Andrés Manuel López Obrador estaba prácticamente obligado a presentar una apelación en el caso Stanley y deberá estar preparado para enfrentar otro fallo adverso: el de Óscar Espinosa Villarreal. En estos dos casos la procuridaría del DF ha cometido muchos errores al basarse exclusivamente en una prueba, endeble, para contruir todo el caso. La prueba ha fallado en los dos casos, pero en el caso de Espinosa falló otra cosa: el problema no es la malversación, las verdaderas dudas sobre su labor residen en su pasado cuando participó como secretario de Finanzas de la campaña electoral priista del 94, y del enorme agujero financiero que dejó en Nacional Financiera.
Como decía ayer Ciro Gómez Leyva, el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, estaba prácticamente obligado a presentar, como fuera, tibia o a medias, una apelación en el caso Stanley. No nos equivoquemos, está se llevará meses y, como no se podrán presentar nuevas pruebas ni líneas de investigación sobre los anteriores acusados, tendrá el mismo resultado que el proceso en el que aquellos fueron absueltos la semana pasada.
Es verdad, la apelación es una exigencia política para López Obnrador, pero el jefe de gobierno capitalino tiene, independientemente de ello, que comenzó a evaluar con otros ojos y de distinta forma, toda la gestión de Samuel del Villar en la procuraduría capitalina y considerar hasta que punto va a seguir pagando los errores políticos del ex procurador, que aún continúa siendo su asesor. Porque una cosa es decidir apelar (en última instancia lo mismo que hizo la PGR de Jorge Madrazo con buena parte de las investigaciones iniciadas y perdidas por Pablo Chapa Bezanilla) y otra, muy distinta, es respaldar públicamente a personajes que tanto daño le han hecho a los gobiernos perredistas en la capital del país.
Y ello es especialmente importante porque en los próximos días, López Obrador tendrá que estar preparado para enfrentar otro fallo adverso: el de Oscar Espinosa Villarreal. Ya recordábamos ayer que el del ex regente capitalino es el único caso importante que tuvo Del Villar que le falta por perder. Y la decisión del tribunal de lo contencioso administrativo del DF, declarando ilegal y nulo parte del proceso que en ese ámbito habían iniciado las autoridades capitalinas contra Espinosa comienza a convertirse, muy probablemente, en un punto de no retorno para la ambiciones de la anterior procuraduría de meter en la cárcel a Oscar Espinosa.
Es verdad que el fallo del contencioso administrativo (que es apelable) es independiente del juicio penal contra Espinosa, pero ambos procesos, el penal y el administrativo (que tiene como objetivo, sobre todo, suspender los derechos de Espinosa para ser funcionario público) están basados en las mismas acusaciones y en las mismas pruebas para demostrar que Espinosa malversó 420 millones de pesos cuando era regente. En ese sentido, si el tribunal especializado en el tema, ha decidido (en una votación dividida y a pesar de que la presidenta del tribunal, Victoria Quiroz, ayer en la tarde, más de 24 horas después de que se conoció la resolución, estuvo desestimando la importancia de esa resolución), que la acusación es infundada y que el ex regente cumplió con todos los pasos administrativos del marco regulatorio vigente, sería incomprensible que el juez penal, con las mismas pruebas y elementos, pudiera dictar una sentencia contra el ex regente. Porque si no hubo falta administrativa y se respetaron los procedimientos, entonces tampoco hubo delito.
El punto es doblemente grave para la fiscalía porque al estar el acusado en Nicaragua y haber solicitado su extradición, el gobierno del DF en buena medida se ha atado de manos respecto a Espinosa: si logra la extradición (el proceso en sí comenzó ayer y el tribunal nicaragüense tiene tres días para tomar una decisión), sólo puede enjuiciarlo por los cargos establecidos en la solicitud de extradición y con base al expediente que utilizó para ello, sin poder presentar nuevas pruebas y evidentemente sin incluir tampoco otros delitos. Eso quiere decir que una vez extraditado Espinosa hacia México, la procuraduría del DF ya no podrá agregar nada al expediente y éste, con la resolución del tribunal contencioso, sumada a la decisión del juez que lleva la causa, de rechazar la que era la principal prueba de la fiscalía (una auditoría que el juez declaró no válida porque no había sido ordenada por alguien autorizado para ello) se torna francamente endeble.
Aquí la procuraduría del DF ha cometido, una vez más, muchos errores. En la investigación que llevó a cabo Del Villar, al igual que hizo con el caso Stanely, la procuraduría se basó exclusivamente en una prueba, que además era endeble, para construir todo el caso. La prueba ha fallado ya en dos oportunidades (como les falló el cocinero en el caso Stanley) y ahora toda la investigación se puede derrumbar. Pero, además, falló otra cosa: el problema con Espinosa no es esa malversación, supuesta o real, de 420 millones de pesos en el área de comunicación social durante su administración. Las verdaderas dudas sobre la labor de Espinosa residen en su pasado: en su participación como secretario de Finanzas de la campaña electoral priísta del 94 y, antes, del enorme agujero financiero que dejó en Nacional Financiera, que algunos estiman en miles de millones de dólares.
Pero nadie se ha acercado a esos temas, no han sido investigados y tengo entendido que ya han prescripto legalmente si se investigaran y se encontraran en esas gestiones algunas irregularidades. Se podrá argumentar que Al Capone fue a la cárcel no por ser el jefe de la mafia de Chicago sino por evasión de impuestos, pero lo cierto es que a Al Capone, los intocables de Elliott Ness le demostraron, con pruebas, que sí evadía impuestos y lograron encerrarlo en la cárcel por el resto de su vida, mientras que aquí, las pruebas se están cayendo en forma irremediable.
¿Eso quiere decir que Espinosa es inocente de toda acusación?. Probablemente no, pero queda en claro que la procuraduría capitalina no ha podido demostrar su culpabilidad en el tema en el que lo está acusando. Y si la absolución de los detenidos del caso Stanley ha sido un durísimo golpe para la administración López Obrador, si el día de mañana, Espinosa Villarrreal queda en libertad el golpe será doble. Se podrá argumentar que, en última instancia, López Obrador no inició esos procesos y que, por lo tanto, no tiene porqué pagar el costo político de esos graves errores a la hora de procurar justicia. Pero esa es una verdad a medias, porque al apoyar a Del Villar públicamente y avalar su actuación, López Obrador compra, voluntariamente, un boleto en el tren de desatinos del anterior procurador que puede terminar costándole muy caro.
López Obrador debe poner distancia con Del Villar y todo lo que él representa, primero, porque de otra forma está atando de manos al actual procurador Bernardo Bátiz, que es un hombre bien intencionado y honesto, y segundo porque lo hecho en término de procuración de justicia por la anterior procuraduría, rompe con todos los principios de honestidad y rectitud que López Obrador gusta de enarbolar como propios y quiere para su administración. Y recordemos que la ineficiencia, a esos niveles, es, también, una forma de corrupción.
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Y hablando de corrupción. Ayer nos confirmó en la segunda emisión de Informativo MVS, secretario técnico de la comisión intersecretarial de combate a la corrupción, Hugo Gutiérrez Dávila, que sí habrá agentes encubiertos dependientes de la Secretaría de la Contraloría de la federación para detectar los lugares donde existe corrupción e iniciar investigaciones en ese sentido. Serán una suerte de policía interna en la propia administración pública para detectar la corrupción y sus agentes. Se trata, sin duda, de una medida arriesgada que tendrá muchas interpretaciones disímiles, pero puede ser una puerta para ingresar en un mundo que, hoy, el foxismo no termina, siquiera, de conocer y reconocer.