20-07-2018 Para mi madre, Lidia, en sus 87 años.
Andrés Manuel López Obrador se ha tomado, con todo derecho, unos días de descanso en su rancho. Son días de relax, de estar con su familia, luego de dos semanas de torbellino luego de su espectacular triunfo electoral. Son días, dijo, que le servirán para reflexionar sobre muchas cosas.
Viendo lo sucedido, la catarata de anuncios que se han precipitado sobre el país desde el primero de julio, creo que es muy necesaria esa reflexión sobre todo para comenzar a tomar la medida, a darle la gradual idea y el tiempo que un programa de gobierno requiere. En estos días se han anunciado cambios tan profundos en la administración, en la política y hasta en el futuro de la vida cotidiana de la gente que en algunos casos han generado expectativas, esperanzas, pero en otros comienzan a provocar temores fundados.
De todo lo dicho, hay que quedarse con los programas sociales y la certidumbre financiera. Es lo que puede marcar realmente la diferencia en el corto plazo. Ante otros anuncios, como la política de seguridad, habrá que esperar para diferenciar entre dichos y propuestas concretas. Pero hay tres temas que sencillamente no creo que hayan sido reflexionados en profundidad y que pueden ser tóxicos para una administración a la que le faltan todavía cuatro meses para asumir el poder.
El primero es la descentralización del gobierno federal, esa idea de enviar a distintos rincones de la república las secretarías de estado, con su personal, sus trabajadores, directa o indirectamente con su infraestructura. No tiene sentido, es una idea que no ha funcionado. En el plano local, fue desechada desde 1986, después de los sismos del año anterior. En el internacional, la creación de Brasilia como nueva capital, casi deja a Brasil en la quiebra y generó un descontento que décadas después no se ha atenuado. Y estamos hablando de una ciudad que en su momento se pensó como el gran proyecto urbanístico del futuro, que no lo fue nunca, y aquí de movimientos de dependencias hacia ciudades que no tienen ni siquiera la infraestructura mínima para alojar a sus nuevos ocupantes y que ya son fuente de profunda preocupación para tres millones de familias mexicanas.
Otro tema. Que el presidente se reduzca su salario y que haga una muestra pública de austeridad es incomible, sobre todo después de los excesos que hemos vivido. Pero construir una administración pública sin incentivos y donde no se podrá contar con personal calificado de alto nivel porque, salvo casos muy particulares, no habrá interés profesional en trabajar en ella es un exceso en sentido contrario.
En las áreas financieras, de seguridad, de salud, de medio ambiente, militar, educativa, y en muchas otras, hay personal muy calificado. En estos días circuló mucho un tuit en el que irónicamente se ofrecía un trabajo como director de operaciones financiera de la SHCP para un cargo que implicaba gestionar una deuda de nueve billones de pesos, con un horario de 9 a 19, de lunes a sábados, sin prestaciones y con un salario de 40 mil pesos. Es más que una ironía: nadie realmente calificado para realizar esa labor aceptaría, salvo que tenga una fortuna personal considerable o que tenga otros intereses. Y tampoco es sano tener una política de ingresos ocultos para compensarla.
Simplemente hay tareas que demandan pagar por ellas lo que las mismas exigen, es la base de una economía de mercado de la que el gobierno no puede abstraerse.
Obviamente eso se relaciona también con la idea de despedir al 70 por ciento del personal de confianza. Mucho del mismo por supuesto que puede ser reajustado, pero se debe pensar seriamente a quién y cómo. Individualizar las decisiones. Ningún gobierno puede trabajar sin secretarías en muchos niveles, como tampoco puede hacerlo con sólo cinco asesores por cada secretaría.
Si éstas son decisiones que si no son revisadas terminarán afectando la vida de la gente y la eficiencia en el funcionamiento del gobierno, hay otra que será contraproducente para el propio presidente López Obrador. Todo lo relacionado con su seguridad personal y la operatividad del gobierno no puede ser subestimado.
El presidente necesita el Estado Mayor Presidencial, no hay un solo argumento válido de los que se han esgrimido hasta ahora para justificar su desaparición. La más ridícula que he escuchado es la que dice que se trata de un cuerpo “muy ostentoso”, me imagino que por el despliegue que realiza. En realidad no se compara con el que realizan otras corporaciones similares, comenzando por el servicio secreto estadounidense, pero si ese es el problema simplemente es el presidente entrante quien designará a su responsable y quien le debe ordenar qué tipo de políticas quiere, qué movimiento de personal, qué tipo de protección. Está en las manos del futuro presidente decidir cómo operará esa institución pero lo que no puede hacer es no contar con ella. La historia tiene demasiados ejemplos de cómo esas malas decisiones se pagan demasiado caro.
Faltan cuatro meses para el cambio de poder. Hay tiempo de reflexionar, de ajustar, de no sufrir desgaste con tanta anticipación. Y sobre todo de aprender que las medidas generalizadas y absolutas son dramáticas pero casi nunca eficientes.