Óscar Espinosa Villareal deberá pedir licencia para separarse de su cargo de secretario de Turismo mientras continúa la investigación en torno a la supuesta malversación de fondos por 420 millones de pesos durante la administración que le tocó encabezar de 1994 a 1997 en el gobierno del DF.
Óscar Espinosa Villareal deberá pedir licencia para separarse de su cargo de secretario de Turismo mientras continúa la investigación en torno a la supuesta malversación de fondos por 420 millones de pesos durante la administración que le tocó encabezar de 1994 a 1997 en el gobierno del DF.
Sin duda el proceso penal iniciado en su contra por la procuraduría que encabeza Samuel del Villar, tiene una clara intención electoral (simplemente, la investigación se inició desde 1998 y se hizo estallar hasta ahora), sin duda quedan demasiados agujeros negros en la misma para saber si se cometió o no un delito (aunque todo indica que si no hay delito por lo menos hubo una ligereza en el manejo de los recursos francamente preocupante), pero Óscar Espinosa tampoco tendría que poner en duda que su situación ha dejado de tener márgenes de protección en el seno del propio gobierno federal: al contrario, cada día que pasa y que Óscar Espinosa continúa en el gabinete le está haciendo, si es inocente, un daño enorme a su propia causa, pero también al gobierno federal y a los candidatos priístas. Y si es culpable, será demoledora para todos ellos.
Casi todos parecen ya haberse percatado de esa creciente debilidad y del flanco que abrió nada menos que la presidencia de la república con la defensa inusual e inmediata que hizo de Espinosa. El error comenzó con el comunicado presidencial: en los hechos la presidencia de la república exoneró a Espinosa de cualquier delito cuando la demanda en su contra apenas se presentaba y cuando todo indicaba que no había habido tiempo para analizar a fondo la misma: se la vio (e insistimos, lo es) como una maniobra electoral para afectar al priísmo en la capital. Pero el que sea maniobra electoral no tiene porqué convertirla también en una falsedad. Y la presidencia al actuar en automático, le dio mayor relieve a la cuestión: los impugnadores de Espinosa saben que ahora, gratuitamente, se les permitirá elevar el objetivo: ya no es el ex regente sino el régimen y la administración Zedillo la que puede quedar en entredicho.
Y es que nunca antes la presidencia de la república había actuado como lo hizo en defensa de Óscar Espinosa. En todos los casos en los cuales hombres o mujeres del gabinete o del equipo pesidencial habían sido acusados directa o indirectamente, en México o en el extranjero, de delitos, incluso mucho más graves que los de Espinosa, la administración Zedillo siempre había tenido la norma de que fueran las autoridades judiciales o los investigadores policiales los que hicieran su trabajo e incluso una vez demostrada su inocencia, tampoco la presidencia emitió comunicado alguno festejando ese hecho. Son notables al respecto, las acusaciones, que se demostraron completamente infundadas, que se hicieron contra el secretario particular y principal operador del presidente Zedillo, Liébano Sáenz, por su presunta relación con el narcotráfico. Liébano pidió él mismo una profunda investigación en México y en el extranjero y, cuando después de un año quedó confirmado que las acusaciones eran infundadas, él mismo envió un comunicado a los medios dando fe de ese hecho. No hubo ningún gesto público de la presidencia para defender o apoyar públicamente a uno de sus principales hombres. Ha sucedido lo mismo con muchos otros funcionarios indiscutiblemente cercanos y leales al presidente Zedillo.
La línea siempre había sido que los tribunales o los investigadores decidieran y dieran a conocer los resultados. Incluso en alguno de los casos más controvertidos que ha abordado la justicia en los últimos años, como los relacionados con los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, nos consta que en el ámbito gubernamental se sabía que muchas de las investigaciones que estaba realizando el entonces fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla no estaban bien manejadas y en varios casos había filtraciones y acusaciones infundadas. Incluso en esos casos la decisión presidencial siempre había sido dejar que fuera la propia justicia la que llevara el caso y decidiera: a Chapa Bezanilla se lo corrió cuando se comprobó no sólo que las investigaciones estaban manipuladas, sino que se había delegado a un grado tan grotesco de sembrar cadáveres para hacer valer sus pruebas y se estaban malversando recursos.
¿Entonces porqué ahora sí?. La respuesta en la opinión pública es inevitable, aunque no necesariamente sea la correcta: se defiende a Óscar Espinosa porque es el hombre que estuvo al frente de las finanzas de la campaña presidencial del 94 y ahí hay algo que ocultar. Insistimos: no nos consta ni que en esa campaña necesariamente haya habido malos manejos financieros ni que tampoco ahora haya habido un desfalco en el DF, aunque en una y en otra (y antes en Nacional Financiera, marcando una pauta de conducta del funcionario) haya habido por lo menos un grave desorden financiero, pero con la defensa a priori de Espinosa ése el mensaje que están enviando a la opinión pública y paradójicamente ello deja al propio Espinosa, al gobierno y al PRI en una situación cada vez más difícil.
Es más: lo que no había provocado ningún otro hecho ni ningún otro tema de la agenda lo que está generando el caso Espinosa. Saben de tal forma en el equipo de campaña de Francisco Labastida lo letal que puede ser el caso Espinosa para su causa que por primera vez se perciben signos de ruptura, de distancia real entre el equipo de campaña y la presidencia en un tema realmente importante. Mientras la presidencia lanzó la defensa del secretario de Turismo, Labastida ha sido mucho más cauto: primero, prefirió no pronunciarse sobre la responsabilidad o no del funcionario en la acusación que se le hace; en el fin de semana fue mucho más allá y comenzó a sugerir la necesidad de la renuncia: dijo Labastida que es decisión del propio Espinosa decidir si va o no a renunciar y agregó que no debe quedar la impresión en la opinión pública de que se está refugiando en un fuero para no ser investigado. El candidato del PRI en el DF, Jesús Silva Herzog, en lo que ya es una pauta de conducta, no ha declarado nada al respecto: ni lo defiende ni lo apoya, sino todo lo contrario.
Es lógico: el PRI no puede votar en la cámara porque se le mantenga el fuero a un secretario acusado de un desfalco sin que durante el resto de la campaña no se convierta en issue de sus opositores el que el PRI defiende delincuentes, sea o no cierta la acusación. Si lo deja a la conciencia de los legisladores, muchos de los tricolores terminarán votando por el desafuero porque no querrán, por lo mismo, terminar asumiendo costos que no consideran suyos. Si se logra el desafuero, la oposición tendrá un triunfo que, como dijimos, no alcanzará sólo a golpear al ex regente sino a la propia administración Zedillo como un todo. Para Labastida, desligarse de este tipo de hechos es imprescindible en la dinámica de una campaña donde su ventaja se está estrechando en forma harto preocupante para su causa y cuando ya, como consecuencia de los acuerdos y amarres que debieron hacerse para confeccionar las listas de diputados y senadores, hay demasiados representantes del viejo PRI en el supuestamente nuevo.
Queda todo en manos de Espinosa y de su conciencia, individual y política. Si no pide licencia y no se abre a la investigación, quizás pueda evitar que la denuncia penal prospere, pero su nombre quedará inevitablemente enlodado. Si pide licencia, si acepta la investigación, si da la pelea, podrá ganar o perder, pero por lo menos no quedará como que su partido y el gobierno del que forma parte están tratando de protegerlo de la acción de la justicia.
