absoluta actualidad:
“La recomendación (de la anterior administración de la CNDH que la actual ha refrendado) tiene todo tipo de contradicciones cuando se analiza desde una lógica judicial. Según la recomendación de la CNDH y un reportaje publicado sobre el tema en una revista estadunidense, el 30 de junio a las 5 de la mañana, luego de un enfrentamiento contra un grupo de agresores que se localizaban en una bodega en el poblado de Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya, estado de México, un grupo de soldados penetraron en la bodega y ajusticiaron a los sobrevivientes. No hay pruebas periciales sólidas al respecto pero semanas después de que sucedieron los hechos sí aparecieron los testimonios de las mujeres que fueron rescatadas en el lugar, cuando argumentaron que estaban secuestradas por este grupo. El hecho es que esas mujeres eran parte del grupo criminal. Dos de las tres están procesadas porque se comprobó ese vínculo. Ahora piden, por supuesto, ser dejadas en libertad.
“Sus testimonios son muy peculiares, porque exclusivamente de oídas, dicen que pudieron identificar cuáles eran las armas que utilizaban los agresores y cuáles los soldados, así como el lugar exacto donde se producían los disparos. No es nada sencillo porque el grupo agresor, contaba y utilizó, 25 armas largas, incluyendo 16 fusiles AK 47, seis fusiles AR 15 y 25 armas cortas, granadas y 112 cargadores para armas de distintos calibres y estábamos hablando de 22 elementos contra una patrulla militar de ocho personas, uno de los cuales resultó herido.
Según los militares que intervinieron en los hechos, luego de la agresión y de un largo tiroteo, cuando se suspendió el fuego, tres elementos ingresaron a la bodega, allí vieron movimientos y personas que los amenazaban con armas, y dispararon contra sus agresores. Allí mismo liberaron a las tres mujeres que entonces dijeron que habían sido secuestradas por los criminales. Según el testimonio presentado tiempo después por una testigo, que no puede ser otra que una de estas mujeres, lo que sucedió fue que los integrantes de la patrulla militar mataron a los que se rindieron dentro de la bodega.
Puede ser, pero también la versión de los tres militares que entraron al lugar es verosímil. Lo que es inverosímil es que las mujeres sólo con el oído puedan diferenciar quiénes hacían los disparos, qué armas eran, si eran los militares o los criminales los que disparaban y desde dónde. Y una pregunta que no ha podido ser respondida por ninguno de los acusadores: si una patrulla militar penetró a la bodega con el fin de matar a los sobrevivientes que quedaban, ¿por qué les perdonarían la vida a estas mujeres que, evidentemente, eran parte del grupo?, ¿por qué a ellas las pusieron a disposición de la justicia y a los otros no?
El tema Tlatlaya no es un punto menor en la agenda de la seguridad ni en la de la relación del Ejército con las instituciones y con la sociedad. Desde diciembre del 2012 hasta la fecha el Ejército ha sufrido 820 agresiones de grupos armados (hoy ya suman 932) que les ha costado la vida a 44 militares y dejado heridos a otros 264 elementos. Puede ser que alguno de sus elementos haya violado o no la ley en Tlatlaya, pero merecen un proceso penal basado en evidencias y peritajes y no en juicios mediáticos o juegos de poder”.
Eso escribimos el 9 de febrero, eso mismo creemos hoy, cinco meses después, durante los cuales no se ha aportado ni una prueba adicional a las entonces existentes.