09-05-2016 El traslado de Joaquín el Chapo Guzmán a un reclusorio de Ciudad Juárez, más allá del temor que suscitó un corte de energía eléctrica en el Altiplano, que encendió más de un alarma, es un paso decisivo para avanzar en la extradición del jefe del cártel de Sinaloa a los Estados Unidos. Se deben agotar todos los procedimientos penales para ello pero también, como reconoció en su momento el presidente Peña, se tratará de extraditarlo lo más rápido posible. Y ese momento está cerca, en este mismo verano.
Se eligió Juárez por la cercanía con la frontera y con centros de inteligencia claves de Estados Unidos en El Paso, y también porque de allí proviene Eduardo Guerrero Durán, Comisionado de Prevención y Readaptación Social de la secretaría de Gobernación. Más allá de las calificaciones, muchas veces un poco arbitrarias, de los penales que ha otorgado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la de Juárez es una cárcel actualmente bien administrada y Guerrero Durán fue designado Comisionado por Miguel Angel Osorio Chong, luego de la fuga del Chapo Guzmán precisamente por su labor como Fiscal en Ejecución de Penas en Chihuahua, donde estableció políticas públicas que ahora se trata de que sean la norma en todo el país. En otras palabras, la responsabilidad directa de esta última etapa de Guzmán Loera en el país, antes de su extradición, queda en manos directas de Guerrero Durán y ese es el reclusorio que éste mejor conoce en el país.
Pero el traslado también es importante porque las relaciones de México con Estados Unidos pasan por un momento complejo ante la amenaza de un Donald Trump que, por lo pronto, gane o pierda en noviembre, ha logrado colocar en la agenda estadounidense el tema antimigrante y antimexicano. En estos días México ha cambiado a su embajador en Washington, y a su subsecretario para América del Norte, Carlos Sada y Paulo Carreño, respectivamente; ha anunciado nuevas políticas ante ese país; en Estados Unidos se descongeló la designación de Roberta Jacobson como embajadora en México, los presidentes Obama y Peña han hablado el 5 de mayo, y ese día hubo una larga celebración en la Casa Blanca. Y todo eso adicionado con editoriales muy duros del New York Times y una declaración también muy dura del departamento de Estado sobre el tema de la justicia. Garrotes y zanahorias diplomáticas pero en esa lógica, este proceso final de extradición de Guzmán Loera en una prisión a 40 kilómetros de la frontera, es un gesto que no debe pasar desapercibido.
Narcoelecciones
Lo advertimos en este espacio el pasado 27 y 28 de abril. Una organización dependiente del cártel del Golfo, la columna armada Pedro José Méndez que enviaba, mediante mantas y mítines, “un saludo fraternal y combativo” al candidato panista a gobernador Francisco Cabeza de Vaca, al tiempo que advertían que su lógica política es “a Dios rezando y con la cuarenta y cinco ¡dando!”, estaba amedrentando y comprando candidatos en tres municipios de Tamaulipas: Hidalgo, Villagrán y Mainero, en el centro-sur del estado.
En los tres municipios que controla este grupo (que acepta que ha “fusilado sin violentar nuestros escrúpulos ni torturar nuestra conciencia religiosa”), obligaron a los candidatos locales del PRI y de Movimiento Ciudadano, a declarar en contra de sus respectivos candidatos a gobernador, Baltazar Hinojosa y Gustavo Cárdenas, y a expresarse a favor del candidato Cabeza de Vaca. Ante ello, Ricardo Anaya hizo una dura declaración antipriísta pero no se deslindó tajantemente de esos grupos criminales. Es como cuando Trump recibió apoyo del Ku Klux Klan y no lo rechazó. No todo apoyo es válido en una elección disputada. Por lo pronto, los tres aspirantes municipales del PRI fueron expulsados esta semana de ese partido por su presunta relación con el crimen organizado. Es una medida justa y necesaria.
Y mientras unos comicios se cierran, otros parecen abrirse. En Oaxaca, el priista Alejandro Murat no logra crecer y José Antonio Estefan, de la alianza PRD-PAN ya ha logrado rebasarlo y amplía su ventaja en la misma medida en que la candidatura de Benjamín Robles por el PT, lanzada para debilitar a la izquierda, pierde peso y crece en la oposición la opción del voto útil.
Y en Aguascalientes, donde esta semana será el primer debate entre los candidatos a la gubernatura, está en su apogeo y hará eclosión en ese debate, la guerra sucia contra la priista Lorena Martínez que se enfrenta al panista Martín Orozco y al independiente, ex priista, Gabriel Arellano.
La paradoja es que los tres, Lorena, Martín y Gabriel ya han sido alcaldes de Aguascalientes, pero son los dos últimos quienes tienen procesos penales pendientes por su desempeño. Arellano por la compra irregular de un helicóptero para seguridad pública y Orozco debido a que siendo alcalde donó un terreno municipal a una asociación civil y ésta lo vendió posteriormente a bajo precio a una empresa en la que el propio Orozco estaba involucrado.