23-11-2015 A mitad del sexenio, me preguntaron el jueves en un magnífico encuentro realizado por el periódico El Financiero, ¿ha funcionado la nueva estrategia de seguridad? Algunos se sorprendieron cuando opiné que, respecto al sexenio pasado, en realidad la estrategia de seguridad no había cambiado, lo que había cambiado eran las políticas, pero que para encontrar una respuesta había que ir más allá y concluir que en términos reales no hay una estrategia de seguridad definida, de largo plazo, y por eso los resultados terminan siendo a veces buenos, pero endebles, insuficientes, con luces, pero también con sombras.
Hay muchas definiciones de estrategia, quedémonos con la que especifica que una estrategia es un plan que establece una serie de pasos o de conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo, en este caso, como lo plantea la actual administración federal, lograr un México en paz, o sea un país donde la gente pueda vivir y desarrollarse sin temor a que la extorsionen, le roben, la secuestren. La estrategia, en cualquier sentido, es una puesta en práctica de la inteligencia y el raciocinio.
Pues bien, si nos basamos en estas definiciones, no tenemos una estrategia de seguridad en el país: tenemos una suma de políticas, en muchas ocasiones contradictorias, en otras complementarias, que no dan una estrategia. No podemos hablar de tener una estrategia de seguridad cuando, por ejemplo, no sabemos qué hacer con las policías, la federal, las estatales y las municipales, ni existe una vía para darle a las corporaciones policiales un perfil y unos mecanismos de operación y formación comunes en todo el país. ¿Queremos mando único, por ley, en los estados, o no? ¿O mejor queremos un sistema mixto donde ese mando único se pueda compaginar con espacios sólo para ciertas policías municipales que sí están en condiciones de cumplir su labor? ¿O preferimos que cada estado o municipio decida qué quiere hacer al respecto?
¿Qué papel va a jugar la policía federal? ¿Queremos una Policía Federal que sea, por lo menos, normativa y dirija y oriente al resto de las policías del país o no? ¿Vamos a hacer crecer a la Policía Federal, o al cuerpo de gendarmería, como se pensaba al principio del sexenio, para que progresivamente vaya reemplazando a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interior? Porque si es así necesitamos cuatro veces más elementos de la Policía Federal de los que tenemos ahora, con una formación y preparación superior. ¿O mejor, como sostienen otros, seguimos desarrollando las policías militares para que de alguna forma se vayan haciendo cargo de la seguridad en los ámbitos locales, financiadas por los propios estados?
Pero, ya que hablamos de las fuerzas militares en la seguridad ¿cómo se puede pensar que existe una verdadera estrategia cuando el Congreso desde el sexenio pasado les niega a soldados y marinos una ley que les dé seguridad jurídica en su accionar? Tampoco se ha querido legislar desde el sexenio pasado respecto al modelo policial: hizo propuestas importantes el presidente Felipe Calderón (que, pese a las contradicciones en el sector, creo que sí tenía una idea muy clara de hacia dónde quería llegar en ese ámbito a partir de la Policía Federal), y también las ha hecho el presidente Enrique Peña (que creo que tiene una idea más clara de lo que no quiere repetir del sexenio pasado que de lo que debe construir en éste), pero no han pasado por el congreso ni unas ni otras.
Pero es más grave aún: el tema no está en el debate público ni tampoco en el político-partidario. Queremos debatir sobre la legalización de la mariguana, pero no sobre la estrategia de seguridad en el país ni sobre el modelo policial; tampoco sobre el judicial (¿realmente estamos preparados para que en junio próximo entre en vigor en todo el país el nuevo sistema acusatorio y oral?); sobre el penitenciario (¿se puede garantizar la seguridad en el país cuando no se puede controlar lo que sucede dentro de los penales o cuando se deja que éstos sean “gobernados” por los propios reclusos?). No recuerdo un solo debate sobre quién o quiénes deben ser los responsables de la información y la inteligencia del Estado (¿hasta dónde y en qué el Cisen? ¿Qué pasó con Plataforma México, y sus activos materiales y humanos? ¿Hasta dónde debe operar la inteligencia militar? ¿Tienen los estados derecho a establecer sus propios sistemas de inteligencia?), tampoco sobre los recursos que se requieren para establecer una estrategia de seguridad realmente viable (Colombia para obtener los resultados que buscamos ha invertido seis veces más que nosotros en seguridad).
Decía Séneca que cuando un navío no sabe hacia dónde se dirige ningún viento le es favorable. Y nosotros, como país, no estamos teniendo la claridad suficiente para darle al navío de la seguridad un rumbo claro, con un puerto al cual llegar.