Podrá parecer todo muy teórico pero en resumidas cuentas lo que se dice es que un Estado que no tiene control y monopolio de la fuerzas y que no la impone contra quienes quieren destruir o dañará sus bases de convivencia social, termina siendo un Estado no funcional o en alguna medida como se dice ahora “fallido”.
Por eso desconcierta que el gobierno federal asegure que no ejercerá “nunca” la represión contra ninguna manifestación. El viernes pasado, más allá de la justa demanda esgrimida para convocar a la movilización feminista, hubo innumerables actos de agresión contra las personas, los medios de comunicación (la feroz agresión que sufrió el reportero Juan Manuel Jiménez fue la más violenta pero no la única), contra los bienes públicos y privados, se quemaron oficinas, paradas del metrobús y se hicieron destrozos en el Angel de la Independencia. De todo eso existen imágenes y responsables. No fue una movilización que se salió de control: los actos de violencia fueron preparados e impulsados por provocadores a los que seguramente siguieron otras manifestantes.
Cuando el secretario de seguridad capitalino, Jesús Orta, dice que la policía”no fue rebasada”y que hubo “saldo blanco” lo que dice es que la policía no fue rebasada porque simplemente no intervino en ningún momento y cuando habla de saldo blanco me imagino que quiere decir de que afortunadamente no hubo muertos, porque heridos, agredidos, daños, los hubo a montones, ¿o esas no pueden ser considerados víctimas porque la causa que convocó a la movilización era justa?.
En el gobierno capitalino y federal confunden la represión con el ejercicio legítimo de la fuerza para hacer cumplir los fundamentos básicos de la ley. Volvamos a los clásicos: los Estados fuertes son los que tienen leyes laxas que se cumplen en forma inflexible, los débiles son los que tienen leyes inflexibles que se aplican en forma laxa.
Pero pareciera que desde el poder consideran que ningún desafío se debe combatir. Cuando inició el sexenio se abrieron de par en par las fronteras a la migración con consecuencias funestas. El cambio de política lo impuso Estados Unidos pero hay que insistir en que retomar el control fronterizo era una exigencia interna, de seguridad nacional. El combate al crimen organizado también parece transitar por una suerte de amnistía de facto, pero las consecuencias han sido un incremento de la violencia y de la inseguridad cotidiana de la gente, al tiempo que se deterioran nuestras relaciones internacionales y económicas internacionales por la imagen que de eso resulta. Hubo 19 muertos en Uruapan y 27 en Irapuato y la respuesta es que “no habrá guerra”. Nadie habla de guerra sino de hacer cumplir la ley. El EZLN rompe acuerdos y rompe “el cerco”, ampliando su área de influencia. Si el día de mañana reactiva la declaración de guerra en contra del Estado mexicano, dirán que esperan abrazos no balazos.
No es que el gobierno no esté consciente de ello, tanto lo está que aprobó la llamada ley garrote en Tabasco para impedir que movilizaciones impidan avanzar en la construcción de Dos Bocas. ¿Cómo entender que el gobierno denuncie que los ciudadanos que legítimamente presentan amparos en contra de Santa Lucía hacen un “sabotaje legal”, pero no quiere siquiera abrir una averiguación previa contra provocadores y agresores ?.
Hay quienes dicen que la violencia es la única forma de poner en la atención pública la causa de la violencia que sufren las mujeres. Ocurre exactamente lo contrario: los hechos de violencia demeritan una causa justa, por eso hay provocadores que buscan agredir, lastimar, dañar: nadie que haya visto como golpean por la espalda a un comunicador o que ve como es golpeado un transeúnte por ser hombre o cómo se incendia una estación de metrobús llena de gente o se destroza el ángel de la independencia, estará más cerca de la justa causa de las mujeres.
El desafío es luchar por una causa justa sin vulnerar los derechos de los demás. La historia está llena de causas justas que terminan exterminadas por haber tratado de ser impulsadas por la vía violenta.