26-04-2019 El presidente López Obrador ha logrado sacar adelante la reforma educativa, concediendo en casi todo menos en el punto que, desde el inicio de la negociación, había indicado como una línea roja a la CNTE: no se tocaría el apartado B del 123 constitucional para que esa organización no pudiera tener control de las plazas en su estado. No se cruzó esa línea.
Sí otras: no habrá nada parecido a la evaluación, ni ella tendrá algo que ver con la permanencia y evolución; ésta estará determinada por el escalafón, como era antes, y no por algún tipo de evaluación o capacitación, y el ascenso será prioritario para quien sea fuente única de ingresos en su familia. En las leches secundarias, en cuya elaboración sí participará la CNTE como muchos otros actores, se determinarán los mecanismos de admisión, promoción, reconocimiento magisterial y diseño de planes. Los estados se quedan con la educación pero el presupuesto lo llevará la federación (traducido al español: ellos se ocupan de los problemas locales, pero no tienen presupuesto para resolverlos).
La Coordinadora ha anunciado que iniciaría movilizaciones y paros enmarcados en un estentóreo “ante la imposición, revolución”. En realidad se replegarán, como han hecho siempre después de que han ganado algo importante (y lograron varios puntos que les interesaban), para regresar después con sus objetivos iniciales. En realidad su “revolución” se centra en “negociación, movilización, negociación” para lograr objetivos concretos, materiales. En todo esto a lo que hay que estar muy atentos es a si la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aceptó la orden del presidente López Obrador en su memorándum de “liberar a los presos políticos” de la Coordinadora, que son en realidad delincuentes comunes que han participado en todo tipo de delitos, incluyendo secuestros. Nadie ha informado al respecto.
Pero viendo todo lo ocurrido, creo que existe un error de interpretación muy significativo. La mayoría de los analistas insisten en que la CNTE es la que terminó ganando con este reforma y resulta que sí algo ganó, pero el que verdaderamente lo hizo fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que encabeza Alfonso Cepeda.
Lo que está en la reforma es todo lo que pretendía el Sindicato, incluso separando lo de las plazas que era una demanda de sus adversarios, minoritarios, de la Coordinadora. Si a algo se oponían en el Sindicato era a la modalidad de evaluación “punitiva” que tenía la reforma, esa fue una constante con Elba Esther Gordillo, con Juan Díaz De la Torre y ahora con Cepeda, y desde esa lógica han logrado volver a estar colocados en el mismo sitio (privilegiado sin duda) previo a la reforma de 2013 y a la detención de Gordillo, a la que sintomáticamente la misma semana en que se negociaba este acuerdo, la Fiscalía General de la República ordenó que se le regresaran las propiedades y cuentas bancarias embargadas desde ese año.
El verdadero éxito político del gobierno es el acuerdo con el SNTE y haber logrado hacer retroceder esa relación a la que tenían al inicio del gobierno de Peña, esta vez con López Obrador de presidente , Cepeda como líder y con Elba Esther como factor de peso (pero no decisivo) en esa ecuación. Por eso era tan importante no pasar la línea roja de la reforma al apartado B del 123 constitucional, porque eso sí hubiera significado que el triunfo político hubiera sido de la Coordinadora y no del Sindicato.
Pero tampoco echemos campanas al vuelo. Comparada con las grandes reformas que han permitido a otros países destacar en pocos años en la educación pública, ésta se confirma como una reforma burocrática, no de contenidos. El caso más exitoso es Portugal. Allí por ejemplo, el eje de la educación está en los niños de 3 a 6 años, para desarrollar, entre otros aspectos su “instinto de equidad” porque, dicen las autoridades “si el niño se queda en su casa puede que su entorno no estimule el aprendizaje y los mismos valores de la escuela” (¿recuerda el debate sobre estancias infantiles y el consejo de Urzúa a que los cuide el abuelito?). Los maestros deben cursar, concluida su carrera de seis años, un máster de cinco para poder dar clases. La capacitación y evaluación de maestros y funcionarios son constantes. A todo eso se suman cambios descentralizados de contenidos adoptados a nuevas tendencias y a las necesidades tanto locales como nacionales. El resultado es el mejor sistema educativo de Europa en un país que está lejos de ser el más rico.
No es nuestro caso. La reforma que se ha votado no deja de ser administrativa, la calidad queda para otro día.