14-04-2016 Me imagino que en el gobierno federal y en el congreso deben estar arrepentidos de no haber sacado adelante las leyes del sistema anticorrupción en el pasado periodo ordinario del congreso, que concluyó en diciembre, porque ahora los tiempos les han alcanzado y ese debate que debería ser sobre todo jurídico y de especialistas se ha contaminado con el proceso electoral e incluso, como decíamos ayer, con lo que está sucediendo en otros países como Argentina y Brasil, y si bien, existen acuerdos en casi el 90 por ciento de los puntos que se deben incluir en las nuevas leyes, las divergencias son importantes y se arrastrarán prácticamente hasta el día de las elecciones: la fecha límite para tener las leyes reglamentarias es el 28 de mayo, las elecciones son una semana después, el 5 de junio.
El debate en el senado sobre las siete leyes reglamentarias del sistema nacional anticorrupción sigue y las posiciones están encontradas, básicamente en dos o tres puntos: el primero es la generalización del llamado tres de tres, o sea que todo funcionario público de todo nivel haga pública su declaración de bienes, de intereses y fiscal. El segundo punto que concentra las diferencias son las atribuciones y características que tendría el llamado fiscal anticorrupción. Y la tercera, son aspectos operacionales, como la legitimidad de pedir intervenciones telefónicas para indagar presuntos casos de corrupción.
El tema del fiscal anticorrupción parece ser central. Para el PAN es irreductible incluir en las discusiones y dictámenes, la Ley Orgánica de la Fiscalía General, porque, argumentan, no tendría ningún sentido ir a un Sistema Anticorrupción si no se cuenta con un Fiscal especializado que tenga verdadera y plena independencia política, técnica y de gestión. Quieren un fiscal con autonomía, dientes y presupuesto propio para que, dicen, tenga oportunidad de prevenir, corregir y sancionar y sirva para dar satisfacción a la exigencia ciudadana de aplicar la ley por igual, sin distingo de partidos políticos. El Fiscal, para el panismo, es la pieza clave, el eje central para que opere al cien por ciento el Sistema Nacional Anticorrupción. EL PRD apoya esa posición panista.
El PRI matiza el tema. Darle tales atribuciones a un fiscal, consideran que es otorgarle poderes que van por encima de otras instituciones del Estado, y además consideran que debe existir una propuesta del presidente que sea la que vote el senado. En los hechos la fiscalía ya está creada, pero como no existe un fiscal no se puede echar a andar, aunque en la oposición existe la idea de deslindar la fiscalía anticorrupción de la propia PGR, pese a que la norma actual la coloca en un espacio autónomo similar al que tiene la fiscalía para delitos electorales, la FEPADE.
Ayer, la Comisión Anticorrupción del Senado, presidida por Pablo Escudero, presentó un segundo proyecto de trabajo con 170 modificaciones realizadas al documento original. Según Escudero, el documento tiene una visión más amplia y plural que los anteriores, e incluso precisa los artículos propuestos por cada legislador, y las adecuaciones realizadas. Entre los cambios, dispone que las declaraciones de intereses y patrimonial puedan ser revisadas por el Ministerio Público en caso de que se presenten denuncias. Además, dichas declaraciones deberán ser presentadas bajo juramento de verdad y obligatorias, pues de no presentarse en los primeros 30 días después de asumir el cargo, se les podría separar del mismo.
El problema es que ahora PAN y PRD dicen que serán inflexibles con el tema del 3 de 3, o sea de que se deban presentar las declaraciones fiscales, de conflicto de intereses y de bienes de todo funcionario, federal o local pero incluso de los proveedores del Estado, grandes o pequeños y hacerlo todo público. Parece una exageración, pero lo que sucede es que el tiempo electoral alcanzó el debate anticorrupción, que no se pudo cerrar en diciembre y ahora las propuestas de leyes han dejado el ámbito técnico jurídico para convertirse, también, en instrumentos electorales.
Contingencia y marchas
Ya, de verdad: ¿no cree usted que se deba legislar con seriedad sobre el tema de las marchas y bloqueos en la CDMX?. Lo ocurrido con diversas marchas, sobre todo la del Frente Francisco Villa, es inaceptable en general y en días de contingencia y cuando se están tomando medidas de emergencia como el Hoy no Circula generalizado resultan un insulto a la ciudadanía. Existe, es verdad, un derecho a manifestarse, pero se puede legislar para que, sobre todo en tiempos de emergencia ambiental, ese derecho se manifieste en plazas, estadios, parques, espacios cerrados. Es una limitación, sí, pero también existe un derecho a la libre circulación que es limitado para los ciudadanos con normas como el Hoy no Circula. ¿Por qué no poner límites a las marchas y bloqueos?¿por qué un puñado de manifestantes puede paralizar una ciudad que está en emergencia ambiental?. Es un insulto para los ciudadanos.