02-05-2016 Ni la seguridad, ni los derechos ciudadanos, ni la corrupción. Al Congreso de la Unión no le importó nada: ninguno de los temas importantes para la sociedad pudieron salir adelante en este periodo ordinario de sesiones. Lo único salvable fue la aprobación de la ley de zonas económicas especiales, pero ni las leyes reglamentarias del sistema nacional anticorrupción, ni las iniciativas para reformar el sistema policial (el mando único es sólo un capítulo de esa transformación) ni la legalización de la mariguana para uso medicinal pudieron avanzar porque el congreso se encerró en una dinámica donde si no salía el tema anticorrupción tampoco saldría adelante lo demás. Se bloquearon así mutuamente y el resultado fue que no se obtuvo nada.
Con lo del sistema nacional anticorrupción se está apelando a una serie de simplificaciones similares a las que se usan en el tema de la mariguana o las policías. Hubo intransigencia del priismo pero también del PAN-PRD, que decidieron presionar por encima de los acuerdos originales para aprovechar la coyuntura. El PRI decidió no conceder nada porque el tema de la designación y las atribuciones del fiscal anticorrupción no es algo que pueda resolverse a la ligera (y porque los acuerdos PAN-PRD iban por una forma de elección del fiscal que trascendía los acuerdos originales) y porque coyunturas como la de Brasil, con la destitución de Dilma Rousseff, han encendido alarmas en muchos sectores políticos.
Tampoco se puede improvisar en el tres de tres plus. Creo que la medida es positiva, pero no sé si hacer pública toda esa información contribuye a la salud pública de la sociedad o por el contrario, puede contaminarla aún más. Sé que una iniciativa ciudadana avalada por 600 mil personas es importante, pero eso no hace intocable una iniciativa, ni tiene necesariamente que ser legitimada por encima de los partidos. Lo cierto es que en ambos temas, fiscal anticorrupción y ley tres de tres, se podía haber llegado a acuerdos si no se buscaba mantener a ultranza las respectivas posiciones pero evidentemente no interesaba la negociación.
Como tampoco una aprobación parcial: porque en el senado, con una mínima operación política, tanto la oposición como el PRI-Verde podrían haber sacado adelante esa leyes. Era mejor, opinaron, postergar, ver cómo quedan los equilibrios el 5 de junio y luego legislar. Quedará todo para un periodo extraordinario para julio, para después de las elecciones, si es que éstas no contaminan tanto el ambiente que frustre también esa posibilidad.
Lo grave es que esa falta de acuerdo en el sistema nacional anticorrupción tomó como rehenes otras iniciativas, incluyendo en forma destacada la de la reforma policial y la de la mariguana medicinal. En el tema policial existen ya acuerdos que pueden hacer viable un nuevo modelo con una preeminencia de mando único pero con espacios para algunas policías locales, pero el tema permanece secuestrado (en esta administración, porque en realidad está presente desde el gobierno de Calderón), desde hace tres periodo ordinarios de sesiones.
Y lo de la mariguana medicinal es, simplemente, una falta de sentido común. Hay que reconocer que el panista Roberto Gil hizo un esfuerzo real para que sus compañeros de partido llevaran a votación esa iniciativa, más allá de que estuviera estancada la discusión anticorrupción, pero la mayoría de los senadores panistas no lo secundaron, mientras que se lanzó una serie de cuestionamientos absurdos sobre la iniciativa, como el cuestionar porque la cantidad que podría portar cualquier persona sería hasta 28 gramos, y no más o menos. Los 28 gramos son el equivalente a un onza, y es la cantidad que se establece en casi todas las reglamentaciones internacionales vigentes sobre el tema. Pero ni eso, ni la legítima súplica de los padres de los niños que requieren medicinas con compuestos derivados de la cannabis, sirvió para que la ley fuera aprobada. Se convirtió también en rehén del debate anticorrupción.
Es verdad que este tipo de actuación legislativa no es privativa de México: en Estados Unidos, por ejemplo, el senado retuvo durante más de diez meses el nombramiento de Roberta Jacobson como nueva embajadora de ese país en México porque el senador Marco Rubio quería castigar al gobierno de Obama (y a Jacobson) por haber avanzado en el restablecimiento de las relaciones con Cuba. Y Rubio intentó bloquear la votación hasta última hora. El ex líder republicano John Boehner, acaba de explicar en detalle y sin ahorrarse un solo insulto, cómo personajes como Ted Cruz presionaron para paralizar el gobierno estadounidense por no querer llegar a acuerdos presupuestales.
Pero que sea una práctica legislativa generalizada no la hace mejor y mucho menos la convierte en justificable. El congreso se agotó con las reformas del pacto por México y desde entonces, mediados del 2014, sólo tiene un objetivo partidario y electoral. A ver cómo les va a todos con la cita del 5 de junio.