09-01-2019 Como lo publicamos en el libro que hicimos sobre la campaña del 2006 Calderón Presidente, la lucha por el poder (Aguilar 2007), unos pocos días después de esa polémica y discutida elección, una joven llegó al aeropuerto de la Ciudad de México como turista, con su pasaporte venezolano. Las autoridades de migración la retuvieron para interrogarla porque pensaron que su actitud era sospechosa, o por lo menos eso alegaron.
Luego de unas cuatro horas en las que se negó a responder preguntas, pidió que se comunicaran con la embajada de Venezuela y dijo que era una de las hijas del presidente Hugo Chávez, que viajaba con esa identidad porque no quería ser reconocida. Desde la cancillería se hicieron consultas con la propia oficina del presidente Chávez, se confirmó su identidad real y se la dejó en libertad. Durante esos días la joven, una de las principales operadoras del propio presidente (fue la que realizó la negociación que le permitió recuperar el poder luego del intento de golpe de Estado que lo había desalojado del mismo) se reunió con varios de los principales operadores del entonces candidato del PRD (que se supiera nunca con Andrés Manuel López Obrador) y regresó a su país.
La relación del lopezobradorismo, no necesariamente del ahora presidente, con el chavismo es añeja y ha sido constante, y muchos de esos dirigentes y operadores han sido invitados del régimen de Caracas, por eso nadie se debería extrañar de que el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, haya sido invitado a la toma de posesión de López Obrador o que México haya sido la única nación que no suscribiera la declaración de Lima que desconocía la elección de Maduro por la cual intentará quedarse seis años en el poder.
Lo que sucede es que la explicación que se da para ello es engañosa: dijo el canciller Marcelo Ebrard, que no es ningún improvisado y quien mayor experiencia política tiene de todo el gabinete, que en el marco de “la nueva política exterior“ se regresará a la no intervención en asuntos de otros países y se pondrá el acento en la defensa de los derechos humanos. Está muy bien, pero la pregunta es cómo se puede priorizar la defensa de los derechos humanos sin realizar intervención alguna en asuntos de otros países.
La no intervención fue un magnífico instrumento de la guerra fría que nunca se aplicó plenamente. México, por ejemplo, en 1973 rompió (en una de las mejores páginas diplomáticas de la historia del país) con el régimen de Pinochet, al tiempo que se alejó todo lo posible de las dictaduras de Argentina, Uruguay y de otros países del continente. En Colombia incluso se apoyó en su momento a las FARC, tanto que tuvieron hasta el gobierno de Calderónuna oficina abierta en México, con status casi diplomático. En 1979 se intervino abiertamente en Nicaragua, otorgando desde asesoramiento hasta armas al Frente Sandinista para derrocar a Anastacio Somoza. Poco después, junto con Francia se intervino de lleno en la guerra civil en El Salvador, reconociendo como parte involucrada al Frente Farabundo Martí, lo que fue esencial para lograr tiempo después los acuerdos de paz en ese país. O sea que se intervino y mucho cuando se consideró, con razón, que se debía hacerlo ante gobiernos que no eran democráticos ni legítimos y que enfrentaban movimientos sociales masivos y representativos.
En esa situación está hoy Venezuela (y también Nicaragua). No se está pidiendo una intervención extranjera, como ha ocurrido tantas veces en América latina, ni tampoco una intervención encubierta como sucedió hace unos pocos años en Guatemala, con una comisión internacional que terminó reemplazando fiscalías y autoridades. Se está reafirmando que la relección de Maduro no fue legítima (como ya se había establecido desde el año pasado) y que por lo tanto no debe asumir el poder y el régimen venezolano tiene que convocar a nuevas elecciones, donde pueda participar libremente la oposición que ya ganó el control del Congreso. Maduro lo que hizo fue desconocer al Congreso, como antes lo había hecho con la fiscalía general,para crear dos instituciones (legislativa y judicial) a modo que responden exclusivamente al ejecutivo. El de Chávez se podía argumentar que era un gobierno legítimo y electo. Maduro se asienta en una elección ilegítima y un golpe de Estado contra los demás poderes de la nación. Y en la represión indiscriminada.
Es tan ilegítimo el gobierno de Maduro como en su momento lo fueron el de Pinochet, el de Videla, o el de Somoza. Los muertos se cuentan por miles, al igual que los presos políticos mientras que los exiliados son millones, en un país devastado. ¿No merecía Venezuela tener el mismo tratamiento que, por ejemplo, El Salvador, a principios de los 80 de parte del gobierno mexicano? ¿No merece la oposición a Maduro ser legitimada y reconocida cuando se desconoce al congreso de ese país? ¿Podemos criticar a Trump y su gobierno pero no al de Maduro?
Quizás la diferencia es que se trata de un amigo de años atrás. Y como diría Benito Juárez, “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas“. No nos equivoquemos, una cosa es la legítima política de no intervención y otra la política del avestruz.