05-06-2017 Si alguna lección tendría que dejar la jornada electoral de ayer, más allá de los resultados y las alineaciones partidariasde cara al 2018, es que nuestro sistema electoral no da ya más de sí, no garantiza la gobernabilidad, no refleja a las mayorías y que por más controles que se traten de implementar ante un voto disperso que exige porcentajes de votación tan bajos para ganar una elección, la tentación y la posibilidad de manipular comicios crece exponencialmente.
Haya ganado el PRI o Morena las elecciones mexiquenses (al escribir estas líneas no hay resultado definitivo y quizás tampoco lo haya para cuando usted lea este lunes esta columna) lo cierto es que tendremos un ganador o ganadora que apenas alcanzará los 30 puntos, con una abstención que rondará en el 50 por ciento de las listas nominales. En otras palabras, quien gane lo hará, en términos absolutos, representando al 15 o 20 por ciento del electorado. Es la mejor fórmula para ser, siempre, un gobierno de minoría, sin poder sacar una agenda legislativa y con una oposición que sabe que es mucho mejor negocio oponerse a todo desde la calle o los medios, que cogobernar desde el congreso o el gabinete.
El sistema electoral tiene, necesariamente, que implementar varias reformas para el 2018 y la más importante es la segunda vuelta con gobierno de coalición. Existe numerosas iniciativas en ese sentido, dos de las más importantes las que presentaron Manlio Fabio Beltrones y Rafael Moreno Valle el año pasado, pero existen otras que vienen desde el gobierno de Felipe Calderón en el mismo sentido. No es verdad como se argumenta que ya no hay tiempo legal para sacar una reforma electoral que permita la segunda vuelta en el 2018. Ya la semana pasada María Amparo Casar explicó con detalle cómo se puede implementar esa reforma a través de una reforma constitucional y un transitorio en la misma.
Tampoco sería la primera vez que se hacen reformas de fondo en el ámbito electoral en coyunturas especiales: ya en febrero de 1994 se hicieron profundas reformas, como una manera de responder a la presión política que significó el levantamiento chiapaneco. Ya había candidatos presidenciales que ya estaban en campaña. La reforma se realizó, y los comicios de 1994 terminaron siendo de los más tranquilos y transparentes en muchos años. En esta ocasión no tendría por qué ser diferente.
La reforma que implemente la segunda vuelta, ya hemos insistido en ello, no tendría destinatario especial. Se han opuesto a ella, por las mismas razones, el PRI y Morena. Ambos creen que es mejor ganar con un 28 por ciento que ir a una segunda vuelta que le otorgue al futuro mandatario una mayoría propia que se pueda reflejar, además, en fuertes acuerdos legislativos. Creen que en una segunda vuelta las alianzas podrían no favorecerlos. No es verdad: dependerá de quiénes terminen compitiendo en esa segunda vuelta y de los acuerdos que se establezcan. Por supuesto que cuanto más radical o intransigente sea la posición de un contendiente, más difícil le será alcanzar acuerdos.Precisamente de eso se trata. Pero si no puede sacarlos para competir menos capaz será de llegar a ellos para gobernar.
Ninguna democracia presidencialista, salvo la muy peculiar de Estados Unidos, tiene ya un sistema de una sola vuelta. No lo tienen porque no es eficiente y porque en todas las naciones se va hacia la pulverización del voto entre varias fuerzas políticas que, por definición, impiden llegar a mayorías estables en una sola vuelta electoral. Ir hacia el 2018 sabiendo que nadie podrá contar con mayoría ni con posibilidades de lograrla es un error grave.
Claro que la segunda vuelta no es una panacea ni asegura que los acuerdos que se puedan signar para alcanzar una mayoría no se rompan en el transcurso del gobierno. También sería deseable que la misma fuera más sofisticada, que, como está propuesto en la iniciativa de Beltrones, se conjugue con el gobierno de coalición.
Hemos realizado muchas reformas pero las grandes, las importantes, han llegado casi siempre tarde, desde la energética hasta la educativa, no deberíamos esperar para implementar la reforma de la segunda vuelta hasta el 2024. Las dos últimas reformas electorales no han mejorado el sistema, han mostrado avance en algunos terrenos, pero en realidad han terminado cerrando aún más, quitando espacios a la ciudadanía y a la propia gobernabilidad en beneficio de las cúpulas partidarias. Es hora de modernizar el sistema y hacerlo mucho más viable, para que ayude a la gobernabilidad y los acuerdos.
En este sentido, no importa si el triunfador en el estado de México es Alfredo Del Mazo o Delfina Gómez, el PRI o Morena, si fue el PAN o el PRD el que quedó tercero, gane quien gane no tendrá el consenso de más del 20 por ciento de los electores reales del estado y comenzará a gobernar con el 80 por ciento de opositores. Y lo mismo sucederá en Coahuila y Nayarit. Y, sin segunda vuelta, en el 2018 en todo México. No alcanza para gobernar un país.