28-08-2020 La obsesión de transformar la justicia en política es, siempre, mala consejera. Luego de que el video de Lozoya fuera contestado con rudeza con el video de Pío, se ha recurrido, como siempre, a una fuga hacia adelante, protagonizado, ahora, por la consulta sobre el juicio a los ex presidentes. Ayer, las bancadas de Morena y el PT, en una acción que podría configurar el abandono de Morena del compromiso de que el PRI presida la mesa directiva de la cámara de diputados en favor del PT y de Gerardo Fernández Noroña, reiteraron que tratarán de organizar la consulta sobre el juicio a los ex presidentes y, además, tratarán de que se empareje con la elección de junio próximo.
Pero eso no es legalmente posible: primero, si hubiera consulta tendría que ser, mínimo, el primero de agosto del año próximo, dos meses después de las elecciones. Y segundo, no parece haber base legal para establecer una consulta de ese tipo sin violar la Constitución, los derechos humanos y la presunción de inocencia. Una vez más, una consulta de este tipo parece más una actividad de campaña política que un intento real de hacer justicia.
En ese sentido, se divulgó un video del presidente López Obrador donde en el contexto del segundo informe de gobierno, dice que “nunca más debe haber en México un Genaro García Luna” e insiste en que existió en el país “un narcoestado”. Lo decíamos aquí el once de agosto pasado, cuando el Presidente soltó por primera vez esa idea y hay que reiterarlo: en México no hubo entonces un narcoestado, como tampoco es hoy un narcoestado, pese a que durante la actual administración hay tantos muertos y violencia como en los dos pasados sexenios.
Insistimos: por supuesto que ha habido, y hay, casos de funcionarios coludidos e incluso integrantes del narcotráfico, y también existen regiones del país donde el control del crimen organizado es evidente, pero ni la mayoría de los funcionarios (ni en los pasados sexenios ni en el actual) son parte del narcotráfico ni tampoco las instituciones están tomadas por éste. Es más, en el caso del propio ex secretario de seguridad Genaro García Luna, quien está detenido en Estados Unidos con acusaciones que no son en absoluto claras, su proceso ni siquiera ha iniciado formalmente, y no se lo puede considerar ya culpable. Tampoco a algunos de sus colaboradores como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, en una vinculación en la que pareciera que la fiscalía de Nueva York quiere fortalecer el caso incluyendo nuevos personajes para darle cuerpo a una acusación que se ve endeble. Vamos más allá: veremos cómo este proceso terminará, inevitablemente, de la mano con la elección estadounidense. Si Trump no es reelegido y si llega Joe Biden a la Casa Blanca, no sé si habrá sustento para este tipo de procesos.
Decimos hace tres semanas y reiteramos ahora, que es lamentable que el gobierno federal decida hacer una limpia de todos los funcionarios que trabajaron en esas áreas con cierta cercanía con esos funcionarios, primero porque no se respeta siquiera la presunción de inocencia; segundo, porque no existe condena alguna respecto a los acusados; tercero, porque en México no existen (ni existían) averiguaciones previas sobre los despedidos; y cuarto, porque haciendo tabla rasa, se está acabando con toda una generación de funcionarios de seguridad e inteligencia que se formaron durante años, décadas, y que sería injusto y poco serio generalizar calificándolos a todos como corruptos.
Hoy hay más muertos que durante el gobierno de Calderón o de Peña Nieto, puede haber una estrategia peor o mejor de seguridad, pero eso no convierte a México en un narcoestado, ni antes ni ahora. Tampoco lo define así el enjuiciaminto de un ex funcionario. Las instituciones federales en México no son parte del narcotráfico, no lo es, ni lo era, el Presidente ni sus principales funcionarios, ni el congreso ni el poder judicial. Ni los mandos militares. No lo fueron en los pasados sexenios y no lo son ahora. No tenemos, como en Venezuela, al narcotráfico dirigido desde el palacio de Miraflores o desde la cúpula militar.
Y regresando al tema de la elección de noviembre en Estados Unidos, decir que México fue un narcoestado puede ser publicitariamente útil, pero las palabras son muy poderosas, sobre todo en la política y la diplomacia hay que ser cuidadosos en su utilización. Si el México del pasado inmediato fue un narcoestado también podría serlo el del presente. En una popular serie de Netflix sobre los criminales más buscados, se presenta un largo reportaje sobre el Mayo Zambada, con un contenido evidentemente apoyado por las agencias estadounidenses. Y allí vemos a detacados agentes de la DEA sosteniendo que existe un acuerdo entre el actual gobierno y el cártel de El Mayo y diciendo que no permitirán que eso siga sucediendo. No creo que sea necesariamente así, pero mirando hacia el futuro, insitimos, hay que tener cuidado con las palabras. No vaya a ser que las frases publicitarias de hoy se conviertan en instrumentos intervencionistas del futuro.