En lo personal, creo que Vicente Fox puede tener su foto en las boletas electorales (en todo caso el problema es para el PAN que, como partido, se ve minimizado por su candidato, pero esa es una decisión de ellos), de la misma forma que el PRI puede utilizar los colores patrios en su logotipo (como lo podrían utilizar los demás partidos). La decisión del Tribunal Federal Electoral que le quitó esa posibilidad a Fox (y que seguramente va a ratificar el derecho priísta de usar el blanco, verde y rojo en su emblema, porque no se puede aplicar en forma retroactiva una ley) es, sin duda controvertida, porque el tribunal tuvo que interpretar un vacío legal al respecto y, muy probablemente, en términos políticos tampoco es la más acertada.
En lo personal, creo que Vicente Fox puede tener su foto en las boletas electorales (en todo caso el problema es para el PAN que, como partido, se ve minimizado por su candidato, pero esa es una decisión de ellos), de la misma forma que el PRI puede utilizar los colores patrios en su logotipo (como lo podrían utilizar los demás partidos). La decisión del Tribunal Federal Electoral que le quitó esa posibilidad a Fox (y que seguramente va a ratificar el derecho priísta de usar el blanco, verde y rojo en su emblema, porque no se puede aplicar en forma retroactiva una ley) es, sin duda controvertida, porque el tribunal tuvo que interpretar un vacío legal al respecto y, muy probablemente, en términos políticos tampoco es la más acertada.
Pero no cabe duda que los magistrados del tribunal electoral no deciden en términos políticos, sino jurídicos y decidieron que los espacios en las boletas son para los partidos, no para las personas. Lo preocupante de todo esto son las declaraciones de Vicente Fox y de otros dirigentes panistas argumentando que, por esa decisión, el Trife se había convertido en un instrumento corrupto y llevado de la mano por el gobierno. Francamente es una tontería: el Trife fue una creación a pedido del PAN y apoyado por todos los partidos, sus miembros fueron electos con el voto del PAN, el PAN en múltiples ocasiones ha recurrido al Trife o a las instituciones locales similares para litigar sus asuntos: como recordaba ayer el perredista Jesús Ortega, apenas hace un mes, el PAN ganó Pachuca por una decisión avalada por el tribunal electoral. Y ahora resulta que, porque una decisión que no le benefició, el Trife es un órgano corrupto, sospechoso y gubernamental. No tiene sentido.
Fomentar la cultura de la descalificación y la sospecha va en detrimento de todos, sobre todo en un proceso electoral como el que estamos viviendo: sustentar la confianza en el IFE, en el Trife, en la compleja, cara y ciudadanizada estructura electoral que se ha construido a lo largo de años. Sin duda que tiene fallas, sin duda que en ellas puede haber personajes cuestionables o que han cometido errores, pero no se puede acusar de corrupción a una institución de estas características, como han hecho algunos dirigentes panistas sin mostrar una sola prueba, un solo testimonio, un solo argumento legal.
Y es grave, porque habrá en el proceso electoral, muchos motivos de controversia. Y si cada vez que un partido o un candidato no es beneficiado por una decisión de estas instituciones, se limita a descalificarlas, quien sea el triunfador del proceso electoral terminará, inevitablemente, a su vez descalificado. En todo caso, como ha dicho José Woldenberg, lo más sano para los partidos, sus candidatos e instituciones, es acatar las decisiones de los órganos electorales y sus tribunales “sin chistar” y en todo caso, si existe controversia, colocarla en su justo término: una cosa es una diferencia de opiniones, otra una acusación de corrupción sin mostrar una sola prueba de ello. Y esto se aplica tanto al IFE y al Trife como a la vida política cotidiana. Con la diferencia que esas son instituciones muy caras, mucho más que las de otros países, que se constuyeron así porque los propios partidos lo pidieron para tener certidumbre en los procesos electorales, y con funcionarios que los partidos también eligieron en forma autónoma. Entonces, si cualquier partido o candidato tiene pruebas de corrupción o falta de equidad en cualquiera de estas instituciones, lo que se debe hacer es mostrarlas. Y si no se tienen esas pruebas, deben -por simple ética política- aceptar las decisiones de una autoridad que ellos mismos crearon.
En este mismo sentido, tampoco se deberían ignorar otras declaraciones de candidatos que, en aras de ganar posiciones de poder (lo cual sin duda es legítimo), terminan vulnerando las propias instituciones que aspiran a gobernar. Un ejemplo, tanto Vicente Fox como Cuauhtémoc Cárdenas han dicho, paradójicamente con mucho más énfasis el primero que el segundo, que la solución al conflicto chiapaneco se dará con el retiro del ejército de Chiapas. Es más, Vicente dijo ayer en el programa de Joaquín López Dóriga que esa propuesta demostraba que él quería una solución pacífica al conflicto de Chiapas y el que Francisco Labastida no se hubiera declarado en ese mismo sentido demostraba que el candidato priísta busca una solución violenta.
En este caso se equivoca Fox. Sin duda, el cambio de su posición sobre Chiapas, se debe a la explícita intención de Fox de apoyar la candidatura de Pablo Salazar a la gubernatura estatal. El senador Salazar, tiene posibilidades reales, es impulsado por el PAN y el PRD, tiene buenas relaciones con Samuel Ruiz y la diócesis de San Cristóbal y sería visto con buenos ojos por los distintos grupos insurgentes en Chiapas. Es más, Pablo fue el secretario de gobierno en el estado durante la gestión de Javier López Moreno, un periodo en el cual, como parte de los acuerdos que tomó Manuel Camacho en los diálogos de San Cristóbal, el ejército fue retirado de toda la zona de conflicto, incluyendo de las fronteras.
Fue a todas luces un error, político, militar y de seguridad nacional. El ejército tiene responsabilidades específicas que le otorga y le impone la constitución: uno de ellos es preservar la integridad del territorio nacional y defender las fronteras. Quizás alguno no lo ha percibido, pero Chiapas es frontera, una de las más permeables y porosas del país, con un problema grave de tráfico de drogas, armas e indocumentados. Y en Chiapas existe un movimiento armado, llamado EZLN que, se comparta o no su posición, declaró el primero de enero de 1994 la guerra al estado y a las fuerzas armadas mexicanas, se levantó en armas y combatió. Es verdad que desde entonces ha habido una tregua y las cosas han cambiado: pero ni el EZLN ha dejado las armas, ni ha retirado su declaración de guerra. Cuando en 1994, se retiró al ejército de la zona de conflicto, lo que quedó, en los hechos, fue una zona liberada, bajo control del zapatismo, no del Estado mexicano.
Por supuesto que en Chiapas se debe buscar una salida pacífica al conflicto y que se podrían reposicionar tropas si así se decidiera, lo que no se puede, ni en Chiapas ni en ningún otra entidad de la república, es que el Estado renuncie a sus derechos y responsabilidades esenciales. Y la salida al conflicto, por lo menos en términos militares, es más sencilla de lo que plantea Fox: es que el EZLN, manteniendo todas sus demandas y exigencias (muchas de ellas justas) se convierta en una fuerza política legal y renuncie a las armas. Al igual, por cierto, que todas las fuerzas irregulares de signo contrario. La paz armada no es paz y ella pasa en Chiapas por el desarme de todos los grupos armados.