26-11-2019 La confirmación de que la Casa Blanca designará como terroristas a los cárteles mexicanos del narcotráfico, deberá modificar toda la relación de seguridad con Estados Unidos y obligará al gobierno de López Obrador a cambiar su cuestionada estrategia de seguridad.
La inacción contra los grupos criminales no ha pasado desapercibida por el gobierno de Estados Unidos que, en el inicio de una difícil campaña electoral y con la amenaza del proceso de impeachment contra Donald Trump, tiene 60 mil muertos anuales por sobredosis de drogas, sobre todo de fentanilo, que en su mayoría provienen de cárteles mexicanos, a lo que se suma lo sucedido hace 40 días en Culiacán, cuando se dejó en libertad a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán y con pedido de extradición de la Unión Americana y días después el asesinato de tres mujeres y seis niños de la familia Le Baron, todos ellos de nacionalidad estadounidense.
Esos hechos catalizaron la decisión anunciada ayer por Trump, pero el tema es añejo. En realidad, se arrastra desde el inicio de la administración López Obrador y se ha ido agudizando mes con mes. Desde el inicio del actual gobierno no existe una relación de intercambio de seguridad e inteligencia serio con Estados Unidos, la colaboración se redujo prácticamente a cero en los temas de narcotráfico. Sumado a eso no se concretó prácticamente ninguna detención de narcotraficantes especialmente designados por Estados Unidos ni tampoco ninguna extradición importante. La política de pacificación emprendida por el gobierno federal no fue ni comprendida ni aceptada al otro lado de la frontera donde la percepción que tuvieron fue que simplemente existía una suerte de pax narca que lo único que había logrado es que cada vez ingresaran más drogas al territorio estadounidense, sobre todo drogas sintéticas y opiacios.
Como lo advertimos en su momento, esta decisión era inevitable desde el mismo momento en que también se presionó al gobierno federal para cambiar su política migratoria. El giro de 180 grados operado por la administración López Obrador que pasó de la política de puertas abiertas a un fuerte control migratorio, desplazando a cerca de 27 mil elementos de la Guardia Nacional a las fronteras norte y sur, además de ser una necesidad de nuestra propia seguridad nacional fue la consecuencia de las exigencias de la Casa Blanca. Desde entonces era inevitable que tarde o temprano Washington exigiera un cambio de la política de seguridad.
Después de los hechos de Culiacán y de la masacre de la familia LeBaron, legisladores y funcionarios aseguraron “no conocer“ la política de seguridad de México, “si es que había alguna“, un congresista la calificó de “un cuento de hadas“. El embajador estadounidense, Christopher Landau, en una conferencia en el Tec de Monterrey, hace apenas dos semanas advirtió públicamente sobre la necesidad de combatir al crimen en forma conjunta. “Ya hemos visto en varias partes de México, dijo Landau, un embajador extremadamente prudente, que hay un gobierno paralelo de los narcos en ciertas partes de la República, donde en la superficie parece que todo va normal. La gente va a la escuela, al cine, pero no se meten con los narcos, ellos realmente tienen el poder. Esto no puede ser. El territorio donde los narcos tienen ese poder continúa expandiéndose a través de la República. Es tan importante el futuro de México que, si no lo combatimos ahora, esto se va a volver mucho peor”. Si Culiacán, agregó, “no nos despierta a todos para ver la realidad de la situación, yo no sé qué vamos a estar esperando, porque me parece obvio que es un peligro enorme”.
La experiencia más cercana a la designación de cárteles del narcotráfico como grupos terroristas las tuvimos en Colombia, primero con la persecución de Pablo Escobar y más tarde con la aplicación del Plan Colombia. La legislación estadounidense permite que a esas organizaciones se les pueda aplicar medidas drásticas que impiden cualquier trato comercial con quien esté acusado de tener relaciones con ellos, pero también permite intervenciones militares contra objetivos específicos designados como terroristas, como se ha hecho, por ejemplo, recientemente con líderes de ISIS en Siria o años atrás contra Osama Bin Laden en Pakistán. Para esas acciones la legislación estadounidense considera que no tiene que pedir autorización en los países donde se refugian esos grupos o individuos que considera peligrosos para su población y su propia seguridad nacional.
Era un tema que iba a estallar y finalmente lo hizo. Si no es suficiente como para revisar la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador, no sé que puede ser necesario para que ello suceda.