La transición se adelantó o, mejor dicho, la sociedad procedió a dar pasos decisivos en la transformación política del país mientras que muchos de los principales actores de la misma se han quedado estancados en el pasado, en una política anacrónica. Se están produciendo los debates, las controversias más absurdas de nuestra historia reciente. La más ridícula es la que Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores han iniciado con el horario de verano.
Otra controversia absurda: es la que el subcomandante Marcos ha dicho en cada una de las plazas que ha tocado desde el incio del zapatour que se opone al Plan Puebla-Panamá que anuncio el gobierno de Vicente Fox.
Algo y grave nos pasa: quizás lo que sucede es que la transición se adelantó o, mejor dicho, que la sociedad procedió a dar pasos decisivos en la transformación política del país mientras que muchos de los principales actores de la misma se han quedado estancados en el pasado, en una política anacrónica, provinciana en el sentido más peyorativo de la palabra, mezquina, escasa de miras y objetivos que vayan más allá del usufructo del poder.
Y ahí están, hablando de la pobreza y de los pobres y haciendo poco y nada por ellos, hablando de la justicia y la consulta a la ciudadanía mientras muestran el rostro más crudo de la intolerancia y el autoritarismo, hablando de los nuevos tiempos y del respeto a la democracia cuando están viendo y actuando en el pasado, pensando sólo en sus espacios de poder. No debemos extrañarnos entonces, que en esta ronda de mentiras e ignorancias (a veces hay que reconocer con Xochitl Gálvez que el poder da güeva), se estén produciendo los debates, las controversias más absurdas de nuestra historia reciente.
Ninguna más ridícula que la que el regente (¿a poco el jefe de gobierno no está actuando con la lógica de la regencia?) del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador y algunos de sus seguidores han iniciado con el horario de verano, obviando algo que para cualquier gobernante debería ser básico: el sentido común. Pero el tener la mira política no en el presente sino en un futuro tan distante como el año 2006, parece impedir que ese sentido común se imponga. López Obrador ha insistido en que no quiere el horario de verano, ha generado incluso una controversia legal al respecto, pero siempre ha dicho que para tomar esa decisión se basaba en la opinión popular, aunque la del horario de verano es ese tipo de decisiones que deben ser tomadas, con su responsabilidad, por los propios gobernantes y que no pueden ni deben ser motivo de “consultas”. Pero López Obrador, utilizando como dice María de las Heras la táctica Poncio Pilatos, decidió que fuera “la gente” la que dijera si quería o no el horario de verano. Durante semanas el gobierno del Distrito Federal propagandizó una consulta sobre el tema con un par de preguntas que inducían la respuesta en el sentido que quería el gobierno capitalino: el rechazo al horario de verano.
Primero se dijo que se haría una consulta en forma, como lo establece la propia ley de participación ciudadana que propuso y votó el PRD en la asamblea legislativa. De acuerdo con esa ley, una consulta plesbicitaria de este tipo tiene que ser organizada por el instituto electoral del DF y para que sea válida debe tener un mínimo de 30 por ciento de participación de los ciudadanos empadronados. Pero de esa forma, la consulta hubiera sido un fracaso, así que se optó por algo mucho más simple y que diera el resultado esperado: una consulta telefónica donde los controles para votar fueron por los menos frágiles (hay personas y medios que aseguran haber votado hasta nueve veces consecutivas), sin control alguno, y sin posibilidad de verificar eficientemente los resultados. Así y todo, resultó que llegado el momento de la votación, pese a todas las irregularidades que se presentaron, sólo participó poco más del 4 por ciento de los empadronados, de los cuales, el 75 por ciento apoyó la propuesta de López Obrador: en otras palabras, alrededor del 3 por ciento respaldan la negativa al horario de verano. Para el gobierno del DF esa es una consulta representativa de la ciudadanía, aunque el 96 por ciento, con su ausencia, haya desechado ya no la consulta sino hasta el propio debate. Pero para el gobierno del DF un 3 por ciento es una mayoría y con esa base emitió un decreto, al que no tiene derecho porque lamentablemente el DF no es una entidad federativa, estableciendo su propio horario.
Que esta sea la sede de los poderes federales, que ninguna instancia federal (y estamos hablando de aeropuertos, líneas de transporte, escuelas, hospitales, medios de comunicación electrónicos, empresas, entre otras muchas instancias que lo ignorarán) hayan anunciado que no pueden aceptar la decisión de López Obrador, no le ha movido un centímetro al jefe de gobierno en su decisión. Tampoco que exista constancia documental de que sus antecesores perredistas, como Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles hayan aceptado que no tenían atribuciones para cambiar el horario federal ni que Robles, como jefa de gobierno, haya solicitado un estudio a la UNAM sobre los beneficios y las dificultades que causaba el horario de verano del que el gobierno capitalino nunca ha vuelto a hablar por la sencilla razón de que ese estudio de la UNAM reconoce los múltiples beneficios para el país y su economía que conlleva el horario de verano. La UNAM divulgó públicamente el mismo hace dos semanas y el gobierno del DF simplemente lo ha ignorado. Es más, ni siquiera se reconoce que la ciudad de México, es mucho más que el DF y que esa decisión prácticamente deja a la ciudad dividida en dos. Pero las banderas políticas no tienen porqué basarse en el sentido común y el derecho, muchas de las veces son simples expresiones de deseos. Y por cierto el presidente Fox abonó este debate inútil al decidir reducir el horario de verano en dos meses como una simple concesión a esas presiones que ahora quieren desbordarlo.
Otra controversia absurda: el subcomandante Marcos ha dicho en cada una de las plazas que ha tocado desde el inicio del zapatour que se opone al Plan Puebla-Panamá que anunció el gobierno de Vicente Fox y ha afirmado que el mismo se deberá llamar Guatemala-Panamá porque el zapatismo no lo dejará pasar. ¿Por qué? No lo ha explicado Marcos, pero asegura que ese plan en realidad servirá para dominar a las comunidades indígenas e incorporarlas a un tipo de desarrollo que ellos, el EZLN (las comunidades no han sido consultadas al respecto) rechazan. Este autor, en lo particular, no sabe si está de acuerdo o no con el Plan Puebla Panamá. Pero en realidad nadie puede saberlo porque ese plan se presentará hasta el próximo 12 de marzo y no ha trascendido, fuera de algunos principios plenamente compartibles y muy generales, nada sobre su implementación concreta. Así que Marcos se está oponiendo terminantemente a algo que ni él ni nosotros conocemos. Pero la controversia inútil ya está planteada.
Una más. ¿Está usted a favor o no de la paz en Chiapas?. Unos reclaman la declaración de la paz y juntan millones de firmas y convocan a grandes conciertos televisivos con ese fin, otros aseguran que no firmarán la paz hasta que se cumplan ciertas condiciones, muchos no saben a cuál de las partes creerle. El único detalle es que para que se firme la paz tiene que haber alguna guerra: y que se sepa, en términos estrictos, la guerra en Chiapas terminó el 10 de enero de 1994, luego de una serie de combates esporádicos. Desde entonces existen diferendos graves, profundos, enfrentamientos crueles entre las comunidades, desplazados de distintas orientaciones políticas y religiosas, pero salvo por la escenografía montada, nadie podría decir que existe una guerra, salvo que se acepte que se trata de una guerra mediática en la que el intercambio no es de fuego sino de declaraciones y encuestas o que se acepte, poniendo de cabeza a Clausewits, que la política es la continuación de la guerra pero por otros medios.
Mientras tanto, mientras se discuten cosas absurdas se olvida que la verdadera guerra, la que se libra contra el crimen organizado y la de estos grupos entre sí, sigue dejando innumerables víctimas y sigue poniendo en peligro al Estado; que la pobreza sigue lacerando a millones de indígenas que nada saben ni conocen del EZLN o el zapatour y que la desigualdad sigue siendo una norma. ¿Cómo extrañarse entonces de que buena parte de la clase política no tengan en claro en que hora vive o, por lo menos, en qué hora queremos vivir los ciudadanos?.