07-02-2019 En el equipo del presidente López Obrador están convencidos de que uno de los temas centrales que tendrán que sacar en el congreso en este periodo ordinario es la reforma a la reforma educativa.
Más allá de que eso que se dijo de que “no quedará ni una coma“ de la reforma impulsada el sexenio pasado no es necesariamente verdad, lo cierto es que, si la nueva reforma no se aprueba terminando abril, no habrá tiempo de implementarla para el próximo ciclo lectivo, que comienza en septiembre y habrá que esperar hasta el 2020-2021.En el gobierno creen que la actual norma educativa tenía aspectos positivos pero que se cometieron errores graves: el primero, fue dejar al magisterio fuera de la propia reforma, un tema en el que la decisión de encarcelar a Elba Esther Gordillo, hace exactamente seis años, terminó siendo clave. El segundo, relacionado con el anterior, en no poner el acento en la formación más que en la evaluación, como hizo, con resultados notables por cierto, en Puebla, el fallecido gobernador Rafael Moreno Valle. El tercero haber presionado tanto a maestros y autoridades locales que se generó un rechazo en muchos sectores con una evidente lectura política.
No están pensando, dicen, en una contra reforma, sino más bien en una reforma a la reforma, que construyendo sobre esos errores pueda dar una perspectiva distinta al proceso educativo. Entre los modelos que se han apreciado está el más exitoso de la última década en Europa que es el de Portugal, donde el acento está puesto precisamente en la formación de los maestros.
Claro que cuando se ve lo que ocurre con la CNTE surgen por lo menos dudas sobre esa posibilidad. Pero el hecho es que la Coordinadora está muy lejos de controlar a la mayoría del magisterio. No está haciendo con el gobierno de López Obrador nada distinto que lo que ha hecho con gobiernos anteriores, desde hace treinta años. Su ciclo de movilización-negociación-movilización siempre exigiendo más, ha sido una constante y una norma de actuación desde su creación. Uno de los errores del sexenio pasado es que luego de la detención de la maestra Gordillo, desde la subsecretaria de gobierno de Gobernación se decidió darle juego a la Coordinadora para presionar al Sindicato y tenerlo acotado. Darle juego, traducido al español, quiere decir darle dinero, prebendas y plazas. Luego se ejercieron fuertes presiones políticas contra la CNTE, pero después de los hechos de Nochtitlán y ante la cercanía del proceso electoral, se volvió a la dinámica anterior. Asumido el nuevo gobierno federal, la CNTE quiere, como siempre, lo que tenía y más.
Esos errores provocaron un crecimiento indudable de la Coordinadora. Pero no nos engañemos: la CNTE tenía hace seis años el control de 4 por ciento de los maestros del país, hoy tiene el 10 por ciento. Está muy lejos de ser hegemónica. Los grupos ligados a la nueva corriente de la maestra Gordillo tienen, hoy, aproximadamente, el 20 por ciento, mientras que el nuevo líder del SNTE, Alfonso Cepeda se está moviendo muy fuerte, con buena relación con el gobierno para consolidarse. Más temprano que tarde, está contemplada una elección en el Sindicato, universal y secreta, que en esas condiciones fortalecería al propio SNTE.
En los próximos días veremos si todo esto puede ser realidad a partir de aprobar la nueva reforma en el congreso. Hay divisiones en el oficialismo. Recordemos que la CNTE, sin duda sobre representada respecto a su peso real, tiene 40 diputados federales. Pero también es verdad que en ese conglomerado de fuerzas que es la Coordinadora la homogeneidad dista de estar presente, sobre todo cuando tienen enfrente a quien algunos consideran un neoliberal más, al presidente López Obrador, al que otros consideran su líder.
Olga
A la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una mujer respetable, querida y reconocida, la tienen en la mira. Un día dicen que está desgastada por las reuniones matutinas del presidente, otras que tiene diferencias con él o con otros miembros del gabinete, otros que le han vaciado la secretaría, en otras que ha quedado fuera de las principales negociaciones. Es evidente que el andamiaje que tenía Gobernación en los sexenios pasados era mucho mayor al que tiene ahora y que buena parte de la política interior se maneja directamente desde Palacio Nacional.
Ahora apareció un nuevo tema con la posesión de un departamento en Houston que no estaba en la declaración pública de bienes de la funcionaria. Olga explicó que fue decisión de la Función Pública no divulgar la existencia de esa propiedad porque es copropietaria con su marido. Y la secretaria de la Función Pública dijo que los bienes familiares relacionados a terceros (esposos o esposas, hijos u otros familiares directos) no se divulgan.
Todo mundo sabe que la ex ministra, como muchos otros integrantes del equipo del Presidente, es una mujer de una familia de dinero, ganado honestamente. ¿Es necesario que la gente sepa al detalle las propiedades de un funcionario en un país con tanta delincuencia e inseguridad, con tan poco respeto a la privacidad? Probablemente no, pero entonces tampoco fomentemos la simulación.