01-11-2018 Sigo sin entender por qué el presidente electo asumió un costo tan alto con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Tanto por la decisión en sí como por la forma en que se operó, vía una “consulta“ sencillamente indefendible en términos de legalidad y confiabilidad.
Es evidente que se trató de un acto de autoridad, de refrendar cómo va a gobernar y de poner, como él mismo ha dicho, al poder político por encima del económico. En eso sin duda se debe estar de acuerdo. Pero me asombra lo mal operado que estuvo todo este proceso.
En el equipo más cercano al presidente electo dicen que en realidad, la decisión se tomó porque con el paso del tiempo se fueron descubriendo fuertes negocios ilegítimos en torno a la construcción del aeropuerto, cobros de comisiones muy altas y otras irregularidades. Suena por lo menos verosímil. Pero hubiera tenido mucho más efecto y hasta una buena recepción pública haber denunciado esas irregularidades e ilegalidades, sancionado a los responsables, limpiar literalmente la obra y continuar con ella. Es lo que la gente hubiera esperado.
No olvidemos que si bien la “consulta” le dio el triunfo a la opción de Santa Lucía, todas las encuestas serias realizadas sobre el tema mostraron que la gente se volcaba por Texcoco, con porcentajes inversamente proporcionales a los que dio la “consulta”. Y una encuesta bien realizada muestra en realidad lo que sí quiere la gente, “el pueblo”, mucho más que el ejercicio llevado a cabo la semana pasada. Quizás por eso, porque era una decisión tomada, un acto de autoridad, se decidió que incluso la encuesta que se había anunciado simultánea a la “consulta” simplemente no se realizara.
Tampoco concuerda lo declarado respecto a que en realidad lo que se quería evitar eran los negocios con los terrenos que ocupa el actual aeropuerto. Las propuestas que se han presentado al respecto no dejan de ser eso, propuestas, bastante interesantes por cierto, y que iban más allá de convertirlo en “un nuevo Santa Fe”, como dijo el presidente electo, quizás olvidando que Santa Fe lo idearon y construyeron algunos de sus ahora más cercanos colaboradores, el fallecido Manuel Camacho, el próximo canciller Marcelo Ebrard y uno de sus operadores privilegiados en Estados Unidos, Juan Enríquez Cabot, y más allá de los negocios que evidentemente se realizaron con ello pasó de ser una de las zonas más deprimidas de la ciudad, basureros literalmente, a convertirse en una de las áreas más prósperas y de mayor valor urbano. En última instancia el decidir que se haría con los actuales terrenos del aeropuerto, todos federales, estaría en sólo dos manos, las de López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Algo similar sucedió con la propuesta de los empresarios de hacerse ellos mismos cargo de la construcción y operación, lo que hubiera ocasionado un costo cero para el gobierno en una obra de infraestructura no sólo imprescindible para el país sino también importante para la consolidación de su imagen y en el mejor sentido de la palabra de la marca país. No entiendo porqué se rechazó esa propuesta o porqué no se la incluyó en la “consulta”. Limpiar de irregularidades el proceso de construcción y dejar que el capital privado asumiera la obra era con mucho lo más sensato. Existía incluso un compromiso público de López Obrador al respecto.
¿Por qué no lo hizo si tenía todas esas opciones en la mano? La única explicación es, nuevamente el acto de autoridad y el sometimiento del poder económico a su poder político. Tiene lógica, pero no deja de ser una lógica torcida y costosa para el país.
La cancelación del aeropuerto no es un tema coyuntural, va a marcar esta administración y lo hace incluso antes de que comience. Muchas variables políticas y económicas se ajustarán, para bien o para mal a partir de esta decisión y de cómo se opere la misma en el futuro inmediato. Fue un acto de poder y de autoridad, habrá que ver si también lo fue de inteligencia política y eficiencia económica y financiera.
Otro agravio a las fuerzas armadas
A propuesta de Félix Salgado Macedonio, aquel ex presidente municipal de Acapulco que permitió durante su mandato que el puerto quedara en los hechos en manos de La Barbie y otros narcotraficantes ligados a los Beltrán Leyva y que ahora funge nada menos que como presidente de la comisión de defensa del senado, ayer fue designado Saúl López Sollano como Secretario Técnico de la Comisión de Defensa Nacional del Senado. López Sollano fue miembro de las guerrillas en Guerrero en los setenta, siendo conocido como La Bruja. Estudió durante algunos años en la Universidad Patricio Lumumba, de la entonces Unión Soviética, donde recibió también preparación política y armada; formó parte del Ejército Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Más recientemente fue diputado local y dirigente estatal del PRD en Guerrero, partido al que renunció para sumarse a Morena. En la izquierda guerrerense se lo identifica en realidad como un militantevinculado al EPR. López Sollano, con su nuevo cargo, será el responsable del análisis y evaluación de los ascensos de militares y marinos, entre otras funciones que contempla la Secretaria Técnica de esa comisión del Senado. Un agravio más.