Al regresar de su gira por Europa el presidente Fox se reunió con los miembros de la Cocopa para tratar de establecer mecanismos coherentes con el poder legislativo en torno al viaje zapatista. Hoy, en Tijuana, el presidente tratará de lograr involucrar a la sociedad en la lucha contra el crimen, lograr que las autoridades locales y los diferentes grupos de la sociedad civil, asuman que la relación con el crimen organizado y el narcotráfico termina siendo una coartada, una complicidad con el mismo que les otorga a esos delincuentes su mayor plataforma social.
El presidente Fox regresó de su gira europea y debió abocarse, de inmediato, a los dos principales temas de su agenda política inmediata: Chaipas y la seguridad pública en sus múltiples vertientes.
Por lo pronto, Fox se reunió con los miembros de la Cocopa para tratar de establecer mecanismos coherentes con el poder legislativo en torno al viaje zapatista que comenzará el 26 de febrero próximo. Aparentemente, hubo acuerdos en esa reunión, acuerdos que siguen siendo insuficientes pero además, otra vez, confusiones serias: se acordó, dijeron los miembros de la Cocopa y particularmente el senador panista Felipe de Jesús Vicencio, que los zapatistas podrían viajar a México, que se garantizaría su seguridad pero, agregó, que también podrían participar en el debate que realizará el Congreso de la Unión sobre la ley de derechos y cultura indígenas. Evidentemente en este último punto, el senador se equivocó o escuchó mal: fuentes del más alto nivel del gobierno federal nos aseguran que Fox no dijo eso y que tampoco hubo acuerdo alguno en ese sentido. Lo que sí se dijo es que si el EZLN viene a exponer su posición sobre la ley de derechos y cultura indígena, que lo haga y que se reúna con quien lo considere necesario para hacer “cabildeo” (lobbing dirían algunos) de sus propias propuestas. Evidentemente, serán los legisladores los que decidirán si reciben o no a Marcos y en qué condiciones.
Según los mismos legisladores de la Cocopa, su decisión es considerar que el diálogo con el EZLN, que en los hechos está suspendido desde hace más de tres años, casi cuatro, sigue existiendo, como un gesto más de buena voluntad hacia el zapatismo y para evitar que la legislación que protege a los dirigentes del EZLN de ser objeto de aprehensiones (las órdenes en su contra aún están vigentes pero suspendidas por la ley para el diálogo).
Lo cierto es que a pesar de los comunicados zapatistas y de las acusaciones que Marcos ha hecho a algunos funcionarios del gobierno federal, como Aguilar Zínser y Castañeda, de tratar de obstaculizar el diálogo (una acusación absurda porque tanto ellos, como Santiago Creel, Rodolfo Elizondo y el propio don Luis H. Alvarez son partidarios del mismo y probablemente los acusados son los más insistentes en ello), lo cierto es que desde el EZLN no surgen señales de que realmente se quiera avanzar en una salida pacífica y política al conflicto: la verborragia está muy bien para ciertos auditorios, pero el hecho es que don Luis H. Alvarez sigue siendo un testigo de piedra, al que Marcos y los demás dirigentes zapatistas han ignorado y no se han dignado ya no sentarse a negociar con él, sino incluso a enviarle algún mensaje. Por eso en el gobierno federal son muchas las opiniones que sostienen que la marcha sí debe realizarse, pero que el zapatismo, antes de iniciarla, debe, por lo menos, tener un contacto formal con el propio gobierno, con don Luis y con la Cocopa, donde se establezcan sus propios compromisos que, al día de hoy, son inexistentes.
Ese silencio, esas provocaciones (¿de qué otra forma puede calificarse el tratamiento a Fox como “abarrotero cuentachiles”?) son las que han alterado y mucho, a diferentes dirigentes panistas. En el senado, Diego Fernández de Cevallos está públicamente molesto por la cantidad de concesiones que se le han otorgado a los zapatistas a cambio de nada, mientras que el gobernador de Querétaro (un hombre muy cercano al propio Diego), Ignacio Loyola, ha declarado que los zapatistas son traidores a la patria y que si pasan por su territorio los hará detener (por cierto, a ver qué hace el gobernador Loyola, porque en un comunicado de prensa, el EZLN asegura que estará en Querétaro el jueves 1 de marzo, en camino desde Ixmiquilpan, Hidalgo hacia Nurio, Michoacán) y el coordinador de los diputados panistas en la cámara baja, Felipe Calderón Hinojosa, declaró ayer que Marcos (o Sebastián Guillén, como han comenzado a llamarlo en el PAN y en el gobierno federal) debe decidir si apuesta a la guerra o a la política, y reiteró que si el EZLN no dialoga con la Cocopa, la Cocopa no podrá dialogar con el zapatismo. Luis Felipe Bravo Mena, el presidente nacional del PAN, fue más cauto, dijo que será hasta el viernes, cuando se reúna su consejo político, cuando su partido, sentará una posición oficial sobre el zapatour. En otras palabras, todo sigue estando muy confuso en torno al diálogo con el EZLN y mientras tanto, crecen la violencia y las tensiones intra e intercomunitarias en Chiapas.
El otro gran tema que debió abordar el presidente Fox ayer, apenas llegado de Alemania, fue el de la seguridad en una doble vertiente: la participación social en los programas de seguridad pública y la lucha contra la corrupción. Por lo pronto hoy, el presidente Fox estará en Tijuana tratando de lograr uno de los objetivos más difíciles en la lucha contra el crimen: involucrar a la sociedad en la misma, lograr que las autoridades locales y los diferentes grupos de la sociedad civil, asuman que la relación con el crimen organizado y el narcotráfico termina siendo una coartada, una complicidad con el mismo que les otorga a esos delincuentes su mayor plataforma social.
Pero antes de ir a Tijuana, Fox lanzó la cruzada contra la corrupción, encabezada por el contralor Francisco Barrio. Y, sin duda, ningún objetivo para reforzar la seguridad pública y nacional podrá ser alcanzado sin romper, primero, la cadena de corrupción. Falta por ver si esos objetivos pueden alcanzarse con un programa, sin duda ambicioso, pero que, con resultados tendrá que demostrar que realmente es diferente a los que en muchas ocasiones, desde la renovación moral hasta hoy, se han anunciado con casi nulos resultados.
Por cierto, la fuga de dos narcotraficantes que estaban presos en el penal de Almoloyita, en el estado de México, luego de una espectacular intercepción del vehículo en el que eran trasladados a un juzgado para un trámite legal, es un desafío más que envía el crimen organizado contra el gobierno federal y su cruzada anticrimen organizado.
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Decíamos el otro día que la liberación de los detenidos en el caso Stanley era la penúltima derrota del ex procurador capitalino Samuel del Villar, que faltaba, por lo mal llevada que estuvo esa investigación, la derrota póstuma del ex procurador (que asegura tener en su contra, una enorme conspiración en la que participan desde los medios hasta Zedillo y Salinas, pasando por las organizaciones de derechos humanos): la liberación de Oscar Espinosa Villareal por falta de méritos en la acusación en su contra. Y ayer comenzó Del Villar a recibir malas noticias en ese sentido: el tribunal contencioso administrativo del DF, decidió que el proceso contra Espinosa era “ilegal”, ordenó cancelarlo en esa vía y levantar todas las sanciones administrativas que se habían levantado contra el ex regente. Queda, es verdad, la acusación penal, pero recordemos que el juez que lleva el caso ya ha determinado que la principal prueba de Del Villar, la auditoría que se realizó de aquella administración, era ilegal, porque había sido ordenada por alguien que no tenía atribuciones para ello. Y recordemos que una vez extraditado de Nicaragua, Espinosa no podrá ser juzgado por otras causas ni con otra averiguación previa que la presentada por las autoridades capitalinas.