08-05-2017 Lo ocurrido en Puebla con los huachicoleros, estas bandas dedicadas al robo de combustible, es la mejor demostración de por qué era y es imprescindible contar con una ley de seguridad interior. Esas son las circunstancias en donde es necesaria una intervención de fuerzas de seguridad que requieren de un marco legal especial para actuar y operar. Y esa posibilidad es lo que nos quitaron los legisladores en el pasado periodo ordinario de sesiones.
El 22 de marzo pasado, alertábamos aquí de lo delicado de esa situación y de cómo iba a estallar en forma inevitable. El robo de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos le deja a los grupos criminales que operan en Puebla utilidades de unos mil 600 millones de pesos mensuales, y se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada que cuenta, además y en este caso, con la participación de grupos sociales importantes como cómplices.
Hasta marzo pasado, según fuentes oficiales, se habíanlocalizado en todo el país poco más de 21 mil tomas clandestinas, las más importante en el poliducto Minatitlán-México, que tiene 592 kilómetros de largo, de los cuales 154 kilómetros cruzan por el estado de Puebla. Allí se dan la mayoría de las tomas clandestinas, en los municipios de Quecholac, Acatzingo, Tepeaca, Acajete, Tecamachalco y Palmar de Bravo. En esa zona, que se conoce como el triángulo rojo, en lo que va de esta administración se han detectado nada más y nada menos que cuatro mil 441 tomas clandestinas. Localidades completas de la zona viven exclusivamente de esa actividad.
Antes de los del jueves pasado, en este 2017 se habían presentado en la zona 23 enfrentamientos con los pobladores: doce con militares, dos con la Policía federal y ocho con elementos de seguridad de Pemex, cuando se ha intentado cerrar las tomas clandestinas, incautar el combustible robado y detener a los responsables. Las fuerzas de seguridad se han tenido que enfrentar a manifestaciones violentas, donde los criminales utilizan sobre todo a mujeres y niños, mientras que hombres armados van agazapados detrás de ellos. Lo sucedido no es nuevo, lo que ha sido nuevo es el grado de violencia desatado por los criminales.
El triángulo rojo está dominado por el grupo denominado Nueva Sangre Zeta, un desprendimiento de los Zetas que surgió cuando se desmembró la cúpula de esa organización en el 2015. Operan entre Puebla y Veracruz y son uno de los principales responsables de la violencia que afecta a ambos estados. El jefe de Nueva Sangre Zeta se llama Roberto de los Santos de Jesús y le apodan El Buchanan‘s. En Puebla, su lugarteniente es su hermano Saúl apodado El fósil y complementan el robo de hidrocarburos con el secuestro, la extorsión y el robo al transporte de carga.
Tienen bajo su mando a distintos grupos menores, como uno llamado Los Tlacuaches, que opera en San Martín Texmelucan y Palmar Bravo. Otra banda se hace llamar Los Gasparín y operan en Tepeaca, Amozoc y Esperanza.
La gente del triángulo rojo apoya a los delincuentes porque los han convencido de que tiene derecho a quedarse con el contenido de los ductos ya que éstos pasan por sus tierras (en Guerrero los narcos han convencido a muchas comunidades que tienen derecho a cultivar amapola porque les dicen que las drogas ya son legales y ellos tienen derecho a sembrar lo que quieran en sus terrenos y un ataque como el ocurrido en Puebla fue exactamente igual al que realizaron contra las fuerzas de seguridad meses atrás en Nochixtlán, Oaxaca, grupos armados ligados a la sección 22), un argumento aderezado por un discurso de abandono y desamparo gubernamental. Ponen en riesgo con ello su libertad y su propia seguridad, porque con regularidad esas tomas clandestinas generan accidentes, como el ocurrido Progreso de Juárez, en el municipio de Acatzingo, el mismo lugar donde apenas el 7 de marzo pasado había habido una explosión en otra toma clandestina.
Este, hay que destacarlo, es un caso paradigmático de un desafío a la seguridad interior que obliga a la intervención militar y policial en circunstancias especiales. Se requiere una estrategia conjunta y común en todo el triángulo rojo para romper con ese negocio criminal, misma que no puede ser asumida en forma aislada por ninguna fuerza de seguridad. Estamos hablando de un negocio que deja a los criminales, insistimos, mil 600 millones de pesos mensuales, en comunidades y municipios que, en los hechos, no están bajo control de autoridad alguna. Ese desafío es mayor y más redituable para los criminales, en muchos de los casos, que el derivado del tráfico de drogas.
Cuando se dice que no es necesaria una ley de seguridad interior, o que lleva a la militarización de la sociedad, hay que volver a poner el acento en que sin esa ley el Estado va a un combate contra este tipo de fuerzas criminales en evidente desventaja legal. Quizás eso es lo que quieren los que rechazan sacar adelante esa iniciativa.