A tres meses de haber sufrido el atentado, el gobernador de Chihuhua, Patricio Martínez García, nadie parece tener una idea clara de dónde quedaron y hacia dónde van las investigaciones. Cuando la ex agente judicial Victoria Loya disparó contra la cabeza del gobernador, todo indicaba que se trataba de un ajusticiamiento del narcotráfico. Ahora el tema ha dado un nuevo giro con la filtración que hiciera la oficina del FBI respecto a que había advertido a la PGR que el cártel de Juárez o mejor dicho Vicente Carrillo Fuentes estaba dispuesto a matar al gobernador del estado.
Han pasado más de tres meses desde el atentado que sufrió el 17 de enero el gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García y nadie parece tener una idea clara de dónde quedaron y hacia dónde van las investigaciones: ni la procuraduría local que mantuvo el control de las mismas, ni la PGR que no atrajo el caso y tampoco parece haber profundizado en investigaciones propias sobre lo ocurrido.
Llama aún más la atención porque desde ese mediodía, cuando la ex agente judicial Victoria Loya disparó contra la cabeza del gobernador, todo indicaba que se trataba de un intento de ajusticiamiento del narcotráfico. Patricio Martínez salvó milagrosamente la vida y la salud pero nadie tiene claro qué ha pasado con la investigación.
Ahora el tema ha dado un nuevo giro por la filtración que hiciera la oficina del FBI en El Paso respecto a que había advertido a la PGR de que el cártel de Juárez, o mejor dicho su cabeza en Ciudad Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, estaba dispuesto a matar al gobernador del estado. El documento, que informa de distintas claves de comunicación entre líderes del cártel en Juárez, especifica que el FBI estaba en posesión de “muy limitada información de inteligencia recibida de un informante confidencial que indicaba que Vicente Carrillo Fuentes buscaba asesinar a Patricio Martínez y que esa información había sido proporcionada al oficial de la PGR Miguel Aragón, por el agente del FBI Héctor Camarillo”.
Lo cierto es que con esa información no se tomó aparentemente ninguna medida y tampoco se sabe qué destino le dio Aragón, entonces el segundo hombre al mando de la UEDO, la unidad especializada en la lucha contra el crimen organizado que encabezaba José Trinidad Larrieta, a la misma. Ello ha provocado una verdadera explosión política de Patricio Martínez, acusando a la PGR de no querer investigar el caso, de ignorarlo y no darle la atención suficiente. Martínez fue más allá al insistir en que parte de esa negligencia se debe a que se trata de un gobernador priísta y dijo que no sólo no ha habido información alguna de la PGR sobre el tema para la procuraduría estatal, sino que el propio presidente Fox jamás se ha comunicado con él desde el atentado.
Ayer mismo, la Secretaría de Gobernación, a través de Santiago Creel debió salir a hacerle frente a esa críticas, a respaldar públicamente al gobernador y anunciar que se estaba buscando conjuntar la información suficiente para atraer el caso a la esfera de la justicia federal. Y ayer mismo, a través de distintos canales, la PGR insistió en qué sí ha colaborado con la procuraduría estatal y que ese intercambio no ha sido mayor porque ésta decidió tener el control de la investigación desde el día del mismo atentado, aunque advirtieron que, ante la situación, atraerían “de oficio” el caso, por la utilización de un arma de fuego de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas. Como si faltaran elementos de confusión, el mismo día se anunció que en la celda de la frustrada asesina, Victoria Loya, se encontraron dos cápsulas con mercurio que, supuestamente, se intentarían utilizar para sacar de la cárcel, “viva o muerta” a la ex agente judicial.
El tema es muy extraño porque el atentado a Patricio Martínez se da en un contexto inocultable. Se produjo unos días después de que Vicente Fox declarara la guerra al narcotráfico pero poniendo el acento en el cártel de Tijuana, el de los Arellano Félix y en un marco de innumerables ajusticiamientos entre los distintos grupos del narcotráfico en Sinaloa, Baja California, en todos los estados de la costa del Pacífico y en Chihuahua. Días después, el presidente Fox visitó Chihuahua y también advirtió de un endurecimiento de la lucha contra el narcotráfico pero además contra un fenómeno que en esa región va de la mano con éste: el contrabando masivo de productos hacia México.
Pero al mismo tiempo, en los últimos días del año pasado, se detenía, acusados de vender plazas y trabajar para el cártel de Juárez, al delegado y al subdelegado de la PGR en Chihuahua, acción ante la cual Patricio Martínez dijo que él mismo había presentado en innumerables oportunidades esa denuncia siendo ignorado en la anterior administración de la PGR. Además, se involucraba en esa operación al entonces subprocurador Alfonso Navarrete y se escenificaba en torno a este caso un brutal enfrentamiento interno entre Navarrete y el jefe de la UEDO, Trinidad Larrieta, que terminaría dejando a los dos fuera de la PGR. Para terminar de complicar las cosas, se descubrió, vía Estados Unidos que el informante sobre esa complicidad de los delegados de la PGR con el cártel de Juárez era un ex agente, José Luis Thirión, actualmente detenido, con un negrísimo historial en las fuerzas de seguridad y que habría recibido, por filtrar esa información, dos millones de dólares de parte de los tradicionales adversarios de Juárez, los Arellano Félix. Y para oscurecer aún más todo el caso, el subdelegado detenido se fugó en la ciudad de México, y el ex delegado asegura que fue torturado para sacarle información.
Paradójicamente lo más extraño en todo este contexto, ha sido que la PGR no colocó al atentado contra Martínez García entre sus prioridades y que tres meses después apenas esté pensando en si atrae o no el caso, al mismo tiempo que la procuraduría de Chihuahua durante demasiados días, insistió en que el atentado no tenía nada que ver con el narcotráfico, que no tenía pruebas en ese sentido y que Loya (de la que dijo que estaba afectada de sus facultades mentales) había actuado contra el gobernador por resentimiento, por haber sido despedida de la policía judicial estatal. Ahora los primeros dicen que siempre colaboraron, cuando es evidente que no fue así, y los segundos que la investigación ha sido subestimada por las autoridades federales cuando todo indica que ellos mismos cayeron también en ese error.
Pero la preocupación de las autoridades debe ir mucho más allá, porque según información preveniente de Estados Unidos, que distribuyó la agencia AP, una semana después del atentado contra Patricio Martínez, distintos capos del narcotráfico se reunieron en Apodaca, Nuevo León, para reorganizarse y establecer nuevas líneas de trabajo. Porque si esa reunión fue cierta (y todo indicaría que a pesar de varias inexactitudes, un encuentro de esas características podría haber sido viable) no se trató como se manejó periodísticamente de una cumbre del narcotráfico en México, sino de uno de los dos principales competidores en este ámbito: del cártel de Juárez, convertido desde hace mucho tiempo en una suerte de gran corporación, con organizaciones regionales autónomas que mantienen su autonomía de operación. Si es así, si esa reunión se dio, todo indicaría que el cártel de Juárez, quizás más que preocupado por la ofensiva gubernamental en su contra, estaría preparándose para fortalecerse en la nueva coyuntura, en un contexto de debilidad de sus enemigos, los Arellano Félix a los que se les ha declarado la guerra a ambos lados de la frontera y para llegar a acuerdos para que en esa suerte de confederación que han establecido no se terminen produciendo enfrentamientos internos. En este sentido, muy probablemente no fue una casualidad que apenas cinco días después de que hubiera concluido ese encuentro, uno de los principales aliados del cártel de Juárez y enemigo de los Arellano Félix, Joaquín El Chapo Guzmán, haya salido de la cárcel de Puente Grande por la puerta y no se haya vuelto a saber de él.
Es verdad que las autoridades federales dieron un fuerte golpe a los Arellano Félix con la detención de una de sus células en el DF y la desarticulación de sus contactos con sectores de las FARC colombianas; también lo es que la operación realizada en Tamaulipas contra los grupos de Osiel Cárdenas son un fuerte golpe para uno de los principales asociados en la confederación en que se ha convertido el cártel de Juárez. Pero en medio de todo esto, el atentado contra Patricio Martínez continúa siendo un capítulo oscuro, un agujero negro en la lucha contra el narcotráfico, que genera más preguntas que respuestas.