19-11-2015 Desde la reforma política de 1977, la de Jesús Reyes Heroles, el sistema político y electoral del país ha sufrido numerosos cambios que tuvieron, en las de 1994 y 1997 sus principales expresiones. Las posteriores, pero sobre todo las de 2007 y más aún la de 2013, en lugar de modernizar el sistema, lo complejizaron, en lugar de abrir espacios para la participación de la ciudadanía, los cerraron, y le dieron a los partidos políticos recursos, publicidad y control electoral casi inimaginables en ningún otro sistema electoral.
En esas dos reformas, por acuerdos partidarios, se llegó a desmantelar dos consejos generales del IFE (cuyos consejeros por definición deberían ser inamovibles de sus cargos) y se creó, sin que existieran todas las condiciones idóneas para dar ese paso, un Instituto Nacional para organizar todas las elecciones en el país, al que se carga de atribuciones, pero no siempre de instrumentos legales y materiales para sacarlas adelante. Las normas se han hecho en muchos casos sin reflexionar sobre ellas y nos encontramos con causales de anulación en la que alcanza la declaración de un funcionario para que se tengan que repetir esos comicios. No podemos ir con esas leyes a los comicios de 2018.
Uno de los temas claves es el del financiamiento de los partidos, una cantidad que aumenta en forma geométrica año con año, elección con elección y que francamente indigna a la sociedad. El otro tema es el de los spots: los partidos tuvieron millones de spots en la campaña, una cantidad absurda, con un costo altísimo para las empresas de comunicación y generando un desgaste en una ciudadanía abrumada por la cantidad de anuncios sin sentido.
Pero también nos hemos encontrado con otro fenómeno. La utilización de esos spots como una vía de promoción personal de un candidato de cara al 2018. Morena no hace publicidad de su partido ni de sus candidatos: todos y cada uno de los espacios de publicidad de ese partido son para promocionar a Andrés Manuel López Obrador, quien será su candidato presidencial para el 2018. Es evidente que se trata de actos anticipados de campaña, pero se realizan en una línea gris entre el delito electoral y el margen de la ley. Lo cierto es que se trata de una condición que no puede replicar ningún otro partido por la sencilla razón de que los funcionarios públicos que podrían aspirar a estar en las boletas electorales de 2018 están impedidos de hacerlo, y los dirigentes partidarios que podrían aparecer se encuentran también atados de manos porque en sus partidos no hay definiciones tan adelantadas para esa elección. El hecho es que Andrés Manuel López Obrador ha tenido ya millones de spots gratuitos en todo el país, generando una ventaja ilícita respecto de cualquiera de sus competidores.
Se deben llenar esos huecos en la ley que violan su espíritu y su letra. Pero también se debe reducir el número exorbitante de anuncios para los partidos y autoridades electorales, antes y durante las campañas. Y se debe aceptar algo que fue uno de los principales errores de la reforma de 2007, contra el que varios periodistas, intelectuales y analistas nos amparamos porque constituye una violación a nuestros derechos políticos: el derecho a contratar espacios publicitarios para expresar nuestras opiniones sobre temas políticos y electorales. Es inconcebible que se le haya quitado ese derecho a la sociedad y se lo hayan dejado exclusivamente a las dirigencias (porque no a la militancia) de los partidos políticos. De allí han surgido engendros.
Y otro tema que no debería ser menor es el de la segunda vuelta electoral para la elección presidencial, y quizás también de gobernadores. La segunda vuelta era rechazada, creo que con razón, cuando se tenía sólo dos o tres fuerzas competitivas, y cualquier candidato podía acercarse, por sí solo, a contar con una mayoría. Ya no es así y con un sistema pulverizado entre por los menos cuatro o cinco partidos competitivos, con otros tres o cuatro en condiciones de realizar alianzas, más la posibilidad de la emergencia de candidatos independientes, es muy probable que cualquiera pueda ganar la elección de 2018, teniendo un 25 o 28% de los votos.
Se deben establecer mecanismos para darle gobernabilidad a quien sea que gane y eso tendrá que surgir de una segunda vuelta electoral, donde se puedan establecer acuerdos que posteriormente se reflejen en la vida legislativa. De otra forma, quien sea el próximo mandatario tendrá márgenes de gobernabilidad y representatividad terriblemente acotados. La segunda vuelta puede tener muchos mecanismos diferentes, como el argentino, en el que se evita ir a una segunda vuelta si el ganador tiene más del 40% de los votos pero con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. O como en otros países, donde se puede ir directamente al ballotage si nadie obtiene mayoría absoluta propia. En un sistema de varios partidos competitivos parece la mejor solución para garantizar gobernabilidad.