La operación política que concluyó con la aprobación en la noche del 28 de diciembre pasado, del presupuesto de egresos para este año 2000, confirma que el próximo será un semestre difícil, que el tránsito en este último año del sexenio zedillista de cara a las elecciones del próximo 2 de julio, estará marcado por una mezcla de feroz lucha por el poder combinada con el más intenso pragmatismo partidario.
La operación política que concluyó con la aprobación en la noche del 28 de diciembre pasado, del presupuesto de egresos para este año 2000, confirma que el próximo será un semestre difícil, que el tránsito en este último año del sexenio zedillista de cara a las elecciones del próximo 2 de julio, estará marcado por una mezcla de feroz lucha por el poder combinada con el más intenso pragmatismo partidario.
Cuando el martes 21 de diciembre, el PRI logró 248 votos en la cámara de diputados (diez más de sus 238 representantes, con 4 del PT, cuatro del Verde y dos independientes) no sólo se frenó el llamado presupuesto alterno que impulsaba la oposición, sino que también se puso de manifiesto que, primero, el aparentemente revivido G-4 no era tal, que las diferencias internas dentro de las distintas coaliciones opositoras son una realidad, que el cambio de percepción sobre el posible resultado electoral del 2 de julio le abre al priísmo un breve espacio de negociación que hasta hace muy poco no tenía y confirmó que, sobre todo en el PAN, la lucha interna, soterrada pero real, no ha cesado.
La votación del día 21, cuando el PRI pudo parar la propuesta opositora pero no le alcanzó para imponer la propia, manifestó la fragilidad de los acuerdos políticos y la imposibilidad de sacar el presupuesto por una mayoría simple: sencillamente nadie sabía si el día 28 tendría realmente una mayoría y en un contexto de tal equilibrio de fuerzas, cualquier imponderable podría cambiar todo y ninguno de los principales actores políticos quería apostar demasiado a ello: nadie quería terminar el año perdiendo.
Por eso, el 23 de diciembre, mientras estaban reunidos en la casa del coordinador de la bancada perredista, Pablo Gómez, los coordinadores del PAN, Carlos Medina Plascencia, del PT, Ricardo Cantú y del Verde Ecologista, Jorge Emilio González, se comunicaron a las once de la mañana con el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, para iniciar una negociación que les permitiera a todos salir airosos de la votación del presupuesto. Primero se propuso que el encuentro fuera en la casa de Gómez, en Coyoacán; Carrasco propuso la secretaría de Gobernación. Finalmente se decidió que la reunión se realizara en la oficinas del secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, en la colonia Nápoles. Dos horas después, los cinco opositores, el priísta Arturo Nuñez y los funcionarios de Hacienda y Gobernación se encerraban durante siete horas hasta encontrar un acuerdo que le diera salida a la votación programada para el martes 28 de diciembre.
Allí se terminó de acordar el presupuesto, que sería -como ocurrió- votado por todos los partidos en lo general. Se reservaron para votación en lo particular sólo dos puntos: las reasignaciones presupuestales destinadas al gasto social propuestas por la oposición (que luego de las negociaciones de los días anteriores mostraban una diferencia menor: 15 mil millones de pesos planteaba reasignar el G-4 y 12 mil millones el PRI) y el tema del IPAB, donde ya había acuerdo para asignar al naciente Instituto, 32 mil millones de pesos, pero el PAN condicionaba la entrega de 14 mil millones a una serie de requisitos que el propio IPAB no podía cumplir sin vulnerar su legalidad, como la publicación de la lista de deudores bancarios y el regreso de parte del PRI de cinco millones de dólares que, en 1994, Carlos Cabal Peniche habría donado a la campaña electoral del tricolor. Con todo, las diferencias en los dos paquetes (que no casualmente comprendía unos 15 mil millones de pesos cada uno) apenas si implicaban diferencias sobre menos del 2 por ciento de las partidas presupuestales: con acuerdos superiores al 98 por ciento, la ruptura, por encima de las declaraciones grandielocuentes de algunos legisladores, era absurda.
Lo ocurrido en la sesión del 28 de diciembre, sólo pudo sorprender a los festejados ese día: a los santos inocentes. El presupuesto, como estaba programado, se aprobó por unanimidad. En las votaciones en particular, el G-4 ganó el tema de las reasignaciones y el PRI, una vez más con votos del Verde, el PT e independientes, logró que la partida para el IPAB se aprobara sin condicionamientos. Era lógico: los priístas no podían oponerse en un año electoral a la reasignación de partidas destinadas a gasto social pero que, sobre todo, irán en su mayoría “etiquetadas” a los gobernadores de todos los estados. Votaron en contra porque no le podían enmendar la plana al presupuesto enviado por el Ejecutivo, pero literalmente dejaron pasar sin lucha esa votación.
En lo del IPAB sí había en juego aspectos de ingeniería financiera mucho más importantes, pero sobre todo había conciencia en los sectores de dirección del panismo que ellos no podían boicotear una institución que ellos mismos crearon como alternativa al Fobaproa, donde tienen una altísima influencia en sus órganos de dirección y con lo que pondrían en peligro -en un año electoral- muchas de las buenas relaciones que importantes sectores de ese partido tienen con el sector financiero del país. Durante las negociaciones del día 23 y posteriores, en varias ocasiones los coordinadores panistas, Carlos Medina Plascencia y Francisco José Paoli Bolio, entre ellos, intentaron convencer a sus diputados de cambiar la posición respecto al IPAB. No lo lograron pero entonces, no sólo los Verdes operaron como aliados explícitos o implícitos del priísmo (votando a favor o faltando a la sesión) sino que incluso cuando la votación se iba a dar nuevamente como un empate, Paoli Bolio se ausentó del salón de sesiones y permitió que el oficialismo sacara, con un solo voto de diferencia, su propuesta.
Sobre Paoli cayeron inmediatamente acusaciones de corrupción, incluso de parte del propio Vicente Fox y de diputados como Javier Paz Zarza. En realidad, conociendo a Paoli esa es una acusación absurda: lo que hizo Paoli, en realidad, fue asumir una decisión de la dirección del propio panismo que sabía que no podía oponerse a la operación del IPAB. Por eso ninguno de los dirigentes nacionales del partido, incluyendo a Medina Plascencia, ha dicho una palabra sobre la decisión de Paoli. Ahora bien, la virulencia de Fox y de algunos diputados, sumado al silencio de los dirigentes partidarios, lo que confirma es que la distancia interna entre esos dos grandes grupos del blanquiazul, no sólo se mantiene sino que puede profundizarse en el futuro (el mismo fenómeno se reprodujo, para esas mismas fechas, cuando Fox dijo que si llega a la presidencia retirará al ejército de Chiapas y desde la dirección del PAN se envió el mensaje de que, en realidad, la propuesta del partido no es esa, sino un retiro militar gradual sólo en las zonas de conflicto).
En realidad, el objetivo de todos es relativamente sencillo: posicionarse lo mejor posible de cara al 2000. Para ello se necesitan desde medidas publicitarias dramáticas, hasta acuerdos puntuales y pragmáticos. Lo importante, en todo caso, para conservar la gobernabilidad y no caer en una escalada desestabilizadora como la de 1994, es mantener el contacto, el diálogo, entre todas las fuerzas partidarias y los gobiernos, federales y estatales, privilegiando la vía de la negociación política. De otra forma, sólo quedará espacio para la polarización.