17-06-2019 Una de las muchas razones por las cuales la administración López Obrador no despega ni termina de establecer una relación sólida con distintos sectores pero sobre todo con la iniciativa privada, es la enorme cantidad de contradicciones en las que incurre casi cotidianamente.
Apenas esta semana alguna de ellas fueron notables. El presidente y el congreso entraron en el proceso de aprobar lo más rápidamente posible el TMEC, el nuevo tratado de libre comercio, una pieza fundamental para el desarrollo del país.. La propia forma en que se trata de resolver la crisis con Estados Unidos por la amenaza de los aranceles demuestra que el presidente es consciente de que nuestra relación con la Unión Americana y con el mercado global son el corazón del desarrollo de México.
Pero al mismo tiempo, quizás porque no se puede cambiar un discurso desarrollado durante más de tres décadas, quizás porque no se termina de comprender plenamente lo que implica la integración con Estados Unidos y Canadá y más allá con el mercado global, el presidente López Obrador sigue insistiendo, como lo hizo este fin de semana, con que debemos consumir lo que producimos y entonces lo demás “nos hará lo que el viento a Juárez”. Ningún país y mucho menos México, puede sobrevivir y ser próspero “consumiendo lo que producimos”, ni en el ámbito industrial ni en el agropecuario. El mercado, se lo debe entender, no es nacional, es global, y debemos sacar las mayores ventajas de los sectores en los que somos más competitivos. Esa es la idea del TMEC o de no haber ido a una guerra comercial por el tema de los aranceles a pesar de los costosos acuerdos migratorios.
Esta semana pasada se avanzó en un prodigioso esquema de explotación de gas dentro del país que puede ser fundamental para lograr el desarrollo y la industrialización de muchas regiones. Cuando se termine de concretar será una gran noticia que podrá canalizar grandes inversiones en el sector energético. Pero la CFE sigue confiando más en el carbón y su estrategia se basa en ser autosuficiente en la producción de energía, lo que está demostrado que no es posible ni redituable para el país, ni siquiera para la empresa paraestatal.
Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, en la misma semana insta a los empresarios a invertir en el sector energético, en las nuevas licitaciones abiertas para aumentar la producción de crudo, pero al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos cancela las licitaciones para asignar a Pemex socios privados en la explotación de campos petroleros. El objetivo de las alianzas era permitir que Pemex pudiera asociarse y así compartir los riesgos y evitar que la petrolera incurriera en gastos excesivos de inversión. No fue por falta de aspirantes, once empresas, nacionales e internaciones, estaban dispuestas a participar, pero en Pemex y en la secretaría de Energía decidieron que no necesitan socios para acometer esa tarea. Es claro: se debe elegir en el rumbo de apertura y asociación que plantea una parte del gobierno, o la autosuficiencia que plantean la secretaría de Energía, Pemex y la CFE. Y los dos proyectos no son compatibles entre sí.
El jueves el presidente estuvo con empresarios. Fue bien recibido y el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, anunció la disposición de las empresas de invertir en el país este año 32 mil millones de dólares. Pero Salazar insistió en que debía haber un ambiente adecuado para invertir y condiciones jurídicas idóneas para hacerlo. En realidad esa desconfianza empresarial tiene nombre: el aeropuerto de Texcoco, cuya cancelación más allá de cualquier debate implicó vulnerar la seguridad jurídica y política que requiere cualquier inversionista. Si un gobierno porque sí, decide cancelar a medio camino la mayor obra de infraestructura en el país, con más del 75 por ciento de inversión privada, porqué no podría cancelar cualquier otra inversión menos significativa. Cuando los empresarios hablan de ambiente adecuado y de condiciones están hablando de eso y de seguridad jurídica y cotidiana, la que también está en crisis. Pero ese es otro tema.
Al día siguiente de estar notoriamente satisfecho en la reunión con el CCE y de asumir compromisos mutuos, el presidente se fue a defender la opción Santa Lucía en el tema aeropuertario. Está en su derecho, lo que no puede hacer es lo que anunció: dijo que exhibirá y denunciará a todo el que se ampare en contra de Santa Lucía y para paralizar la destrucción de las obras de Texcoco, diciendo que todos los que lo hacen están defendiendo intereses económicos. El derecho de amparo es constitucional y de lo que trata es, simplificando, de evitar abusos de las autoridades. El presidente no puede ni debe, actuar como si quien se amparara por alguna causa, fuera un criminal que debe ser denunciado. En el caso de los dos aeropuertos es muy claro, transparente, quienes se han amparado, incluyendo buena parte de los grupos empresariales con los que estuvo reunido, tan satisfecho el jueves pasado. Más allá de que tengan intereses en esas obras, en un sentido o en otro, lo cierto es que solicitar un amparo es un derecho y el presidente no puede vulnerar el mismo. De eso hablaban los empresarios el jueves cuando ofrecieron inversiones y reclamaron condiciones y un ambiente adecuado para realizarlas.
El régimen se debate entre el discurso y la realidad. Entre los esquemas ideológicos añejos y el mundo de oportunidades que se le abre y que no se contemplaba en el mismo. En la contradicción que encarna el propio López Obrador.