18-08-2015 Las buenas conciencias han contactado a 300 intelectuales de todo el mundo para que suscriban un texto exigiendo el respeto a la libertad de expresión en México. Todo a colación del asesinato de Rubén Espinosa, cuya muerte, en ese texto y en otros, se sigue presentando como relacionada con su profesión de reportero gráfico.
Pero para defender la libertad de expresión lo primero que se tendría que defender es que la información se base en hechos y no hay elemento alguno que permita no hablemos de confirmar, siquiera acercarse, a esa hipótesis y los abajo firmantes no lo saben, pero quienes impulsan esa publicación sí.
La muerte de Rubén no fue causada por su trabajo, o por lo menos, no existe en las investigaciones indicio alguno de ello. Rubén estuvo tomando unos tragos con un amigo hasta bien entrada la noche, se fueron a la madrugada al departamento que su amiga Nadia compartía con otras dos mujeres que nada tenían que ver con los medios; allí estuvieron hasta más de las siete de la mañana. Buscaron una estación de Metro, pero Rubén decidió regresar a la casa de su amiga. Y unas horas después ahí encontró la muerte. Los asesinos no iban por él sino por Milli, la joven colombiana que fue golpeada, torturada, violada y asesinada. Otra joven maquillista, Nadia, y la empleada doméstica, además de Rubén, también fueron asesinados. Los asesinos, uno ya consignado, los otros perseguidos por las autoridades y con una identificación inicial, son unos pobres diablos, aparentemente involucrados en temas de narcomenudeo. Los teléfonos de por lo menos uno de ellos está registrado en el celular de Milli como dealer (así se les llama a los vendedores de droga) y hay otros dos números con el mismo nombre. Los asesinos algo buscaban porque se llevaron del departamento una maleta o bolsa, pero dejaron ahí computadoras e incluso algunos celulares. Todo indica que se trata de un crimen ligado al narcomenudeo.
Rubén se movía en transporte público, estaba en la calle hasta altas horas de la noche sin protección alguna, trabajaba ya muy esporádicamente comofree- lance, ¿a quién se le ocurriría matarlo junto con cuatro mujeres en un crimen tan violento que inevitablemente atraería la atención pública? ¿Por qué no, por ejemplo la madrugada del jueves, mientras caminaba por las calles del centro? ¿Para qué matarlo si ya no tenía trabajo? No tiene sentido.
Tampoco tiene que decir que se ataca la libertad de expresión cuando en la madrugada, en un bar de Orizaba están reunidos desde hace horas tres reporteros, uno despedido de Televisa por poco confiable y otros dos del periódico local El Buen Tono, departiendo con un grupo de narcotraficantes, encabezados nada menos que por el jefe y el subjefe de plaza de Los Zetas. No estaban trabajando, estaban bebiendo y los sicarios llevaban sus armas bien visibles, para que nadie se llamara a engaño. Ahí llegó un comando que, incluso, separó a los periodistas de El Buen Tono y asesinó a todos los demás. Los sobreviventes fueron despedidos de su empleo porque evidentemente no estaban trabajando, tampoco el excorresponsal de Televisa por la sencilla razón de que estaba desempleado.
Es un ajuste de cuentas entre narcos, mataron a un hombre que estaba con ellos conviviendo que era periodista, pero que podría haber sido plomero. El crimen no se dio para coartar la libertad de expresión sino para aniquilar a una banda rival.
Creo que el gobierno de Javier Duarte, como muchos otros, no ha sabido tener una estrategia clara sobre estos y otros casos; creo que la verborragia a veces es superior a las acciones y que el gobernador tiene un equipo que está lejos de ayudarlo en estos temas y él en ocasiones tampoco se ayuda, pero responsabilizarlo de la muerte de Rubén, o de la del excorresponsal en Orizaba no tiene sentido, salvo para quienes manejan esa información como parte de una campaña que insiste en poner a México como una dictadura donde los asesinatos de comunicadores son cotidianos y la libertad de prensa no existe. No es verdad.
Lo asombroso es que cuando se producen ataques reales a la libertad de expresión los de las buenas conciencias desaparecen. Los dirigentes de la Sección 22 han demandado penalmente a varios medios, a sus directivos y reporteros por el “delito” de informar de los hechos violentos en los que éstos participan. Piden, entre otras cosas, compensaciones económicas por el “daño moral” sufrido. No se trata sólo de amenazas, sino de acciones contra el simple hecho de informar sobre delitos cometidos. Y no se trata de medios o de comunicadores locales o freelance, sino de medios y periodistas nacionales. Pero a las buenas conciencias no les interesa condenar a quienes agreden a comunicadores, los insultan en sus marchas, les roban libretas, cámaras y micrófonos y en ocasiones los golpean. Mejor seguir denunciando como violaciones a la libertad de expresión muertes lamentables, pero “útiles”, aunque el móvil esté en otra parte.