16-01-2018 La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia sobre la constitucionalidad de la ley de seguridad interior presentada por el municipio poblano de Cholula, que argumenta que la citada ley le quita a ese municipio (a los municipios en general) el control sobre la seguridad pública. La Corte admitió la demanda, pero no suspendió la aplicación de la ley como sus impulsores deseaban.
Que bueno que la Corte revise la constitucionalidad de la ley. Le debe quedar claro a todo el mundo que la ley se enmarca en los términos de la Constitución. Pero también debe quedar claro cuáles son los principales problemas de seguridad que tenemos y las medidas que es necesario adoptar. El mayor mérito de la ley de seguridad interior es que al contrario de lo que dicen sus impugnadores, no arrebata el control de la seguridad pública a estados y municipios: lo que hace es obligarlos a cumplir con sus obligaciones en ese ámbito.
Hoy no lo cumplen y simplemente piden fuerzas federales, en muchas ocasiones con un costo alto al erario local, pero sin asumir las responsabilidades a la que los obliga la propia Constitución. Es el peor de los mundos: por una parte, los gobiernos locales no cumplen con sus obligaciones y por otra exigen, o piden, que las fuerzas federales se hagan responsables de ellas pero sin darles un respaldo legal para hacerlo. Eso es lo que intenta solucionar la ley de seguridad interior.
En una entrevista en Milenio, esta misma semana, el ex secretario de Gobernación. Miguel Osorio, decía que el problema que estamos enfrentando en el ámbito de la seguridad es que en muchos estados se ha perdido la coordinación que se había logrado en el pasado. No lo dijo, pero es evidente que eso ha sucedido, por ejemplo, en Chihuahua y Nuevo León desde que asumieron el poder Javier Corral y Jaime Rodríguez, respectivamente. Ambos destrozaron los esfuerzos institucionales locales para crear fuerzas policiales sólidas, que habían sido exitosos en los dos estados, colocaron en las posiciones de control a amigos sin preparación para el tema y, en los dos casos terminaron supliendo esas carencias pidiendo que el ejército se hiciera cargo de los espacios de seguridad que las fuerzas policiales locales habían logrado controlar en las pasadas administraciones con un gran esfuerzo de las instituciones federales, estatales y sobre todo de la sociedad civil.
Ese esquema, de una u otra forma se repite en la mayoría de los estados. Y no se puede hablar de coordinación cuando lo que se hace es abandonar responsabilidades institucionales para dejarlas en manos de otras instancias de poder. Más grave aún es hacerlo y, como ocurre en el caso de Chihuahua, al mismo tiempo pronunciarse políticamente en contra de lo que se está solicitando en forma pública.
La ley tiene problemas en un sentido contrario al que opinan sus impugnadores. Las fuerzas armadas no terminan de ser valoradas en el cuerpo de la ley de la forma en que deberían serlo. Soldados y marinos son eso, soldados y marinos, y no policías, no se puede pedir a los ejércitos que actúen con los mismos parámetros, como lo dice la ley, que los policías: son tareas, responsabilidades, preparación y hasta armamento distinto. Los militares actúan, y deben actuar como militares. Si alguien ataca un convoy militar debería saber que tendrá una respuesta equivalente a la fuerza que tiene un comando militar, no policial. Su entrenamiento para la reacción, su armamento, su preparación es diferente a la de un policía. La ley no asume que si un gobernador o un presidente municipal pide la intervención militar no significa que está contratando “policías vestidos de verde olivo” para realizar esa labor.
No es digno que tengamos a militares controlando el tránsito de alguna ciudad porque no pueden hacerlo los policías locales. Tampoco se les puede exigir que intervengan en episodios del fuero común, sin una orden específica, cuando las instancias locales no pueden o no quieren hacerlo.
No deja de asombrarme que cuando se discuten estos temas, no haya de la enorme mayoría de los políticos, del oficialismo o de la oposición, la claridad como para asumir que el verdadero problema es que no existan mecanismos policiales capaces en los estados y municipios. Que los mismos que están impugnando, por malas razones, la ley de seguridad interior, no se hayan dignado siquiera discutir las leyes relacionados con el modelo policial, incluyendo el crucial mando único en los estados (que no implica que desparezcan por completo instancias municipales, sino que las colocan bajo mandos, coordenadas y sobre todo modelos comunes, para todo el país).
En el ámbito de la seguridad nuestros políticos y sus partidos están ocupados en una suerte interminable de ocurrencias donde aparecen de repente y sin ninguna experiencia “expertos” que no tienen ni la más remota idea, y tampoco la más mínima voluntad política, para sacar adelante una estrategia que permita controlar una espiral de violencia e inseguridad que, simplemente hoy y así es desde hace muchos años, se deja crecer por razones estrictamente políticas y electorales.