Sin lugar a dudas las condiciones de trabajo de la mayoría de los maestros de la república, sobre todo en el sur-sureste del país, son difíciles y sus remuneraciones, a pesar de los incrementos que se han otorgado en los últimos tiempos, están lejos de ser las justas y necesarias para tener un sistema educativo realmente eficiente. Tampoco es una novedad que en buena medida, la formación de los maestros está lejos de ser la que requiere ese mismo sistema para ser eficiente. Parece ser un círculo vicioso en el cual la falta de capacidad profesional se justifica con la insuficiencia salarial y ésta busca justificarse en las limitaciones en la formación profesional: lo cierto es que en ese contexto, la que se deteriora día con día es la educación pública, particularmente en los estados más pobres del país.
Sin lugar a dudas las condiciones de trabajo de la mayoría de los maestros de la república, sobre todo en el sur-sureste del país, son difíciles y sus remuneraciones, a pesar de los incrementos que se han otorgado en los últimos tiempos, están lejos de ser las justas y necesarias para tener un sistema educativo realmente eficiente. Tampoco es una novedad que en buena medida, la formación de los maestros está lejos de ser la que requiere ese mismo sistema para ser eficiente. Parece ser un círculo vicioso en el cual la falta de capacidad profesional se justifica con la insuficiencia salarial y ésta busca justificarse en las limitaciones en la formación profesional: lo cierto es que en ese contexto, la que se deteriora día con día es la educación pública, particularmente en los estados más pobres del país.
Paradójicamente, el conflicto magisterial parece estar discurriendo precisamente por otros carriles, completamente diferentes, a los profesionales. Los propios dirigentes de los grupos políticos (que no sólo sindicales) que han trasladado miles de maestros de Michoacán, Guerrero, Chiapas y sobre todo Oaxaca, al Distrito Federal para realizar innumerables plantones, marchas, bloqueos que han desquiciado la vida capitalina, han declarado que su objetivo no es el mejoramiento salarial, sino una serie de demandas que van desde una indeterminada revolución educativa hasta la libertad de los presos del CGH o del dirigente del Frente Francisco Villa, Alejandro López Villanueva, alias El grandote acusado de ser el autor material del asesinato del magistrado Abraham Polo Uscanga. Evidentemente, un pliego petitorio de esas características que involucra elementos salariales que según los propios manifestantes han quedado en segundo término, pero que de todas formas son imposibles de satisfacer como un aumento salarial de 100 por ciento, hasta reformas educativas de fondo que no definen, pasando por pleitos judiciales que involucran tanto a la Procuraduría General de la República como del Distrito Federal, es literalmente irresoluble. No hay negociación posible en esos términos.
Ahora bien, ese no era el pliego petitorio original del magisterio disidente: movilizaron a sus bases reclamando el aumento salarial del 100 por ciento y lo hicieron de la forma más tradicional del más antiguo corporativismo: quien no se movilizara, como ocurrió en Oaxaca, tendría un descuento salarial que llegó hasta los mil 500 pesos mensuales, cantidad que generosamente en ese estado (y también en los otros que están en conflicto), las autoridades locales aceptaron descontar de los pagos de los maestros que no se plegaron al paro, salarios que por cierto han pagado en forma íntegra a los maestros que sí están en paro, incluso ofreciendo facilidades para que dirigentes sindicales pudieran cobrarlos por "poder" y, supuestamente, traérselos a sus agremiados movilizados en la ciudad de México. Así, evidentemente, los gobernadores están siendo, voluntaria o involuntariamente, los que están financiando este movimiento al que literalmente expulsaron de sus estados para que se trasladara al DF.
Pero, para colmo, ahora el mismo el conflicto ha asumido otra dimensión con el enfrentamietno que se ha generado entre el gobierno capitalino que encabeza Rosario Robles y el gobierno federal, particularmente la secretaría de Educación Pública, que está al mando de Miguel Limón Rojas. Y en ese conflicto institucional pareciera que los dos tienen una parte de razón cuando en realidad ambos están equivocados.
El gobierno del DF sostiene que el problema no es suyo, que las autoridades federales deben recibir a los maestros y solucionarles sus demandas para así evitar que la capital continúe estando estrangulada por los miembros de la CNTE. El gobierno federal tiene razón al decir que poco puede negociar con los maestros cuando, desde la federalización de la educación, sus demandas, que corresponden a cada una de las secciones sindicales del SNTE, se negocian en sus respectivos estados y cuando, además, existe un acuerdo con el sindicato nacional, del cual la Coordinadora sólo es una fracción minoritaria, y no pueden ni deben negociar desconociendo a los representes sindicales nacionales.
El punto adicional a estos razonamientos, en su versión negativa, es que el gobierno de Rosario Robles estima que este movimiento está impulsado por el gobierno federal para presionar al capitalino y así afectar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, mientras que en el ámbito federal se considera que estos movimientos magisteriales están controlados, en realidad, por el propio PRD, que los ha traído a la capital para presionar al gobierno federal y en este sentido al priísmo, sabiendo que sus demandas son irresolubles. Todo ello con un fantasma que esgrimen las dos administraciones, la del DF y la federal: el de la represión que ambos creen que sus adversarios quieren impulsarle a ejercer.
Evidentemente no habrá represión contra este movimiento y cada uno, el gobierno federal y el capitalino, el priísta y el perredista, pagarán sus costos por ello. No puede haberla, por lo menos hasta el 2 de julio, hacerlo antes sería mucho más costoso para cualquiera de los protagonistas. Pero entonces el deterioro del conflicto será cada vez mayor.
Rosario Robles sostiene que la administración federal quiere obligarla a reprimir el movimiento y ha dicho que no lo hará. Ha llegado a decir Rosario que éste no es un problema de circulación en la ciudad sino un problema político. Es verdad, pero da la casualidad que su obligación es garantizar un derecho mayoritario de la población capitalina, que es la libre circulación y no lo está haciendo. Es verdad que es un conflicto político y que el gobierno federal podría llegar a un tipo de negociación con los maestros y tampoco lo está haciendo. Queda en su descargo el argumento de que el pliego petitorio de los maestros disidentes no es negociable y lo único que se logrará será una nueva mesa de diálogo estilo San Andrés, en Chiapas o como la que se estableció con los huelguistas de la UNAM. El modelo es el mismo, y las organizaciones que están detrás de este movimiento son también las mismas y si bien, como el Frente Francisco Villa y los sectores periféricos del Frente Zapatista, no pertenecen al PRD, lo cierto es que mantienen alianzas con éste que trascienden, particularmente en el caso de la capital, lo meramente electoral. En este sentido, no tiene lógica establecer un mecanismo de negociación sobre esos temas.
Pero tampoco se puede caer en el inmovilismo o la negligencia. En el inmovilsimo porque hay dependencias federales clave, como la SEP, que apenas hace un par de días que han comenzado a dar luz sobre el conflicto y lo único que han manifestado es que nada pueden hacer. Y ello quizás en el plano legal es así, pero en lo político la posición es incomprensible. La negligencia, porque los gobernadores de todos los estados involucrados son priístas pero ninguno de ellos pareciera estar haciendo un esfuerzo particular, personal para atraer el conflicto a su ámbito. Por el contrario, se multiplican las denuncias respecto a que son precisamente esos gobiernos locales los que están, directa o indirectamente, financiando el movimiento. Así nadie gana nada.
