27-09-2016 Más allá de lo que haya decidido anoche el PRI respecto a suspender de sus derechos como militante al gobernador de Veracruz, Javier Duarte (parece imposible que la decisión fuera diferente a ejecutar esa sanción), lo cierto es que a partir del proceso contra el todavía mandatario, el PRI ha exhibido con claridad una ruptura interna que tendrá que procesar con mucho cuidado si no quiere que sea terminal para ese partido.
Más allá de lo que se piense sobre el periodo de Duarte en Veracruz, lo cierto es que hay sectores en el PRI que no están satisfechos con que su partido sea el que inicie procesos contra sus mandatarios denunciados por la oposición. Hay sectores que esperarían no necesariamente una defensa, pero por lo menos que el PRI se esperara a ver si prosperan esas acusaciones antes de sancionar a sus miembros porque así, paradójicamente, lo que se hace es volver convincentes esas acusaciones.
Desde la actual dirigencia del PRI, la idea parece ser exactamente la contraria. Dicen que si el PRI no se adelanta a sus opositores, el que queda como corrupto, en un momento en que esa percepción es muy amplia entre la ciudadanía, es el propio partido y que esas acciones servirán para tratar de ir modificando esa imagen con la mira puesta en el futuro.
Los dos tienen una parte de razón, pero también ambos pueden generar un escenario que termine siendo contraproducente para todos. Lo cierto es que esos movimientos y esas sanciones se realizan a toro pasado, cuando se perdieron las elecciones en esos estados (en Veracruz, en Quintana Roo, en Chihuahua), precisamente porque no se supo contestar esas y otras acusaciones.
El caso de Duarte es, en sí mismo, una demostración de todo ello: mucho antes de las elecciones de Veracruz, Manlio Fabio Beltrones fue insistente en demandar que Javier Duarte dejara el estado y se nombrara un mandatario que terminara el periodo para no contaminar las elecciones con la batalla que inevitablemente librarían Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares. Duarte, por su parte, dio la pelea para que le dejaran encargarse de la elección y colocar a su candidato, que evidentemente no era Héctor Yunes Landa, con el que estaba enfrentado de tiempo atrás. Lo que ocurrió es que todos quedaron descontentos: Duarte se quedó en el palacio de gobierno de Xalapa; el PRI decidió impulsar un candidato, Héctor Yunes Landa, que no tenía respaldo del gobernador, y Héctor estuvo toda la campaña en la duda entre atacar o no a un gobierno que era de su propio partido: en la denuncia, Yunes Linares era más creíble. Ya sabemos cuál fue el resultado.
Ahora se quiere acelerar el proceso interno contra Duarte con la mira puesta también en 2017. Yunes Linares asume el gobierno del estado el primero de diciembre de 2016, pero su gobierno es de apenas dos años y concluye el 30 de noviembre de 2018. En esos dos años se cruzan tres elecciones: las municipales de Veracruz (que son más importantes que las de muchos estados y que coincidirán con las de gobernador del Estado de México, Coahuila y Nayarit) en junio de 2017, y un año después las presidenciales, que coincidirán con la elección de gobernador para el estado.
Miguel Ángel Yunes no ha abandonado el tema Duarte porque en los hechos sigue y seguirá en campaña, tanto con la mira puesta en las municipales del año próximo como con la elección de su sucesor y del próximo Presidente, tres procesos en los que su partido será muy competitivo. En dos años, cruzados con tantas elecciones, no es mucho lo que se puede hacer, pero sí se puede marcar un estilo y sobre todo concentrar la agenda en el tema de la corrupción de los rivales. Y eso es lo que ya está haciendo Yunes Linares.
La decisión de sacrificar a Duarte tiene relación directa con esto. De tratar de posicionarse mejor para 2017 en el ámbito nacional, pero sobre todo local. Por eso mismo, la insistencia en el tema, tanto de Héctor como del senador José Yunes, que en los hechos se quedarán con el liderazgo del PRI en el estado cuando concluya el periodo de Duarte. Tienen un obstáculo que no es menor: muchos, no todos, de los diputados federales son cercanos o tienen algún compromiso político con el actual gobernador, como lo vimos con la carta que se publicó este fin de semana en respaldo a Duarte. O con la reacción, proveniente del propio priismo, de acusar al presidente del partido, Enrique Ochoa, de haber tenido una liquidación irregular en su salida de la Comisión Federal de Electricidad, una acusación sin fundamento, pero destinada a enturbiar un proceso que, ya de por sí, es y será turbulento.
Seguramente el priismo tiene que realizar limpieza, replantearse todo el proceso de selección de sus candidatos y de evaluación de quienes ejercen cargos de elección popular. Pero se trata también de política pura. De cómo hacer, cómo equilibrar las cosas, para que en ese camino el priismo no termine tan dividido como lo estuvo entre 1995 y el año 2000, cuando terminó expulsado de Los Pinos, o en 2006, cuando quedó en tercer lugar electoral.