30-04-2020 Dicen que el presupuesto de un país es política concentrada. Es verdad, y por eso, en todas las democracias, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos se vota en los parlamentos, para obligar a que esa política concentrada en el manejo de los recursos públicos no tenga una visión unilateral y refleje la participación mayoritaria de la sociedad, en términos no sólo partidarios sino también regionales. Las restricciones presupuestarias para el ejecutivo tienen ese mismo fin: ponerle límites a la presidencia de la república en el manejo del dinero. El control del presupuesto es una de las bases para la división de poderes de cualquier democracia.
Ya está en la cámara de diputados una iniciativa que, con la excusa de una emergencia (no definida en la iniciativa), busca una modificación de fondo en el proceso presupuestal que le permitirá al ejecutivo federal ejercerlo a su leal saber y entender. En otras palabras, más allá de lo que se haya votado en el congreso, el presidente de la república ante una emergencia, puede disponer a su consideración de los recursos públicos. Ante las reacciones que se han suscitado, el mandatario ha dicho que se trata, otra vez, de una conjura reaccionaria y que las críticas a la iniciativa son porque vienen las elecciones.
Que la iniciativa tiene una visión electoral es verdad, pero por parte del oficialismo, no de la oposición. El gobierno, debilitado por la crisis sanitaria, económica y de seguridad, quiere disponer libremente de los recursos e invertir en sus objetivos prioritarios sin tener que negociarlos con nadie. Y la mira está en las elecciones del 6 de junio del 2021. Al Presidente, eternamente en campaña, lo que le interesa no es sólo que Morena y sus aliados ganen esos comicios, sino que conserven la mayoría legislativa en la cámara de diputados.
El estilo de gobernar del Presidente, autoritario, alérgico a cualquier negociación (no se recuerda una sola reunión con los partidos opositores) incluso interna, no admite compartir parcelas de poder. En ese camino ha centralizado como nunca antes el poder en su propia oficina (incluso respecto al resto del gabinete y a áreas altamente especializadas como Hacienda), su relación con el Congreso es de orden y mando, no negocia legislativamente nada, y se encuentra ahora con la posibilidad de controlar en forma ejecutiva el presupuesto federal.
El Presidente ha declarado que la iniciativa simplemente busca ajustar recursos a la nueva realidad del país. Eso se entiende, pero lo que sucede es que la iniciativa va muchísimo más allá: busca que, considerando una situación de emergencia no definida, se pueda redireccionar desde el ejecutivo todo el presupuesto. No se especifica siquiera quién declara la emergencia y por qué causas. El coordinador de Morena, Mario Delgado, acusa, como su jefe, a “la derecha” de hacer una campaña contra la iniciativa, pero acepta que se tienen que hacer modificaciones porque como está son muchos los legisladores, incluso de Morena, que la consideran inconstitucional. Porfirio Muñoz Ledo así la llamó y puso énfasis en que viola la división de poderes. Y tiene toda la razón.
Más aún porque durante toda la emergencia sanitaria el congreso no trabajó salvo para encomiendas muy puntuales del ejecutivo: la ley de amnistía y esta ley de responsabilidad hacendaria. El oficialismo se negó a sesionar para analizar un programa económico de apoyo, se negó a revisar la situación sanitaria, ni una propuesta impulsó para que pudiera mostrarse como parte de un gran acuerdo nacional, al contrario, se polarizó aún más. La emergencia, diría el Presidente, le vino como “anillo al dedo” para reforzar sus políticas centralizadoras, impulsar su proyecto y polarizar aún más el país, incluso, como lo hacen algunos de sus propagandistas, insistiendo en que el covid 19 es una enfermedad fifi, o que ataca a los güeros pero no a los morenos y una sarta de estupideces por el estilo.
El Presidente no quiere negociar nada con nadie. Quiere sacar adelante sus proyectos. Los mismos no pasan, por ejemplo, por canalizar más recursos al sector salud, tan lastimado desde mucho antes de que estallara la pandemia, por la irreflexiva desaparición del seguro popular y la imposición del INSABI, sino en garantizar los recursos para los apoyos sociales (ya acompañados incluso de una carta firmada por el presidente López Obrador para que nadie se confunda sobre quién los entrega), para sus obras prioritarias como Dos Bocas y el Tren Maya y también para la operación salvataje de Pemex, que pasará por asumir desde el Estado las deudas de la empresa que hoy, si fuera privada, estaría literalmente quebrada.
Para eso necesita redirigir miles de millones de dólares. Y por eso necesita esta iniciativa de ley que le da todo el poder sobre el presupuesto.