El lunes en El Bosque, una comunidad ubicada en el norte de Chiapas, un grupo armado, parapetado tras barricadas construidas profesionalmente, armado con armas largas, con los rostros tapados con paliacates y con botas tipo militar, atacó a un grupo policial que estaba buscando, supuestamente, a gavilleros que habían sido denunciados por la población.
El lunes en El Bosque, una comunidad ubicada en el norte de Chiapas, un grupo armado, parapetado tras barricadas construidas profesionalmente, armado con armas largas, con los rostros tapados con paliacates y con botas tipo militar, atacó a un grupo policial que estaba buscando, supuestamente, a gavilleros que habían sido denunciados por la población.
Siete hombre, siete policías, murieron en el ataque, todos con un disparo de gracia en la cabeza. Inmediatamente surgieron las más diversas versiones que hablaron, incluso, de un resurgimiento de actividades armadas en la zona. El problema que se plantea en la región es, sin embargo, más complejo. Hace ya un par de años hubo un muy cruento y publicitado enfrentamiento en El Bosque que tuvo características similares a éste, con la diferencia de que, entonces, se atacó a fuerzas militares y éstas repelieron el ataque, con víctimas de ambos bandos. Sin embargo, antes como ahora, no quedó muy en claro qué sucedió en El Bosque.
En esa zona confluyen muchos elementos que hacen compleja la situación y torna difícil identificar a los actores de actos criminales que pueden ser tan perturbadores como los señalados. Se trata de una región con mayores recursos que otras de las cañadas o la selva, donde se originó el conflicto zapatista; es una región que ha tenido una buena producción cafetalera, basada, en organizaciones comunales y en plantíos familiares. En esas comunidades, por una parte, existe una presencia real de priístas que rechazan el zapatismo, al que culpan de su declive económico ya que ha buscado "socializar" muchas fincas familiares o de cooperativas locales. Muchos de estos grupos, que han sido atacados por sus adversarios, se han armado.
Es una zona con presencia zapatista, pero ella se da, también, con características especiales: allí, al inicio del conflicto llegaron fuerzas zapatistas, armaron a las comunidades y a las familias disconformes, pero los dejaron relativamente abandonados, sin un contacto estrecho con los principales mandos de esa organización. Son parte de las llamadas bases zapatistas que, como aparentemente ocurrió con el enfrentamiento de hace unos años, pueden actuar militarmente sin órdenes de su organización. El contacto existe pero no es el más estrecho. Ello ha propiciado, además, la presencia de otras organizaciones más radicales, como el EPR, que se aprovecharon del relativo aislamiento de esos grupos zapatistas para coptar algunos de ellos. Se trata, finalmente de una zona con presencia de grupos armados que no responden a ningún fin político y, también, con presencia del narcotráfico y el crimen organizado. En síntesis, allí sobran las armas y es poca la ley. Es verdad que se había avanzado en el regreso de ciertas comunidades desplazadas y en atenuar la violencia, pero mientras existan tantas armas sin control, cualquier chispa puede encender la pradera.
Las autoridades federales atrajeron el caso y lo pusieron bajo la responsabilidad de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos por probables grupos civiles armados de la PGR. No dejó de llamar la atención que los agresores, luego del ataque, se apoderaron de las armas que portaban las víctimas, lo que despertó las versiones de que se habría tratado de una acción de "recuperación" de armas por algún grupo guerrillero.
El martes estuvieron en Chiapas diversos funcionarios federales, entre ellos varios representantes de la PGR, el subsecretario de Seguridad de la SG, Jorge Tello Peón (ya recuperado de la grave enfermedad que lo tuvo postrado durante los primeros meses del año) y el comisionado Emilio Rabasa. Sin embargo, fuentes de alto nivel del gobierno federal han descartado la posibilidad de que una acción de este tipo hubiera sido ejecutada por las bases zapatistas: no está en la lógica actual del EZLN una actitud de ese tipo. Pero no descartan otras tres opciones: que haya sido una acción del narcotráfico o de alguno de los grupos armados de origen criminal que pululan en la zona. Otra hipótesis es que pudiera ser un ataque de grupos locales contra el presidente municipal que participaba de esa operación policial. Finalmente, se podría tratar de alguna de las organizaciones relacionadas con el EPR o alguna de sus derivaciones.
Habrá que esperar para ver cómo concluyen las investigaciones pero, por lo pronto, lo ocurrido en El Bosque es una llamada de atención sobre la situación en Chiapas, un estado en el cual, para las elecciones locales de agosto próximo, las fuerzas políticas estarán crudamente polarizadas entre el priísta Sami David y el candidato único de la oposición, Pablo Salazar, en un contexto de fuerte equilibrio electoral. La campaña, que apenas está comenzando, no sólo polarizará los votos sino también a las comunidades y en lugares como El Bosque, donde conviven (es un decir) comunidades de grupos políticos enfrentados, los enfrentamientos pueden ser peligrosos. La lucha política es aceptable, incluso en un ámbito de la polarización, pero cuando ello se realiza en un contexto de comunidades armadas y sin demasiado control, los resultados pueden ser catastróficos.
Con focos rojos o amarillos, Chiapas parece esperar ese resultado electoral antes de tomar decisiones y, de ser uno de los centros de atención política nacional en el pasado, hoy parece olvidada en la agenda política nacional. Los candidatos parecen estar lejos de ese estado e incluso las campañas locales está atada, por lo menos hasta el 2 de julio, a la elección federal.
Una demostración de ello es que esta misma semana, Francisco Labastida y Vicente Fox presentaron sus propuestas para los pueblos indígenas alejados de Chiapas. Labastida lo hizo en el centro ceremonial otomí en el estado de México. La propuesta no se apartó de los principios que sobre este tema ha enarbolado el priísmo en los últimos años y de la estrategia que lanzó Labastida desde la secretaría de Gobernación, cuando fue su titular y que tuvo una vuelta de tuerca durante la gestión de Diódoro Carrasco. En todo caso, se confirma una mucho mayor predisposición para avanzar en propuestas de autonomía para las comunidades indígenas, mismas que, cuando Emilio Chuayffet fue secretario de gobernación, fueron vistas con desconfianza desde el poder.
En el caso de la propuesta de Vicente Fox, presentada en el DF, llaman la atención dos cosas: primero, el apoyo total e irrestricto que el candidato de la Alianza por el Cambio brinda a los acuerdos de San Andrés. Como se recordará, en su momento, el PAN tuvo algunas reservas respecto a los mismos y tampoco compartió la tesis de la autonomía indígena, por lo menos en los términos firmados en los acuerdos de San Andrés o en las propuestas que al respecto presentaron tanto el PRD como el PRI. Es, insistimos, una diferencia importante con las posiciones anteriores del PAN. El otro matiz diferenciado de esta propuesta de Fox se dio respecto a la ya famosa frase de que él, Fox, podría solucionar el conflicto de Chiapas "en 15 minutos". El propio candidato señaló ahora que ello podría ser posible, pero que, antes, se requiere de que Marcos se siente a la mesa y acepte negociar. No es una diferencia menor y recordemos que pese a los llamados y mensajes que le ha enviado Fox durante la campaña, Marcos no sólo no ha aceptado una reunión con el candidato de la alianza por el cambio sino que ni siquiera ha contestado esos mensajes.
Lo dicho, lo de El Bosque es grave, pero es más un síntoma de un mal que no se puede, no se debe, dejar avanzar.
