El fin de semana pasado se reunió el Consejo Político Nacional del PRI en Ixtapan de la Sal. El encuentro le permitió al PRI salir unido de un proceso que parecía que, irremediablemente lo llevaría a la ruptura. Sin embargo resultó evidente que la corriente formada por Manuel Bartlett, Humberto Roque y Roberto Madrazo aún puede imponer vetos en el seno del partido, pero todavía está muy lejos de poder ganar cualquier votación interna entre los grupos hegemónicos del tricolor.
¿Qué fue la reunión del Consejo Político Nacional del PRI el fin de semana pasado en Ixtapan de la Sal: un éxito porque le permitió al partido tricolor seguir unido, una pérdida de tiempo porque allí mismo se demostró que existe una fractura tan amplia como inevitable o se trató, simplemente del parto de los montes, de un encuentro que generó mayores expectativas que las que pudo sustentar?. Irónicamente, quizás se trate de las tres cosas al mismo tiempo.
Es verdad que el encuentro de Ixtapan de la Sal le permitió al PRI salir unido de un proceso que parecía que, irremediablemente, lo llevaría a la ruptura. Pero eso es, mínimamente hasta noviembre próximo, cuando se tiene que realizar la próxima asamblea nacional del tricolor. Sin embargo resultó evidente que el llamado G-3, la corriente formada por Manuel Bartlett, Humberto Roque y Roberto Madrazo aún puede imponer vetos en el seno del PRI pero todavía está muy lejos de poder ganar cualquier votación interna entre los grupos hegemónicos del tricolor. En ese contexto la pregunta es hasta cuándo persistirá la unidad, porque evidentemente las diferencias entre los distintos grupos internos son reales, con una mayoría de gobernadores y legisladores que mantienen el control del partido y que, en los hechos rebotaron buena parte de los miembros del llamado G-3 que, en la sesión del domingo ni siquiera decidieron participar del encuentro o medidas desesperadas como las del gobernador José Murat, que, primero, logró entrar al CPN ya no por el cupo de gobernadores (que ya no le correspondía) sino como delegado del Movimiento Territorial y que luego fue a la sala de prensa a venderle a los reporteros diferentes propuestas que ya se habían hecho en el pleno, sin saber que éstos estaban siguiendo la sesión por circuito cerrado.
Entonces habrá que esperar hasta el 20 de noviembre para saber qué sucederá en el PRI. Si el equilibrio de fuerzas se mantiene como hasta ahora, evidentemente el actual sector hegemónico y levemente reformador podrá avanzar en sus propuestas y en su concepto de reestructuración interna, pero si los dirigentes nucleados en el G-3 no logran imponerse en ese encuentro abierto, las posibilidades de que permanezcan en el partido parecen ser más bien escasas: no van a apostar a quedarse bajo el mando de una dirección nacional partidaria que permanecerá en ese cargo cuatro años, o sea hasta la definición de un candidato presidencial en el 2005. Es verdad que en medio están las elecciones del 2003 y que tampoco, para quien rompa, existen muchas posibilidades de armar una nueva fuerza partidaria y obtener el registro, salvo que alguna fuerza que ya cuente con él, literalmente se lo rente.
En este sentido, quizás hubiera sido más rentable en el mediano plazo presionar ahora para tratar de sacar definiciones mayores y, si se daba una ruptura, asumir que ésta era inevitable. El punto es que nadie, en el PRI, quiere ser mostrado como responsable de esa ruptura que, por otra parte se vislumbra casi como muy difícil de evitar. Paradójicamente una de las beneficiarias de esa indefinición, de esa parálisis, ha sido la presidenta nacional del tricolor, Dulce María Sauri, que hace dos semanas nos decía que presentaría su renuncia en la próxima reunión del Consejo Político y que posteriormente, ante la imposibilidad de encontrar una salida a la elección de una nueva dirección (en ese sentido sí funcionó el veto del G-3), terminó siendo ratificada hasta noviembre próximo.
El debate se había establecido entre la decisión de elegir una dirección transitoria, hasta que se convocara a las asamblea, o una de mediano plazo que trascendiera la propia asamblea. La discusión como hemos dicho, es relativamente inútil: una dirección permanente que fracase en los diferentes procesos electorales y legislativos se caería antes del plazo acordado, una dirección transitoria si muestra éxitos en esos procesos podría terminar quedándose al frente del partido. A eso le apostará sin duda Dulce María Sauri: este años hay cuatro elecciones para gobernador (Yucatán, Baja California, Michoacán y Tabasco) y otros once procesos electorales estatales para legislaturas locales y presidencias municipales. En los cuatro comicios estatales la situación para el PRI es muy difícil, no sería nada descabellado que pudiera perder los cuatro pero ¿qué sucedería si repentinamente Dulce María logra sacar adelante la mayor parte de ellos?, si así se dieran las cosas, nadie podría descartar que pudiera quedarse en la dirigencia partidaria pasada la asamblea. Lo cierto es que la falta de acuerdos internos y los vetos recíprocos impidieron renovar la dirección partidaria y de allí Dulce María salió ratificada.
En este sentido, el PRI sacó de ese encuentro algunos logros que no deberían minimizarse. Sale después de casi nueve meses de desconcierto y enfrentamientos internos, con un programa de trabajo político y legislativo básico que le permitirá transitar sin mayores problemas hasta la reunión del 20 de noviembre. Por ejemplo, tiene ya un acuerdo emitido por un órgano partidario legítimo de no apoyar el incremento al IVA que propondrá en marzo el gobierno Fox: se podrá estar de acuerdo o no con esa decisión del PRI pero ello ya no queda librado a la interpretación de cualquier de sus fuerzas internas. Para el propio gobierno ese programa es un principio para saber cómo encarar su relación con el priísmo y tener, en el mejor sentido de la palabra, una base de negociación de cara al futuro inmediato.
¿Las que tomó el PRI en este fin de semana son las mejores decisiones?. Es casi imposible saberlo, la respuesta la dará el tiempo y, sobre todo, los resultados. Lo que sí es indiscutible es que la crisis interna, no se ha resuelto, sólo se ha postergado.
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Dos temas muy diferenciados entre sí. Uno: cuánto le debe haber costado al subsecretario de Gobernación, Juan Molinar Horcasitas sacar una declaración diciendo que esa institución reconoce como única y legítima dirigencia del Partido Verde Ecologista, a Jorge González Torres y su gente, después de que, cuando fue consejero electoral del IFE, Molinar pudo conocer cómo se realizaban los malos manejos en ese partido, Molinar (que era entonces consejero electoral) recordará cómo para cubrir el expediente de justificar los gastos en las elecciones de 1997, González Torres presentó dos facturas que cubrían la mitad de sus prerrogativas financieras, dos facturas que resultaron ser falsas. Dos: es un golpe duro y extraño, la decisión que adoptó el juez cuarto de distrito, Jorge Mario Machorro, rechazando los expedientes de los 73 arraigados por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, por estar, dijo, mal construidos ya que le faltaban sellos y algunos otros elementos a los 47 tomos que formaban el expediente. Se fue, al respecto, contra la unidad especializada contra el crimen organizado y, llama la atención que, simultáneamente, la CNDH haya enviado una recomendación a la PGR para que inicie una averiguación previa por los ilícitos que pudieran haber cometido quienes “retuvieron ilegalmente” a los custodios y funcionarios del penal arraigados. Pero especialmente pide una investigación administrativa para deslindar responsabilidades de delitos cometidos, en este sentido, por la UEDO que, sumado a su responsabilidad en la fuga del subdelegado de la PGR de Chihuahua también arraigado que se escapó al fin de la semana pasada, ya no ve lo duro, sino lo tupido.