21-10-2016 La reaparición pública de Manlio Fabio Beltrones en el foro de la corriente perredista de los Galileos, junto a Roberto Gil y José Woldenberg, sirvió para colocar sobre la mesa un tema clave que debe ser resuelto en los próximos meses, para los comicios de 2018: la segunda vuelta y los gobiernos de coalición.
No tenemos mecanismos que permitan que quien gane las próximas elecciones federales pueda contar con mayoría legislativa, mucho menos con la representatividad plena a la hora de gobernar. Probablemente tendremos cuatro o cinco expresiones políticas de peso (el PRI, con sus aliados; el PAN; el PRD-MC-PT; Morena y quizás algún independiente) que dejarán a quien sea el triunfador con cerca de 30 por ciento de los votos.
Un esquema de gobierno exclusivamente legislativo tampoco alcanza: el caso de España, dividida su votación en cuatro y sin poder formar gobierno durante un año, es la mejor demostración de ello, y el desgaste político e institucional que genera lo vemos en la crisis del PSOE, la radicalización de Podemos y la posible formación de un gobierno del Partido Popular sin representatividad real que obligará, más temprano que tarde, a tener nuevas elecciones.
Tampoco alcanza con la segunda vuelta por sí sola. Si hablamos de una segunda vuelta para todos los cargos de elección popular, tendremos una concentración política bipartidaria, que dejará fuera a buena parte de las oposiciones. Si hacemos una segunda vuelta sólo para la elección presidencial tendríamos un presidente con mayor legitimación, pero en el Congreso tendría la misma debilidad que si no se hubiera dado ese ejercicio.
La salida es la que planteó Beltrones: una segunda vuelta que incluya compromisos para construir gobiernos de coalición, basados en adhesiones claras de los demás partidos a alguno de los dos participantes en la segunda vuelta. Eso sería una vuelta de tuerca notable en el sistema político, la garantía de que se podría contar con mayorías parlamentarias que no estuvieran basadas en la uniformidad, sino en los acuerdos y un refrendo programático del proceso electoral.
La propuesta tiene varias ventajas: la primera es que es relativamente simple, no requiere adecuaciones muy sofisticadas; al ser simple es clara: los acuerdos deberán ser necesariamente públicos; se garantiza estabilidad porque quien llegará a la Presidencia lo hará porque obtuvo mayoría absoluta o porque logró concretar una coalición que sustentará su gobierno.
Planteada de ese modo, no puede ser interpretada como antinadie: todos los partidos, desde el PRI hasta Morena, desde el PRD o el PAN, hasta cualquier aspirante independiente, pueden coaligarse con otras fuerzas para tratar de ganar en esa segunda vuelta con base en una propuesta programática y una distribución de espacios de poder; se garantiza que quien gane, no gane todo y quien pierda no pierda todo. Y tiene un
beneficio adicional: en la primera vuelta puede abrirse el abanico de candidatos presidenciales pensando en la recomposición que puede darse en la segunda vuelta.
A ver si los partidos lo asumen y lo sacan adelante. A ver si se atreven a realizar una verdadera reforma electoral que permita volver a acercar a los ciudadanos al proceso electoral y le otorgue mayor gobernabilidad al país. Es un tema central, tan importante como reducir los recursos públicos entregados a los partidos, transparentar su utilización y abrir a la ciudadanía los espacios publicitarios.
Las dos últimas reformas electorales tuvieron avances en algunos capítulos, pero en muchos otros lo único que lograron fue alejar a la gente de la política y aumentar la distancia de las dirigencias partidarias de la realidad cotidiana y la gobernabilidad. Es hora de volver a pensar en cómo hacemos un país más estable y gobernado con mayores consensos. La salida ahí está: segunda vuelta y gobiernos de coalición.
JUECES SIN ROSTRO
Como decíamos días atrás, luego del asesinato del juez Vicente Antonio Bermúdez, hay que buscar mecanismos para proteger a los jueces de la coacción, la corrupción y la violencia. Hablamos de los jueces sin rostro en Colombia. Ese mismo día la CNDH puso esa posibilidad sobre la mesa. Ha sido rechazada por distintos ministros de la Corte y algunos especialistas. Pero creo que estamos desechando a la ligera esa propuesta.
No se trata de claudicar, como se ha dicho, sino de mejorar para hacer más eficiente el Estado de derecho. No se trata de desproteger a presuntos delincuentes, sino de asumir en casos muy concretos su peligrosidad. No se trata de echar para atrás el nuevo sistema de justicia penal, sino de hacerlo más eficiente. La figura de los jueces sin rostro para llevar casos muy específicos de crimen organizado puede ser una opción, como lo son muchas otras, asumiendo que se le debe garantizar la seguridad adecuada a todos y cada uno de los jueces, magistrados, ministros del país. Eficientar y proteger no es claudicar.