08-10-2015 No sé, en realidad, es difícil saberlo fuera de los dos principales implicados, cuál es el verdadero motivo del terrible conflicto legal que enfrenta a Angélica Fuentes yJorge Vergara. Sin duda, hay mucho dinero detrás, además de historias personales que cruzan todo el conflicto. Pero que un matrimonio tan poderoso en el terreno económico termine en pleitos de esa magnitud, además públicos y publicitados, no deja de ser notable.
Pero las consecuencias de ese tipo de litigios es que al convertir la justicia en un instrumento tan mediático, se juzga desde la opinión pública y, además, se recurre, con mayor asiduidad de la cotidiana, a todo tipo de chicanas y trampas para lograr un objetivo. Por eso mismo, resulta importantísimo que el Consejo de la Judicatura, que yo recuerde por primera vez con tanta rapidez, haya decidido suspender al juez Efraín López Ramírez, de Zapotlán El Grande, en Jalisco, y a su secretario de acuerdos, además de tomar control de las oficinas del juzgado para evitar que se destruya documentación sobre el caso, luego de que ese juez hubiera, en la mañana del martes, ordenado la aprehensión de Angélica Fuentes, por los delitos de defraudación por los que es acusada por su todavía esposo,Jorge Vergara.
El Consejo de la Judicatura estableció en unas pocas horas que el juez estaba juzgando a Fuentes utilizando el anterior código de justicia penal en lugar del nuevo y, evidentemente, ese tipo de falla, inaceptable, debía ser investigada para saber cómo se había dado. Hay una presunción de corrupción y así debe ser entendido e investigado. No tenemos elementos en el caso del pleito Vergara-Fuentes para darle la razón a ninguno de ellos, tampoco los tiene el Consejo de la Judicatura: lo que hay es una decisión judicial ilegal y que, por lo tanto, debe revisarse y ver si se trató de simple incapacidad o de un acto de corrupción.
Pero todo esto va mucho más allá de un caso que acapara la atención de una parte de la sociedad. Lo importante es la reacción de la Judicatura, en un contexto en el cual se ha demandado, con razón, al Poder Judicial que actúe con rapidez y dureza en casos en los cuales se cree que se torció o se vendió la justicia. Ése fue un compromiso que asumió la Suprema Corte, y su presidente Luis María Aguilar(que es presidente, también, del Consejo de la Judicatura) y que comienza a reflejarse en hechos. La propia labor interna del Poder Judicial para garantizar la transparencia en sus propios espacios de decisión es imprescindible para que la gente confíe en la justicia. Y lo actuado ante la decisión del juez de Zapotlán El Grande es una muy buena señal en ese sentido.
Porque, también, vendrá en estos días un proceso político clave para el futuro de la justicia. Se tendrá que reemplazar a los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, que terminan su largo y muy fructífero periodo en la Suprema Corte. Como se sabe, el presidente Peña tiene que enviar dos ternas al Senado de la República para que sea en esa instancia donde se designe (de las ternas propuestas) a los futuros miembros de la Corte. Se ha dicho que podría haber, incluso, una suerte de distribución partidaria de los designados.
No creo que sea así y tampoco que se puedan establecer acuerdos de ese tipo. Siguiendo la lógica que priva en este tipo de decisiones, habría que imaginarse que una de las ternas será sólo de mujeres: en la Suprema Corte de Justicia con la salida de Olga Sánchez quedaría sólo una ministra, Margarita Luna, y no creo que el presidente Peña opte por reducir aún más la cuota de género en el principal tribunal del país. Una mujer tendrá que reemplazar a Sánchez Cordero, pero resulta inimaginable que su origen sea partidario.
Siguiendo esa lógica, y asumiendo que el ministro Silva Meza es un hombre que llegó a la Corte desde el propio Poder Judicial, se antoja que su reemplazo tendrá que tener ese mismo origen. Puede ser que en ese caso se pretenda incluir algún tipo de cambio, propiciar nuevos equilibrios internos en la Corte, pero no creo que haya condiciones, hoy en día, para movimientos muy radicales en ese sentido. Muy posiblemente la otra terna estará integrada por personajes con carrera judicial, precisamente, para mantener ese equilibrio y lograr consensos.
Otra decisión importante es la posibilidad de la reelección de Édgar Elías Azar al frente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Legalmente, Elías Azar puede ser reelegido y políticamente sería un acierto hacerlo. Ha realizado un muy buen trabajo en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y tiene el respaldo de la enorme mayoría de los magistrados. Con un punto más a su favor: en pleno proceso de reforma del sistema de justicia, cuando el propio Elías Azarha estado al frente del mismo en la capital del país a lo largo de todos los años de implementación, sería un sinsentido impulsar un cambio precisamente cuando se está en la etapa final de implementación. Elías Azar repetirá en su actual responsabilidad.