03-09-2019 Hace unos días, muy poco antes de la masacre en Coatzacoalcos, estuve en la ciudad vecina de Minatitlán. Estuve reporteando el desempeño de la Guardia Nacional en la primera ciudad que había recibido elementos de esa institución, en abril pasado, cuando se produjo el asesinato de toda una familia, incluido niños, por una venganza entre grupos criminales, los mismos que la semana pasada ejecutaron la masacre en Coatzacoalcos. La Guardia Nacional, con todas sus limitaciones, ha proporcionado un respiro a una sociedad secuestrada por los grupos violentos. No en vano es su creación la medida que mayor apoyo tiene en las encuestas, cerca de un 72 por ciento, en agosto pasado.
Lo que vi en Minatitlán es lo mismo que he visto en otros lugares de la república en estos nueve meses, pero también hace seis y doce años. La presencia de las policíasestatales y municipales es casi inexistente y en muchas ocasiones actúan coludidas con alguno de los grupos criminales que operan en los distintos municipios y estados. No estamos hablando de unos pocos elementos: hay más de 300 mil policías estatales y municipales en el país, pero salvo un puñado de corporaciones, la enorme mayoría de ellas no tienen capacidad para garantizar siquiera el orden público en sus áreas de operación. Y sin ellas tampoco podrá la Guardia Nacional con la inseguridad.
Nadie puede estar en contra de los intentos de pacificación a través de programas sociales, de búsqueda de desaparecidos, tratar de impedir que se violen derechos humanos o se torture. El problema es que eso es una política humanitaria y social, no una estrategia de seguridad. Tampoco lo es reunirse a las seis de la mañana con el gabinete sectorial. Los datos duros indican que en ninguna de las principales variables de la seguridad pública hay avances concretos a nueve meses de iniciado el gobierno, y en muchos casos hay retrocesos. No se ha avanzado en el decomiso de drogas o la erradicación de plantíos, tampoco de armas, dinero, precursores químicos. En todas las grandes ciudades la criminalidad ha crecido y con ello la percepción de inseguridad en la población.
El gobierno federal apuesta a mejorar las condiciones sociales para avanzar en la pacificación, pero no son los receptores de esa ayuda social los que operan en el crimen organizado. Las causas, los orígenes, el componente social de éste es otro, es diferente. Creer el cuento de que alguien se convierte en sicario o secuestrador porque es pobre es criminalizar la pobreza.
El problema de fondo está en la insistencia presidencial de que los criminales son pueblo y no se puede atacar al pueblo. Por eso termina diciendo que el Estado se convirtió “en el mayor responsable de la violación de derechos humanos en el país“. No es verdad: fueron los grupos criminales los que mataron, torturaron, desaparecieron, secuestraron, extorsionaron a millones de ciudadanos.
La presencia militar no se ha reflejado, al contrario de lo que se ha asegurado, en un aumento del ejercicio de la violencia por soldados o marinos. En 2013, según cifras oficiales, hubo 10 mil 54 homicidios vinculados con la delincuencia organizada. Como resultado de agresiones cometidas contra personal militar (operativos, enfrentamientos y emboscadas) murieron, ese año, 523 delincuentes. En 2014, hubo 6 mil 819 muertos por la delincuencia organizada, en enfrentamientos con militares 379. Al año siguiente, 2015, hubo 6 mil 981 muertos por la delincuencia organizada, en enfrentamientos con militaressólo 192 delincuentes. En el 2016, la cifra de muertos y ejecutados por el crimen organizado aumentó dramáticamente: fueron 10 mil 702 las víctimas; a pesar de eso, los delincuentes que perecieron como resultado de enfrentamientos con militares disminuyeron, fueron 168. En 2017 hubo otro enorme salto en la violencia: el crimen organizado cobró 15 mil 676 víctimas mortales. Sólo 176 delincuentes murieron a manos de militares. En el 2018 se tuvo el máximo número de víctimas por la delincuencia organizada en la historia, fueron 18 mil 613. Sólo hubo 239 delincuentes muertos en enfrentamientos con militares. ¿Dónde están las masacres, las ejecuciones, las violaciones masivas a derechos humanos cometidas por fuerzas militares o el Estado?.
Falta una verdadera estrategia de seguridad que incluya un nuevo modelo policial que abarque todo el país y los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, con equipo, mandos y manuales de operación homologados. Sin ello no habrá avances. Y con un mal diagnóstico menos aún.