La soledad del presidente es un símbolo. Tradicionalmente, en el Grito se congregaba en los pasillos y balcones a buena parte de la clase política, empresarial, a los otros poderes de la Unión, invitados especiales que iban del deporte a la cultura. Ahora todo está vacío: los invitados, este año, están abajo, celebrando en el patio central de Palacio. En los pisos superiores, el Presidente no tiene compañía: el Estado es el presidente y el presidente es el Estado. Ese es el símbolo, el mensaje. No hay intermediarios. Son el líder y la gente. Nadie más.* * *
La liberación de otros 24 detenidos del caso Ayotzinapa es, como dijo Alejandro Encinas, “una afrenta a la sociedad“. Es verdad, pero hay que recordar que esa afrenta, surgió de una resolución judicial de un tribunal de Tamaulipas, impulsada por un amparo respaldado por el propio Encinas y organizaciones cercanas a los padres, incluyendo a quienes integraron al revivido GIEI, para que se reabriera la investigación y se creara una comisión independiente, bajo el supuesto de que se habían cometido irregularidades y torturas contra los detenidos, mismas que el juzgador nunca pudo comprobar pero que dio por buenas, basado en las denuncias de los propios impulsores de esa decisión judicial.
El 14 de septiembre pasado, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado que da a conocer algunos puntos muy interesantes sobre el caso. Dice la FGR que la sentencia aprobada el 31 de mayo del 2018 implicaba reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones.
La FGR recuerda que esa sentencia fue impugnada por la PGR al violentar la función constitucional del Ministerio Público Federal; pero que también fue apoyada mediante diversos recursos “que han permitido la situación que hoy se está enfrentando“. Los padres y sus abogados, insiste la actual FGR, “presentaron recursos que han impedido que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre dicha sentencia del Tribunal Colegiado“.
El comunicado de la FGR explica que “desde el principio de la presente administración, está institución y la Subsecretaría iniciaron la búsqueda de un nuevo fiscal independiente y autónomo para Ayotzinapa… y fue hasta el 26 de junio de este año que se nombró a Omar Gómez Trejo… quien aceptó la invitación apoyado por familiares de las víctimas“.
Pero, y este punto es fundamental para comprender lo ocurrido, la FGR explica que “a partir de ese momento, el nuevo fiscal independiente y autónomo, con su equipo de trabajo y con el apoyo de la Fiscalía de Derechos Humanos de esta institución, ha venido tratando de obtener toda la información de todos los procesos y de las gestiones ordenadas por la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, hasta que el juez de distrito en Matamoros dio un plazo de 10 días naturales para el cumplimiento de los protocolos de Estambul a lo que la Fiscalía de Ayotzinapa le solicitó la ampliación del plazo para tal cumplimiento, en razón de que cada uno de los investigados tiene que dar su anuencia y a que dicho protocolo no lo podía aplicar la FGR y se tenía que encontrar una institución inobjetable que los realizara proponiendo para ello a las autoridades de la Ciudad de México en materia de derechos humanos; a todo lo anterior el juez de distrito se negó otorgando la libertad a los policías locales procesados“.
En otras palabras, la FGR explica que se liberó a los detenidos porque familiares y abogados bloquearon la participación de la SCJN para declarar inconstitucional la decisión del tribunal colegiado. Y porque el fiscal independiente no pudo aplicar el protocolo de Estambul en forma independiente a los detenidos. Por eso, con base en el amparo de 2018 suponiendo que hubo tortura, aunque nadie la hubiera podido comprobar, fue que el tribunal colegiado comienza a decretar las liberaciones de los detenidos. La “afrenta a la sociedad” se fraguó con el trabajo de quienes ahora la condenan.